Caperucita y el ‘lobby’

El surgimiento del Twitter, que permite la manifestación de individuos, así como los propios medios de comunicación, demuestran la necesidad de establecer reglas que canalicen estas opiniones, si ellas representan intereses de privados que intentan influir en la toma de decisiones.

Redacción Portafolio
Opinión
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Redacción Portafolio
mayo 05 de 2015
2015-05-05 12:55 a.m.

La reacción en días pasados frente a las revelaciones sobre los pagos recibidos por Tony Blair en su condición de lobista han hecho a varios rasgar vestiduras. Otros han reiterado que esto, al igual que el problema de la Corte Constitucional, se solucionaría si se eliminara el lobby de raíz.

Pero el lobby no es algo nuevo. Ante la pregunta de cómo y cuándo surge el lobby se debe acudir a la Carta Magna, documento que este año celebra su cumpleaños 800.

La Carta Magna es un documento escrito por Juan sin Tierra en Inglaterra en el año 1215, en el que se consagra el derecho del pueblo a expresar su opinión frente al primer ejercicio regulatorio que tiene lugar en la historia de la humanidad: la fijación de los impuestos.

Y si hace ocho siglos se reconoció la existencia del derecho de que los ciudadanos expresen lo que opinan al soberano, cabe preguntarse si la forma de aproximarse a esta comunicación entre los actores del mercado y sus reguladores -o quienes toman decisiones que los podrían afectar-, es la prohibición.

La respuesta es un no rotundo. La posibilidad de que los intereses privados sean conocidos por quienes detentan el poder, ya sea a nivel del Congreso, la Presidencia o incluso el poder jurisdiccional, existe en otros países. Se le reconoció inicialmente a personas individuales y desde hace bastante tiempo se le otorgó a las empresas.

De hecho, no hay nada de malo desde la perspectiva legal o la ética en que los privados expresen sus intereses. Por el contrario, es sano y mejor para la institucionalidad de un país conocerlos de frente que arbitrarlos por debajo de la mesa.

Como lo mencionaba en un pasado artículo, existen regulaciones en muchísimos países sobre la forma en que se puede ejercer el lobby. Incluso se ha reconocido que es posible intervenir ante las Cortes con escritos que pueden presentar aquellos que no son parte del litigio y que se les conoce como amicues curie.

En otros países, los poderes jurisdiccionales expiden su reglamento sobre cómo manejar la gestión que realizan las partes de un proceso e incluso se da la posibilidad de que otros terceros interesados en el litigio participen.

Acá viene lo importante: a estos terceros se les exige el cumplimiento de algunos requisitos previos, que no se le exigen al Gobierno, quien siempre está legitimado para exponer de manera transparente y abierta su opinión.

Abrir esta posibilidad de expresión a través de una regulación en Colombia es más necesario hoy que nunca.

El lobby no se limita a gestiones a puerta cerrada en oficinas públicas. El surgimiento de herramientas como Twitter, que permiten la manifestación de individuos y la creación de tendencias en las redes, así como las voces de los propios medios de comunicación, demuestran la necesidad de establecer reglas que canalicen estas opiniones dentro de los procesos, si ellas representan intereses de privados que intentan influir en la toma de decisiones.

Pensar que la total prohibición del lobby protege a la institucionalidad colombiana es ingenuo, pues al final lo que se obtendrá es el cierre de los caminos democráticos para que se canalicen intereses legítimos.

El peligro es que la prohibición no terminará con el lobby, al contrario, lo remitirá a la cancha de golf el fin de semana o al almuerzo en el club como las únicas instancias válidas donde poderosos e interesados pueden aproximarse.

Este cierre de caminos es bastante positivo para lo que se denomina "el establecimiento" es decir, para aquellas personas que por su posición en la sociedad tienen acceso a quienes regulan o toman decisiones con incalculable impacto económico. Sin embargo, es muy negativo en la construcción de una sociedad más transparente, abierta y democrática.

DELIMITAR ALCANCES

La verdadera resistencia a la regulación del lobby radica en que transparentarlo y delimitar sus alcances implica abrir espacios democráticos en una sociedad en la que hay grandes intereses por mantener el statu quo.

Si en Colombia existiera una legislación, Mr Blair se hubiera visto obligado a registrarse, si es que alguno de sus honorarios implicaba realizar cualquier gestión ante las autoridades colombianas. Fin del misterio. No estaríamos ahora discutiendo la forma en que se le remunera a este valioso asesor del proceso de paz o la validez de los informes que presenta.

Qué cercanos estamos a “la Patria Boba”. Cómo podemos perder el tiempo como país, tratando de deslegitimar una de las experiencias más cercanas históricamente en la construcción de la paz.

¿Vale la pena caer en la tentación de alimentar un escándalo con intereses políticos para debilitar el proceso de negociación con las Farc?

DISFRAZAR EL PROBLEMA 

Si el lobby es el lobo, con esa tendencia de tratar de buscar el culpable, Colombia es entonces la caperucita, pobre inocente preguntándole “qué boca tan grande tienes” ad portas de que se la coma. Una vez más, estaríamos “vendiendo el sofá”, es decir, adoptando una supuesta solución que solo disfraza el problema.

Ojalá que este episodio con Tony Blair le sirva a los medios de comunicación para poner las cosas en su real contexto. Porque ni Blair era el Gandhi que nos quisieron mostrar esos días, ni es el lobo que hoy nos quieren vender. Ni Gandhi, ni lobo, sino lobista. Era cosa de ‘googlear’ su currículum para saberlo.

Olga Lucía Lozano,
Consultora estrategia en comercio internacional
 

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