El contribuyente, otra cara de la tributaria

Ha sido un dolor de cabeza para quienes declaramos.

Redacción Portafolio
Opinión
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Redacción Portafolio
abril 22 de 2013
2013-04-22 03:09 a.m.

Han pasado cinco meses desde la aprobación de la reforma tributaria, y muchos temas han sido objeto de debate.

No es nuestra intención cuestionar el propósito del Gobierno de tratar de disminuir las desigualdades del ordenamiento jurídico tributario y de incentivar el empleo, pero, desafortunadamente, algunos hechos parecen demostrar que estos propósitos se están perdiendo en su aplicación y entendimiento por parte de los contribuyentes.

Si tratamos de hacer un razonamiento objetivo de la reforma, vemos que por su complejidad técnica (su mala redacción colabora mucho) ha resultado un dolor de cabeza para quienes declaramos y pagamos impuestos, lo que aumenta en la medida en que llevamos mucho tiempo sin una debida reglamentación.

Para completar el panorama, la Dian ha emitido muy poca doctrina que aclare la multiplicidad de interpretaciones.

Es probable que el Gobierno aún no tenga claro que el problema está resultando de tal magnitud que su intención de publicar algunos proyectos de decretos reglamentarios (controvertidos y muy discutibles) parece insuficiente frente a las dudas.

El contribuyente necesita entender cómo aplicar la norma, porque así como tiene el deber de pagar sus impuestos, también tiene el derecho de saber cómo hacerlo, dentro de los principios elementales de legalidad y equidad.

La reforma genera más dudas que certezas, y podemos citar muchos ejemplos: la aplicación de la nueva retención en la fuente para empleados y, en general, el nuevo régimen tributario de las personas naturales, del que hasta ahora empiezan a caer en cuenta las personas naturales porque desde este mes rige el nuevo mecanismo, y eso que aún no se aplica el impuesto mínimo alternativo (Imán).

En el caso del impuesto a la equidad, cuyo recaudo anticipado sigue sin reglamentarse aunque se espera el decreto en mayo, no hemos podido determinar si el beneficio del no pago de aportes a seguridad social –y que fue lo que motivó– es financieramente relevante para los empresarios para la creación de empleo y justifica la misma creación del tributo, del cual esperamos decisiones de fondo por parte de la Corte Constitucional.

Podemos citar muchos casos más que necesitan reglamentación y aclaración urgente, como las reorganizaciones empresariales, el nuevo impuesto al consumo (a propósito del famoso contrato catering, por citar un caso), la nueva definición de contribuyente y sus implicaciones para los no residentes que son nacionales colombianos o para los residentes que son extranjeros; pero todo esto lleva a concluir que la técnica jurídico-tributaria no permite que el contribuyente pueda aplicar con claridad la normativa.

Difícilmente, y por más reformas estructurales que puedan venir, se podrá lograr una legislación acorde con la economía actual.

Si el Estado requiere reforzar su política fiscal, debe entender que necesita volverse eficiente, lo cual implica que debe exigir y recaudar con el menor costo posible y, para lograrlo, tiene que establecer reglas claras para los contribuyentes, algo que no fue tenido en cuenta para esta reforma, y que se traduce en inseguridad jurídica.

Ojalá el Gobierno recuerde que las reformas tributarias deberían generar aliados estratégicos y no damnificados.

Juan Paulo Rodríguez González

Especial para EL TIEMPO (*)

Abogado tributarista / consultor y profesor universitario

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