Durante los últimos 20 años, el campo colombiano no solo ha sido escenario de buena parte de las problemáticas del país -pobreza, conflicto, informalidad y desigualdad-, sino que las políticas y sus instrumentos se han enmarcado casi, exclusivamente, en los asuntos agropecuarios, dejando de lado la integralidad y multisectorialidad requerida para avanzar hacia un desarrollo rural sostenible y equitativo.
Los resultados, por supuesto, están a la vista. Hace unos días la Misión para la Transformación del Campo presentó una serie de hallazgos que evidencian la compleja situación de las zonas rurales.
Es una investigación amplia, con resultados estadísticos, que sin duda contribuirá a la adopción de acciones estatales que marquen la ruta del sector de aquí a 20 años.
El cierre de brechas entre las ciudades y el campo, convertirán a la agricultura en una fuente verdadera de riqueza en forma armónica con la sostenibilidad ambiental y eliminará los rezagos en infraestructura. Estos son desafíos que tenemos que asumir desde ya todos los colombianos.
Las cifras de la Misión son reveladoras y aunque son tantas, voy a invocar cinco para reflejar la magnitud del reto venidero:
Aumento de las brechas. La incidencia de la pobreza rural es 1,4 veces mayor que la urbana en ingresos, 3,2 en pobreza extrema y 2,5 en pobreza multidimensional.
Los pobladores de las zonas rurales tienen menos oportunidades de desarrollarse plenamente y como consecuencia existen muy pocas posibilidades de que generación tras generación mejoren su condición socioeconómica.
Las principales brechas se encuentran en las condiciones de habitabilidad donde el déficit habitacional es de 61,4 % en lo rural contra 23,7 % en lo urbano.
El 40,0 % de la población rural no tiene acceso a una fuente de agua mejorada, el 27 % no tiene un sistema adecuado de eliminación de excretas y el 18% tiene material inadecuado de pisos (ECV, 2013). Además, de un limitado acceso a servicios de educación y salud, así como la atención a primera infancia.
Reducción y envejecimiento de la población. Entre 1993 y 2005, la población en las cabeceras municipales creció a una tasa de 2,0 % anual, mientras que la rural decreció a razón de 0,09 %, como consecuencia de la caída en las tasas de fecundidad y un incremento en la migración hacia las ciudades por parte de la población más joven.
Hacia 2020, la población rural se caracterizará por una mayor participación de la población mayor dependiente y una menor participación de la población en edad de trabajar.
Ingresos significativamente inferiores. El 75% de la población ocupada del área rural tiene un ingreso mensual inferior al Salario Mínimo Legal Vigente. En el área urbana, esta proporción es de 39,4%. Pero además, la principal fuente de ingresos en las áreas rurales proviene de las actividades agropecuarias, las cuales son las peor remuneradas.
Bajo acceso a la propiedad. El 63,6 % de los hogares rurales no poseen ningún activo y solo el 3,9 % logra acumular algo como tierra, asistencia técnica, riego y crédito.
Limitada disponibilidad de infraestructura. En términos de riego, solo el 6% del total de tierras regables del país (17 millones de hectáreas) cuenta con algún tipo de adecuación.
En cuanto a disponibilidad de vías terciarias, es reconocido que el país tiene serias limitaciones en términos de su mantenimiento, no se cuenta con los recursos necesarios y su diseño no responde a un criterio de conectividad con vías secundarias y primarias.
Existe poca infraestructura de acopio, procesamiento y distribución; altos costos de intermediación; baja participación del Estado en compras públicas de productos del sector; y poca agregación de valor de los productos agropecuarios.
Adicionalmente, la productividad y competitividad sectorial se comprometen todavía más al considerar que en materia de investigación y desarrollo tecnológico, la inversión en este sector solo ha representado en promedio el 6% de la inversión pública total, en los últimos 20 años.
La asistencia técnica, por su parte, prácticamente ha desaparecido de las políticas públicas como instrumento para la transferencia de tecnología y el apoyo a la competitividad del campo.
De modo, que es fundamental pensar a profundidad el rol que Colombia quiere darle a lo rural y a lo agropecuario en el corto, mediano y largo plazo.
Simón Gaviria Muñoz
Director del Departamento Nacional de Planeación