¿Qué tienen en común el fracaso de la entrega del Caguán a la guerrilla al final del Gobierno Pastrana y la oleada de escándalos de corrupción ('chuzaDAS', 'falsos positivos', 'Yidispolítica', etc.) que están sacudiendo el final del Gobierno de Uribe?
Que ambos son hechos que han cambiado radicalmente la agenda y el panorama político del país, hasta el punto de voltear los resultados electorales y derrotar a los candidatos que se daban por seguros ganadores de las presidenciales.
En el 2002, Serpa era de lejos el favorito de las encuestas; su programa de gobierno de lucha contra la pobreza, la desigualdad y el desempleo era una acertada respuesta a los que se percibían como los problemas más sentidos por la población de un país que apenas salía de la recesión. Noemí y Lucho tenían una lectura similar de las preocupaciones del electorado y plantearon programas de campaña en la misma dirección.
Pero entró en la campaña otro candidato que marcaba menos del 5 por ciento en las encuestas, que no hablaba de pobreza ni desempleo sino sólo de seguridad, y que prometió acabar con la guerrilla; vino el fracaso del Caguán, Uribe se disparó en las encuestas y ganó en primera vuelta. A los electores les importó más la seguridad que los problemas sociales.
En el 2010, Santos se ubicó de puntero en las encuestas después de la caída del referendo; Uribe lo ungió como su sucesor y se dedicó a hacerle campaña y a atacar a sus competidores de manera descarada e ilegal. El tema de la campaña parecía ser la Seguridad Democrática, y mientras los candidatos uribistas se peleaban por aparecer como los más firmes continuadores de esa política, los demás tenían que mostrar que por lo menos no la iban a echar para atrás.
De pronto apareció un candidato que no habla de seguridad, sino de Legalidad Democrática; que condena los asesinatos de los 'falsos positivos' con su mantra, "toda vida es sagrada"; que frente a las 'chuzaDAS' y la persecución a la justicia y a la oposición repite que "no todo vale"; que quiere derrotar a la guerrilla, pero no de cualquier manera porque recuerda que "el fin no justifica los medios"; que rechaza la corrupción y el enriquecimiento ilícito de funcionarios y amigos del Gobierno repitiendo hasta el cansancio que "los recursos públicos son sagrados"; que cuando se conoció la compra de votos a Yidis y Teodolindo, para permitir la reelección de Uribe, se atrevió a pedir la renuncia del Presidente.
Con este discurso, y los hechos que lo respaldan, Mockus atrajo la atención de los colombianos, se disparó en las encuestas y está a punto de derrotar a Santos. No es que a los electores les importe más la legalidad que la seguridad, sino que saben que la única forma de garantizar en el largo plazo la seguridad es con el imperio de la ley y no sólo con la fuerza. Además, están hastiados con el aumento de la corrupción y la politiquería, que Uribe había prometido reducir, y le están cobrando al sucesor designado por Uribe el incumplimiento de la promesa presidencial. La corrupción es el Caguán de este Gobierno.
Lo que Mockus debe recordar si llega a la Presidencia es que no sólo de legalidad y ética vive el hombre, también necesita justicia. Hay que acabar con el hambre y la pobreza de millones de personas, hay que dar vivienda digna, educación de calidad y salud a todos los colombianos, hay que reducir la desigualdad. Por eso, y no sólo para asegurar el triunfo en la segunda vuelta, es indispensable una alianza del Partido Verde con las otras fuerzas progresistas del país: con el Partido Liberal y el Polo y con todos los que soñamos con hacer una Colombia más justa.