La determinación del Tribunal de Bogotá, en el sentido de ordenar al Gobierno que acate las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace algo más de un mes –y desconocidas por la administración Santos–, harían inminente el regreso de Gustavo Petro al Palacio Liévano.
La noticia fue conocida pocas horas después de que María Mercedes Maldonado asumiera como alcaldesa encargada de la capital de la República.
Sin entrar a considerar los méritos de la decisión, es evidente que la ciudad comienza un eslabón más, en la larga cadena de incertidumbre en que está sumida desde hace cierto tiempo.
Y es que no solo el pronunciamiento puede ser objeto de revisión, sino que hay varios procesos en marcha, aparte de una revocatoria que tendría que ser convocada de nuevo en cuestión de semanas.
Si bien no hay más certezas que las que se tienen hasta ahora, es factible que comience otro ciclo de restituciones y suspensiones que en nada beneficia la suerte de la ciudad. Aunque siempre se podrá argumentar que el gabinete distrital continúa sus labores, prácticamente sin modificaciones, la verdad es que ningún barco mantiene el rumbo más eficiente cuando su capitán es relevado una y otra vez, dependiendo de lo que diga tal o cual Corte.
Como si lo anterior fuera poco, la incertidumbre en materia política se suma a las dudas que creó lo dicho por el Consejo de Estado, en el sentido de suspender el Plan de Ordenamiento Territorial expedido mediante un decreto firmado por la Alcaldía.
Esta circunstancia tendrá efectos sobre la economía capitalina que no le convienen a nadie.
Debido a ello, hay que hacer votos para que si Petro regresa, trate de tomar el timón pronto. Algo que no se hace desde el balcón, sino desde el despacho.
