Consejo Nacional del Agua: un paso adelante

La experiencia de otros países demuestra que la protección de un recurso como el agua, cada vez más escaso, merece la definición de normas obligatorias e instituciones fuertes que trabajen de la mano con organizaciones no gubernamentales, la academia y el sector privado.

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
julio 02 de 2015
2015-07-02 01:29 a.m.

Colombia no es el primer país de Latinoamérica que ha trastabillado en la creación de la institucionalidad necesaria para orientar la gestión integral del recurso hídrico. En México, Argentina y Chile, por mencionar algunos, se han creado entidades que cumplen las veces de autoridad nacional para la protección y recuperación del agua. La diferencia con estos países, que hoy cuentan con órganos de dirección de alto nivel para la gestión integral del recurso hídrico, es que estos fueron creados en el marco de la expedición de leyes nacionales de agua, mientras que en Colombia, estamos hasta ahora dando el paso adelante con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos por un nuevo país’, que en uno de sus artículos crea el Consejo Nacional del Agua.

Allí se estipula: “Este Consejo asumirá las funciones de coordinación y articulación intersectorial de las políticas, planes y programas para la administración sostenible del recurso hídrico”. Igualmente, en el parágrafo del mismo artículo, el Congreso delega en el Gobierno Nacional la reglamentación de objeto, funciones y herramientas de articulación y coordinación interinstitucional para ejecutar la política de administración sostenible del recurso hídrico.

Frente a las debilidades institucionales que se evidenciaban en el país en relación con la gestión integral del recurso hídrico, Acodal propuso desde hace más de cinco años, coincidiendo con la campaña presidencial 2010, la creación de una agencia nacional del agua. Es de aplaudir que por primera vez en el país, y con la aprobación del Plan de Desarrollo y la creación del Consejo Nacional del Agua, se reconozca la necesidad de coordinación intersectorial –horizontal, entre entidades nacionales y vertical, entre el nivel central y el regional– y, sobre todo, entre las políticas nacionales y las regionales, en cabeza de las Corporaciones Autónomas Regionales y autoridades ambientales de grandes centros urbanos.

Esto se propone resolver en el Consejo Nacional del Agua, en el cual, sin duda alguna, estarán sentados en un mismo órgano el Departamento Nacional de Planeación, los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Minas y Energía, Agricultura y Desarrollo Rural, Vivienda, Ciudad y Territorio y el de Salud y Protección Social; un gran avance.

Es de esperar que tan altos dignatarios reunidos en el Consejo, se pregunten cuál ha de ser su papel y cuál será su plan de acción para lograr que las intervenciones en materia hídrica sean coherentes y articuladas, tanto a nivel nacional como internacional, estas últimas relacionadas con la formulación de políticas de agua en el contexto de la Agenda de Desarrollo post 2015.

Actualmente, no se cuenta con instrumentos, presupuesto y competencias necesarias, pues están desconcentrados entre las Corporaciones Autónomas Regionales, las gobernaciones y, especialmente, en los municipios. Todo esto, se diría, son gajes de la descentralización y de la autonomía que la Constitución Política le otorgó a estas entidades. Frente a esta interpretación, hay que recordar que el recurso hídrico es un bien público del orden nacional y, por tanto, al reconocer la naturaleza de bien público nacional, tal como lo señalan sentencias de la Corte Constitucional, dicha autonomía es solo de carácter financiero, administrativo y presupuestal, lo cual significa abrir un espacio inmenso para el actuar del Consejo Nacional del Agua.

Este ente tiene también el reto de proponer instrumentos que permitan superar la dispersión de recursos de inversión para el ambiente, definir proyectos de impacto a cofinanciar por varias CAR, departamentos y municipios. Los funcionarios consejeros deberán proponer alternativas costo-efectivas, por cuanto la inversión financiada por las tasas que cobran las CAR por tramos de cuenca, por sobretasas, prediales municipales y por ingresos dispersos, explica, en buena parte, el bajo impacto de los proyectos adelantados. En este escenario, será fundamental que el Consejo concerte los planes de acción e inversiones, en los cuales se entienda que el recurso hídrico no tiene fronteras jurisdiccionales.

Los complejos retos del Consejo Nacional del Agua exigen la conformación de una fuerte secretaría técnica que, según la Ley del Plan de Desarrollo, quedará en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que, al igual que en otros países pasará, en el mediano plazo, a convertirse en una agencia nacional del agua, como lo ha propuesto Acodal.

La experiencia de otros países también demuestra que la protección de un recurso cada vez más escaso, merece la definición de normas obligatorias e instituciones fuertes que trabajen de la mano con organizaciones no gubernamentales, la academia, el sector privado, y con un nivel descentralizado, que en muchas ocasiones resulta afectado por la falta de autoridad para proteger aguas arriba la cuenca y el recurso que necesita para abastecer sus acueductos y garantizar su seguridad alimentaria, entre otros aspectos.

Mary Luz Mejía de Pumarejo

Presidenta ejecutiva de Acodal

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