Carta abierta a los sectores ambiental y minero-energético

Acordemos la protección de páramos, con o sin delimitación, de manera que las industrias extractivas o agrícolas no amenacen las fábricas de agua más eficientes que tenemos y que nos darán más adaptabilidad y energía limpia.

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
noviembre 25 de 2014
2014-11-25 03:39 a.m.

John Kasaona, hijo de un cazador ilegal en Namibia, cuenta en TED 2010, que nació en medio del mercado ilegal del marfil, la violencia política de guerras, invasiones e independencias, y la peor sequía en 1992-1993 que haya sufrido el sur de África, y cómo construyeron una industria sustentada en la conservación de los recursos naturales. Quienes más conocían el territorio y los animales pasaron de depredadores a protectores de una de las fuentes más prósperas de desarrollo económico de Namibia, el ecoturismo. De 600 empleos en 1996 llegaron a la no despreciable suma de 77.000 en el 2008, representando más del 18 por ciento del empleo de ese país de algo más de 2 millones de habitantes.

Mientras tanto, aquí, en Colombia, cuando discutimos entre conservar ecosistemas y generar desarrollo, nos arrinconamos unos a otros en menos argumentos informados y más ataques personales. El camino maniqueo sobre lo ambiental y el desarrollo nos está dejando en un mundo de conflicto sin espacio coordinar objetivos comunes.

Hoy, el debate sano y riguroso corre riesgos. Nos estamos moviendo del mundo de la ‘política basada en evidencia’ a la ‘evidencia basada en política’, y nos volvemos más selectivos en la información científica que sirve para atacar al otro.

Además, está el horizonte de tiempo. La agenda de infraestructura o minero-energética del país podría pensar en plazos más largos, de 50 a 100 años, y no de 20 o 30. Para completar, los precios del petróleo con una menor demanda y mayor oferta mundial nos ponen en situaciones muy vulnerables e inciertas en el futuro, como para apostarle tanto a esa fuente de ingresos.

Es importante, entonces, que miremos con serenidad qué evidencia científica tenemos, por una parte, y cuál es la institucionalidad legal existente por la otra. La institucionalidad ambiental tiene un largo camino recorrido en el país, por vías legales y constitucionales, que no se puede ignorar. Este país fue pionero en 1974 expidiendo uno de los códigos de recursos naturales más completos que se pudiera construir, y promovió la participación ciudadana con los Consejos Verdes de aquella época. Fuimos ambiciosos al declarar parques nacionales, resguardos indígenas y más recientemente títulos colectivos a comunidades negras; todo con el objetivo común de generar conservación de la mano de la generación de bienestar social desde el territorio y la gente. El Sina, motivado por la Conferencia de Río 1992, construyó uno de los sistemas de gobernanza ambiental policéntrica más completos que se pueda uno imaginar.

Quienes ven en el ambientalismo, extremo o no, un impedimento al desarrollo deben hacer una pausa y reflexionar si el país debe botar por la borda todo este camino recorrido durante décadas y hoy ejemplo mundial. Es obvio que tenemos que mejorar su implementación, pero el marco jurídico está ahí. Más aún, parte del debate está en evaluar hasta dónde la institucionalidad actual -y más joven- de las industrias extractivas o de infraestructura debe armonizar los objetivos comunes del desarrollo con la institucionalidad ambiental más consolidada, en lugar de desplazarla.

Un ejemplo concreto para buscar agendas de desarrollo económico está en el agua. Tenemos una infraestructura natural envidiable en nuestros 34 complejos de páramo y 58 parques nacionales para enfrentarnos al cambio climático y a los retos de producir comida, y energía más limpia, como la hidroeléctrica. Con un manejo adecuado, desde los páramos hasta el Canal del Dique podríamos pensar en conseguir algo del transporte de carga por tonelada más barato del mundo. Mientras amenacemos los páramos y toleremos la deforestación, la sedimentación seguirá generando contratos de dragado que solo generan rentas privadas de corto plazo, poco empleo y un gasto enorme de combustible. Mientras no vigilemos las emisiones de la minería sobre fuentes superficiales y el subsuelo, solo veremos aumentos de la contaminación de los grandes ríos y un mayor contenido de metales pesados en la poca pesca que nos queda.

Con el hilo conductor del agua podremos enlazar el territorio y la gente. Podemos concebir una relación más integral entre suelo y subsuelo para enfrentarnos al conundrum legal de la jurisdicción nacional del subsuelo y la autonomía local de la superficie.

Un manejo hídrico con visión de país nos permite potenciar la capacidad de las cuencas del Cauca y Magdalena. Hagamos una planeación energética más integral y más ambiciosa, no por proyecto hidroeléctrico. Blindemos subcuencas para la protección de la producción pesquera y la regulación de inviernos y veranos, y dediquemos otras ya intervenidas para generar la energía eléctrica que nos saque de la dependencia de los fósiles y genere el riego para el sector agrícola. Para ello, acordemos la protección de páramos, con o sin delimitación, de manera que las industrias extractivas o agrícolas no amenacen las fábricas de agua más eficientes que tenemos y que nos darán más adaptabilidad y energía limpia -y por mucho más tiempo- ante las fluctuaciones del cambio climático, los precios del carbón, petróleo, u oro.

Es hora de que seamos más ambiciosos con nuestro desarrollo. Eso fue lo que pensó Namibia con más pobreza, más conflicto y menos recursos.

Juan Camilo Cárdenas
Profesor titular, Facultad de Economía, Universidad de los Andes

 


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