En medio del debate electoral resulta relevante identificar programas gubernamentales que con el concurso de la empresa privada han tenido impacto positivo en el país. En tal sentido, el programa Computadores para Educar es un caso de política social y económica que amerita ser resaltado, apoyado y asegurado para el futuro.
Creado en 1998 por la Ley 489, ha tenido especial impulso en los últimos años entregando más de 240.000 computadores a cerca de 18.000 sedes educativas, en el 98 por ciento de municipios del país. De estos equipos, 190.000 han sido donados por las empresas que han creído en el programa, que debido a su la labor de reciclaje y reacondicionamiento, se ha evitado el desperdicio de más de 4.000 toneladas de residuos electrónicos. Este es un claro ejemplo en que la iniciativa pública bien enfocada genera la respuesta generosa del empresariado.
El reto apenas comienza y no es tiempo para triunfalismos. En Colombia hay cerca de nueve millones de niños en el sistema de educación pública, en más de 40.000 sedes educativas oficiales. En pleno siglo XXI, en 16.000 de ellas no se ha visto nunca un computador. Por el bien del país hay que asegurar no sólo la subsistencia de este programa, sino su optimización.
Frente a las restricciones fiscales, es natural prever que esta iniciativa esté amenazada en su fondeo. Casos como este son comunes en países con las limitaciones que impone el subdesarrollo. Se conceptualizan, desarrollan y sostienen por la voluntad del gobernante de turno o por la existencia de funcionarios con ascendencia en las instancias en que se define el presupuesto estatal. Computadores para Educar no es la excepción. Depende de los aportes de entidades del Gobierno Central y año tras año debe buscar su financiación compitiendo frente proyectos que seguramente aceitan alguna maquinaria en el Congreso.
Es el momento de pensar en su futuro y en esquemas que aseguren su sostenibilidad. Eso es lo consecuente con la responsabilidad que tiene el Estado frente a una niñez cuyo futuro depende de los recursos que se destinen para su formación. Sin embargo, resultaría irresponsable dar como única opción que con recursos públicos se garantice la financiación del programa.
Las restricciones fiscales son inmensas y crecientes, y aunque la reactivación industrial anunciada recientemente permite pensar en una tendencia positiva del recaudo de impuestos para los próximos años, la demanda de recursos para el desarrollo de infraestructura, ojalá, deberá ser la prioridad de los hacedores de política económica.
Para que el Computadores para Educar tenga un impacto de fondo en los siguientes cinco años deberá dotarse con 100.000 computadores por año a las instituciones educativas públicas. Su objetivo no debería limitarse en llegar a niveles de índices de países que dan alguna referencia. Colombia viene de una cobertura de 40 niños por computador y con el desarrollo de esta iniciativa se ha alcanzado 24, frente a Chile que está en 16 y continúa mejorando. Con estas magnitudes en mente, se requieren por lo menos 120.000 millones de pesos al año para fortalecer su gestión, que por lo demás, tiene alcances en capacitación de maestros, mantenimiento de equipos y manejo adecuado de residuos.
Finalmente, y como propuesta para las campañas presidenciales, se sugiere que se considere fortalecer y asegurar los recursos para esta iniciativa usando como fuente los de naturaleza parafiscal manejados por las Cajas de Compensación Familiar. Cada vez con mayor fuerza se rumora que vendrá un debate político de fondo sobre la eficiencia y eficacia con que estas entidades han cumplido con su función institucional.
Las cajas recaudaron en el 2009 cerca de 3 billones de pesos, por lo que destinar 120.000 millones para fondear a Computadores para Educar representaría tan sólo el 4 por ciento de sus ingresos. Es una propuesta simple, que de tener eco, permite el aseguramiento de una idea que sienta efectivamente las bases en la formación informática para la niñez más necesitada de Colombia.