Competencia y confianza en el entorno de los negocios

Los empresarios encargados de la dirección y el control de sus organizaciones están llamados a definir, revisar e implementar la estrategia y las políticas necesarias para salvaguardar y proteger tanto a la empresa como a sus directivos, y contribuir con un entorno de negocios sostenible.

Redacción Portafolio
POR:
Redacción Portafolio
octubre 10 de 2013
2013-10-10 01:07 a.m.

Llama la atención la manera como se ha incrementado el desafío para las empresas ante la marcada tendencia a nivel mundial por parte de reguladores, organizaciones multilaterales y asociaciones de inversión, de exigir la responsabilidad de los directivos y las empresas que conducen por las decisiones y actuaciones emanadas de su dirección. Se trata de incentivar y exigir a los empresarios de hoy, compromisos y prácticas concretas en la prevención y detección de actos de corrupción, fraude y abusos corporativos.

La crisis de confianza corporativa desatada por la quiebra de importantes empresas, la intervención a la que se han tenido que someter prestigiosas instituciones financieras, las multas millonarias que se han aplicado a corporaciones multinacionales, han aumentado la necesidad de contar con reglas más estrictas para que tanto en compañías como en órganos regulatorios e instituciones financieras, se enfoquen esfuerzos conjuntos para mejorar las prácticas de gobierno corporativo y elevar los niveles de transparencia de la gestión empresarial.

En este contexto, vuelve a tomar protagonismo el combate a la corrupción con la mirada de prevención y detección por parte del sector empresarial.

Una breve mirada sobre la evolución del marco regulatorio a nivel internacional ofrece las luces necesarias para entender esta demanda.

La ley de Estados Unidos sobre prácticas corruptas en el extranjero (Foreign Corrupt Practices Act), conocida como Fcpa, prohíbe a las compañías estadounidenses y a sus subsidiarias, sin importar dónde operen, el propiciar pagos de soborno directa o indirectamente a funcionarios públicos en el extranjero, data de 1977.

Sin embargo, es en los últimos años que se han multiplicado las investigaciones y fallado casos con multas significativas. Esta ley extiende, incluso en materia de adquisiciones empresariales, la responsabilidad a la compañía adquirente por actos de soborno de la empresa que compra, cuando no se advierten –por falta de controles de prevención– las malas prácticas de la firma que se va a adquirir.

Con la expedición de la ley Sarbanes (Sarox) del 2001, se fortaleció mucho más el cumplimiento de la FCPA.

La Ley Sarox exige a las organizaciones cumplir con exactitud la gestión y asiento de los registros contables, lo cual implica que difícilmente pagos de soborno puedan registrarse sin alterar la veracidad de la información. El incumplimiento de estas leyes puede generar enormes sanciones a las empresas, multas, intervenciones, suspensión de actividades y hasta liquidaciones. Es decir, hoy, cualquier compañía de Estados Unidos con subsidiaria en Latinoamérica o viceversa debe examinar cuidadosamente si cuenta con las políticas y procedimientos necesarios para evitar incumplimientos frente a esta legislación.

En 1997, la firma de la Convención contra el soborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) amplía el foco de aplicación a nivel internacional. El soborno, en cualquiera de sus formas, es prohibido para la obtención de negocios.

Son varios los países latinoamericanos adheridos o en proceso de adherirse a esta Convención, entre ellos, recientemente, Perú y Colombia.

Brasil acaba de marcar un hito en esta materia. Precisamente, en agosto de este año, y en respuesta a una exigencia reiterada de la Ocde, el Congreso brasileño, en medio de un extendido malestar contra la corrupción, aprobó en tiempo récord una nueva ley anticorrupción empresarial que cubre tanto el soborno de funcionarios extranjeros por parte de compañías brasileñas como el de funcionarios locales por cualquier compañía.

Bajo esta nueva ley, sobornar a un funcionario público en Brasil podría ser un error muy caro para las empresas locales y extranjeras porque, por primera vez, se consagra la ‘responsabilidad objetiva’ de las empresas por los sobornos pagados por sus empleados. Las compañías que sean declaradas culpables de soborno enfrentarán multas de hasta un 20 por ciento de su ingreso bruto anual del año previo, con un tope de 60 millones de reales (aproximadamente 26 millones de dólares). También pueden ver sus operaciones suspendidas, activos confiscados e incluso se pueden enfrentar a posibles disoluciones. Otra novedad de esta ley es que la investigación y aplicación de las sanciones no pasa por la justicia penal, sino que plantea un procedimiento administrativo que le imprima celeridad y oportunidad a cada caso.

La ley de Reino Unido del año 2010 introdujo varias innovaciones muy importantes frente a lo que venía. De un lado, condena el soborno sin importar la intencionalidad, lo extiende tanto en las relaciones con el sector público como en las relaciones privado-privado (por ejemplo, los sobornos que se pagan en la industria farmacéutica o en la de equipos médicos en forma de viajes a congresos y gastos de representación, para asegurar la escogencia del producto o la línea de servicios), establece una responsabilidad clara por los actos de terceras partes cuando no se han aplicado controles preventivos y detectivos en las relaciones de negocio.

De cara a este panorama normativo, los empresarios encargados de la dirección y el control de sus organizaciones están llamados a definir, revisar e implementar la estrategia y las políticas necesarias para salvaguardar y proteger tanto a la empresa como a sus directivos, y contribuir con un entorno de negocios sostenible.

Es claro que un sistema institucional que favorece la democracia necesita un mercado transparente con empresas sólidas y reglas claras.

Alma Rocío Balcázar

Transparencia Internacional - Miembro Individual

Nuestros columnistas

día a día
Lunes
martes
Miércoles
jueves
viernes
sábado