Contrabando: es hora de ponerle un alto

El 56 por ciento de los ingresos tributarios de los departamentos corresponde a los gravámenes de cerveza, licores y cigarrillos, y de estos, la mitad por los dos últimos.

Redacción Portafolio
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agosto 30 de 2012
2012-08-30 01:14 a.m.

Según datos suministrados por la Federación Nacional de Departamentos (FND), las pérdidas que tienen estas entidades territoriales anualmente por efectos del contrabando y la adulteración de los productos que pagan impuestos al consumo (cigarrillo, bebidas alcohólicas y gasolina) se acercan al billón de pesos.

Una cifra nada despreciable, considerando, además, que la estructura de financiamiento de los departamentos se sostiene, en gran medida, con estos impuestos.

El 56 por ciento de los ingresos tributarios de los departamentos corresponde a los gravámenes de cerveza, licores y cigarrillos, y de estos, la mitad por los dos últimos.

Esta cifra de recursos no recaudados es aún mayor si se calculan las pérdidas de IVA e impuestos aduaneros que esas mismas prácticas ilegales permiten.

Estos datos ilustran que el problema de adulteración de licores nacionales, y el contrabando de cigarrillos y licores importados tienen efectos muy profundos.

Cada peso que se deja de pagar por estos impuestos significa menos obras sociales e inversión en las regiones, algunas de ellas con enormes necesidades.

En una coyuntura como la actual, de debate sobre el sistema de salud y sus fuentes de financiamiento, es imprescindible analizar este fenómeno, pues muchos de estos recursos que se dejan de percibir irían directamente al sistema de salud y ayudarían a mitigar en algo el problema.

Adicional a este tema de disminución de recursos para la salud, que generan estas prácticas ilegales, hay otros tres efectos indeseados.

El primero es que siguen siendo preocupantes los números de intoxicados con alcohol adulterado que, aunque cada día es menos letal, son generadores de delicados efectos en la salud de muchos ciudadanos.

Segundo, los cigarrillos de contrabando vienen a unos precios tan inferiores a los del mercado legal, que están más disponibles para el consumo.

Tercero, que estos cigarrillos contrabandeados no traen ninguna de las marcaciones, los pictogramas y las alertas que los legales sí traen, lo que origina el efecto contrario que estas normas pretenden, es decir, evitar el consumo.

El problema no es igual en todo el país, en cada departamento la situación es diferente. Hay regiones como Antioquia y la costa At lántica –según algunos estudios disponibles–, donde el contrabando es más alto que en el resto del país. Lo propio pasa en algunas zonas de frontera como Norte de Santander o Nariño.

Cada uno, en su dimensión, pero todos, en mayor o menor medida, se ven afectados por el contrabando.

Con esta situación descrita, se requiere una acción más decidida del Estado en su conjunto contra este flagelo. No obstante, lo que comentan los involucrados es que ha existido falta de coordinación en el tema. Los esfuerzos solitarios de algunas oficinas de rentas departamentales, las incautaciones de la Policía de Carreteras, los procesos de decomisos de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), y unos pocos procesos penales –que avanzan muy lentamente– obligaron a las entidades a empezar a abordar el problema de manera más coordinada.

Incluso, porque el tema ha empezado a involucrar situaciones de seguridad. En varias regiones, los negocios de contrabando han sido cooptados por Bacrim, y alrededor de ellos giran otras múltiples prácticas delictivas.

Además, el contrabando ya está catalogado como uno de los métodos usados para el lavado de activos y la financiación del terrorismo, como lo menciona en algunos documentos públicos la propia Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).

Al analizar que el contrabando de cigarrillos, licores extranjeros y gasolina; la adulteración de licores nacionales, y las evasiones en juegos de suerte y azar han venido en aumento en los últimos años, y afectan no solamente las rentas departamentales, sino que tiene implicaciones en temas de salud pública e, incluso, contribuyen a la inseguridad, se llega a la conclusión, lógica, que la respuesta no puede esperar.

La noticia es que, parece que ha llegado ese momento. Los nuevos gobernadores, con el liderazgo de la nueva dirección ejecutiva en la Federación de Departamentos, han dado los primeros pasos en este sentido.

Ellos, y contando con el apoyo decidido de la Dian y su Director, la Polfa y la propia Policía Nacional, que ya tiene un rediseño de su estrategia contra este delito, han conformado un equipo para enfrentarlo juntos.

Por supuesto, también se vincula a la Fiscalía General de la Nación para que, como lo afirma unos de los coordinadores de este programa: “… dejemos de perseguir el contrabando y empecemos a perseguir al contrabandista”.

Por ahora, es una buena señal que se mire el tema del contrabando, la adulteración y demás prácticas de comercio ilícito de estos productos que generan rentas territoriales con una visión más seria.

Nos toca esperar y hacer seguimiento al proceso de pasar de los anuncios a los resultados.

Felipe Muñoz
Director del Programa Anticontrabando Federacion Nacional de Departamentos.

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