Coyuntura/ ¡Los campesinos tienen razón!

Redacción Portafolio
POR:
Redacción Portafolio
septiembre 11 de 2013
2013-09-11 11:11 p.m.

En estos días, todo el mundo está hablando del campo y de los efectos de la protesta campesina. La sociedad colombiana y su Gobierno reflexionan de manera vertiginosa, con el fin de identificar los determinantes de dicho descontento.

Algunas voces hablan de lo poco competitivos que resultan los productos de nuestros campos, a la luz de la entrada en vigencia de los TLC; otros afirman que se trata de un problema de insumos agrícolas, de distribución de los medios de producción y de concentración de la tierra; hay quienes dicen que el problema está asociado al proceso de negociación de paz en la Habana.

Qué sentido tiene rompernos la cabeza tratando de identificar las causas de un problema sobre-diagnosticado, cuando la realidad del caso es que los campesinos colombianos protestan, sencillamente porque todos y cada uno de ellos están completamente ¡frega-dos!.

Dejémonos de cuentos. El problema del agro en Colombia no tiene sus raíces en los TLC, el escaso desarrollo de la infraestructura vial o la reducida presencia del Estado en las zonas rurales; la precaria situación que hoy día enfrentan nuestros campesinos se debe a que, durante los últimos años, la sociedad colombiana ha decidido darle la espalda a la producción de bienes agrícolas, para concentrarse en producción minera, de manufactura y servicios.

Como si fuera poco, todas las medidas propuestas para mejorar la situación agraria han sido concebidas e implementadas por tecnócratas fundamentados en el imaginario urbano, para los cuales el campo se suscribe a las vaquitas que ven cuando salen los fines de semana a comer postre, a los cultivos que pueden apreciar de lejos cuando veranean en la casa de descanso de algún familiar o amigo y a la ruana que se ponen como acto de rebeldía ‘chic’ en momento dramáticos como el que actualmente vive el país.

La solución a un problema estructural tan grande no depende de que el Gobierno decida subsidiar sectores deprimidos, controlar los precios de los insumos agrícolas o restringir las cuotas de importación de leche; está fundamentada en la capacidad de la sociedad para priorizar de manera irrestricta el desarrollo agroindustrial del país.

En principio, es necesario que el Gobierno en pleno entienda que el del campo es un problema público que los gobiernos anteriores no han podido solucionar e inicie una total reingeniería del entramado institucional encargado de administrar el sector.

Acá no estamos hablando de adelantar un proceso al estilo de los que conocemos el interior de lo público, en el cual un consultor externo identifica los problemas, propone soluciones concretas y elabora un dictamen que el gobierno termina acogiendo a medias. Lo que se requiere en este caso es el compromiso irrestricto del Estado para modificar la normatividad, la estructura de ministerios, departamentos administrativos y entidades, de tal suerte que logren trabajar de manera articulada y eficaz para alcanzar un desarrollo aceptable del campo, en el marco de un periodo no superior a cinco años.

Los recursos necesarios para financiar una propuesta de esta magnitud son considerables y requieren de una ejecución centralizada, bajo la batuta de una gerencia con dedicación exclusiva, encargada de garantizar el éxito de este macroproyecto estratégico para el país.

Los fondos de regalías deberían estar financiando la solución definitiva y articulada a problemas estructurales evidentes como este. No tiene sentido que estos dineros se estén desperdigando por todo el territorio nacional de forma indiscriminada, en microproyectos asociados a la construcción de plazas de mercado o consultorías para definir el perfil turístico de un municipio, cuando el desarrollo del campo sigue en veremos.

Es necesario que nuestros gobernantes y nuestra sociedad en pleno entiendan que una erradicación estructural definitiva a los problemas de desarrollo campesino supone la solución conexa de buena parte de los problemas urbanos, y la reducción gradual de una porción importante de los determinantes que sustentan la ilegalidad en todo el territorio nacional. Recordemos lo difícil que ha sido para nuestras urbes solucionar de manera efectiva todos los inconvenientes generados por el creciente flujo de campesinos desesperados que día a día llegan a sus zonas marginales.

Para finalizar háganse la siguiente pregunta: ¿A qué campesino de clase media con ingresos suficientes para mantener de manera decorosa a su familia, apoyado por el respaldo eficaz del estado para vivir tranquilo y en paz; le interesaría protestar, desplazarse, apoyar a grupos ilegales o producir cultivos ilícitos?

Si la respuesta para todos es tan evidente, ¿por qué como sociedad no hemos tenido los pantalones para dar solución definitiva a esta problemática?

Armando Ardila Delgado, director de Proyectos de Teknidata Consultores

Nuestros columnistas

día a día
Lunes
martes
Miércoles
jueves
viernes
sábado