Coyuntura/La lucha anticorrupción, un panorama cambiante

Redacción Portafolio
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marzo 14 de 2014
2014-03-14 04:33 a.m.

La esperada movilización a gran escala de América Latina contra la corrupción ha empezado a materializarse y se espera que continúe. Debido a las demandas populares de una clase media en crecimiento, así como a la presión de organismos internacionales de desarrollo, países como Brasil, Colombia y México han promulgado recientemente marcos anticorrupción que disponen sanciones estrictas a los individuos y a las empresas culpables de actos de soborno, fraude en la contratación pública y manipulación de licitaciones.

Brasil. Después de que millones de personas salieran a las calles en más de 100 ciudades brasileñas en junio y julio de 2013 para expresar su descontento con el enorme gasto público y la falta de transparencia institucional de su gobierno, los políticos brasileños se vieron incitados a aprobar un proyecto de ley contra la corrupción que llevaba más de tres años estancado en el Congreso.

Conocida como ‘Ley Anticorrupción Empresarial’. La norma establece la responsabilidad civil y administrativa directa de las empresas declaradas culpables de soborno tanto en el extranjero, como en el país, y entrará en vigor en enero de 2014. Incluye duras penas para las violaciones y le da al gobierno autoridad para, entre otros recursos, incautar los activos de una empresa o vetarla de futuros contratos.

Colombia. Es el país más poblado de la región Andina que ha realizado esfuerzos importantes por combatir la corrupción. La nueva ley anticorrupción que tipifica como delito el soborno de los funcionarios públicos nacionales y extranjeros, incluye penas de prisión de hasta 15 años e incluye el soborno comercial.

Una novedad importante es la puesta en marcha del primer “Mecanismo de Denuncias de Alto Nivel” del mundo por el presidente Juan Manuel Santos. Está diseñado para hacer frente a la corrupción en las adquisiciones públicas, emitir advertencias tempranas y permitir que se tomen las medidas correctivas necesarias y garantizar que se lleve a cabo exitosamente el proceso de licitación.

México. En México, la corrupción también se ha posicionado al frente de la opinión pública. Poco después de convertirse en Presidente Electo, Enrique Peña Nieto anunció un proyecto de ley para crear una Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción que tendría facultades para investigar los casos públicos y privados a nivel federal, estatal y municipal.

DESAFÍOS DE CUMPLIMENTO

Expertos en políticas han identificado una correlación significativa entre la corrupción y la fuerza de los mecanismos reguladores y de cumplimiento de una nación.

En consecuencia, países como Haití y Venezuela, que están en los puestos más bajos de los rankings internacionales de administración pública tienen los índices más elevados de corrupción. Por el contrario, Chile, que tiene los controles institucionales más fuertes según el informe anual Doing Business Report del Banco Mundial de 2013, mantiene la tasa más baja de América Latina con respecto al fraude, el soborno y la corrupción.

Como ha demostrado el éxito de Chile en la lucha contra la corrupción, el desafío para América Latina no tiene tanto que ver con la aprobación de políticas sino con su aplicación y cumplimiento.

Los países que implementaron reformas recientemente, tales como Brasil, Colombia y México, tendrán que mejorar sus capacidades internas para realizar un seguimiento eficaz de la trayectoria compleja del dinero.

Mientras tanto, el carácter sensible de los casos judiciales que involucran a funcionarios públicos necesitará considerable determinación y voluntad política.

MEJOR PREVENIR QUE CURAR

Dados los recientes desarrollos y el aumento del escrutinio de los negocios en América Latina por reguladores como el DOJ y la SEC de los Estados Unidos, las empresas deberán redoblar sus esfuerzos por mejorar sus programas de cumplimiento contra la corrupción. Cabe destacar las siguientes cuatro recomendaciones:

Evaluación adecuada de los riesgos: Los riesgos varían de un país a otro, entre diferentes sectores o en cada empresa en función del nivel de interacción con el gobierno.

La identificación de estos y la exposición relacionada es clave para la adaptación de procedimientos y controles eficaces.

Due diligence de terceros: Las empresas deberían investigar los detalles de las transacciones y a los terceros con los que se relacionan (por ejemplo, agentes, proveedores, socios de alianzas estratégicas) para identificar y evitar el riesgo de que ofrezcan sobornos en su nombre.

Due diligence sobre los objetivos de inversión local: Los inversores deberían emprender revisiones de due diligence a fondo de las políticas y los procedimientos de lucha contra la corrupción, la cultura y la posición de liderazgo hacia la integridad y la ética y la reputación de mercado del objetivo.

Capacitación: Muchas empresas latinoamericanas tienen poca o ninguna conciencia de los requisitos de las leyes contra el soborno.

Se debería diseñar e implementar un programa sólido de capacitación y documentar apropiadamente las actividades relacionadas. Además, la capacitación debería incluir empleados de terceros relevantes.

Aunque es demasiado pronto para predecir si los organismos gubernamentales implementarán agresivamente las leyes recientes contra la corrupción, las empresas deberían esperar un mayor número de procesamientos relacionados con la corrupción en América Latina en comparación con los observados en el pasado.

Las empresas que hacen bien su tarea estarán mejor preparadas para prevenir incidentes o para buscar un trato más indulgente de las autoridades y de otras partes interesadas en el caso de que un incidente ocurra. Y no olvide, pocos eventos afectan más la reputación de una empresa que un escándalo de corrupción.

Recaredo Romero, director América Latina de Kroll

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