Coyuntura / Los observatorios regionales

El Gobierno central no se ha enterado de que hay un cambio dramático en la conformación productiva y regional de la economía colombiana.

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
septiembre 06 de 2013
2013-09-06 01:43 a.m.

La economía global está sustentada en un mundo en el que cada vez las fronteras se necesitan menos. Son las regiones de un territorio y no los países, las que exportan, las que crean marcas, las que tienen identidad, las que buscan capital y tecnología.

Y gracias a internet los consumidores van por el mundo virtual comprando bienes y servicios. Los aranceles pierden relevancia.

Los ejemplos están a la vista. China ha montado un gobierno para que sus regiones trabajen en forma integrada con la economía global y esas regiones compitan entre sí.

En India, Japón y Singapur ocurre lo mismo. En Italia, Francia y Estados Unidos, los estados locales dirigen cada vez más su destino y el llamado Estado-Nación sigue con las políticas macro: la estabilidad de la moneda, finanzas centrales, manejo de la deuda pública y seguridad nacional, entre otros.

Son las regiones las que prosperan y que hacen a un Estado grande, contrario a la idea del pasado en la cual el centro era el omnipotente y la periferia era inferior y dependiente.

Desafortundamente, en Colombia vamos en contravía, pese a que la misma Constitución de 1991 establece que el país es un estado descentralizado con autonomía de sus entidades territoriales, lo cual implicaría el diseño de una nueva organización territorial del Estado.

“Salvo algunos funcionarios del alto gobierno, los colombianos en general ven con preocupación el fenómeno recentralizador que vive el país.

El estado central recorta la autonomía, decide sobre las transferencias, maneja las regalías, neutraliza la asimetría institucional que la Constitución autoriza para las entidades territoriales, pero no asume las responsabilidades que se desprenden de esas limitaciones”, acierta el jurista Augusto Trujillo Muñoz, en un documento reciente sobre el recorrido histórico de la descentralización.

Y la realidad es distinta

Sin que nadie se percatara en instancias como en los ministerios de Hacienda e Interior, o en organismos como Planeación Nacional, la economía colombiana ha sufrido una transformación que merece ser tenida en cuenta: ha cambiado en su composición productiva y en su conformación en términos de PIB.

El agro sigue siendo muy importante no solo como actividad económica sino como instrumento de ocupación territorial del Estado, pero su participación en el PIB pasó de 19% en los años 70 a solo 6% ahora.

En esos términos, es evidente que su tratamiento no puede ser igual. Lo mismo se advierte en la industria, que pasó de representar el 21 al 13%.

Y no solo por lo que muchos creen de la minería y el petróleo, sino por los servicios que representan ya la mitad del PIB colombiano.

Lo mismo pasa con la estructura productiva. Bogotá está estancado en 25% del PIB, al igual que Antioquia y Valle con menos del 15%. Cundinamarca y Atlántico pierden espacio, en tanto que Santander y Meta son ya la cuarta y quinta economías.

Y aquí el asunto empata con la idea de desarrollo y autonomía regionales, que se ha dejado de lado por la vía de un modelo, inspirado desde el centro, solo con fórmulas macro de tipo general, como si todas las regiones de nuestro país caminaran en el mismo sentido.

La vocación y las prioridades de Bogotá son distintas a las de Santander; las de Meta nada tienen que ver con Nariño, y las de Bolívar no se parecen a las del Tolima.

Buena parte del destape campesino, que primero fue despreciado por la tecnocracia y luego los sorprendió, tiene ahí su explicación: Creer, por ejemplo, que el TLC con Estados Unidos afecta a todas las regiones por igual es como pensar que Europa es un solo mercado y que exportar a Italia es lo mismo que vender a España, Francia o Alemania. Lo triste es que en Colombia lo creemos y actuamos así.

No es difícil descubrir lo que está pasando: por decisiones centralistas de los tecnócratas, se está produciendo a unos precios escandalosos frente al mundo, y eso explica la pérdida de competitividad del sector productivo que se expresa en una caída relativa o estancamiento de las exportaciones.

En el mercado nacional, algunos sectores urbanos tienen capacidad para defenderse a través de los precios, pero en otros como el campo no tiene esa posibilidad, porque no posee el poder para fijar el valor de sus productos, los canales de distribución y comercialización no son suyos, y el Estado no les brinda protección alguna.

Cada día, los precios de los mal llamados bienes públicos que son determinantes en los costos de producción superan de lejos los precios internacionales: pagamos una de las gasolinas más caras, al igual que la energía eléctrica y el agua potable.

Y en el campo es peor: es inaudito lo que pasa con los peajes en las carreteras, caso Girardot-Bogotá o Villavo-Bogotá, con tarifas de 4 dólares por cada 20 o 30 kms. en unas vías de quinta frente a las del exterior. Entre Washington y Baltimore (140 millas) hay un peaje y vale un dólar.

Cuando la tasa de inflación es de menos de 3% según el Dane, un pequeño empresario paga ocho veces más en intereses porque no tiene opción distinta que recurrir al crédito de consumo para lograr financiar su cosecha.

Al Gobierno Nacional se le ha visto perdido en esta coyuntura, y los ministros y altos funcionarios corren por todas partes apagando incendios, pero sin mucha coherencia, lo cual puede hacer más caro el remedio de la enfermedad. En el centro no se conoce ni siquiera se tiene la información sobre la realidad local.

¿Qué hacer? Las regiones colombianas tienen en sus cámaras de comercio un instrumento que están subutilizando.

Podrían ser un gran mecanismo para asesorar al gobierno, hacerle un seguimiento permanente a la realidad económica y social, y también hacer previsión, planeación y orientar el rumbo, pero no para hacer obras ni contratos. Y, además, tienen en sus juntas a representantes del ejecutivo nacional.

Son entes privados cuya creación es autorizada por el Gobierno, tienen credibilidad y su espíritu va más allá de la defensa gremial, y encarnan una visión institucional, cívica y de defensa del bienestar.

Esos observatorios regionales con carácter permanente cerrarían el paso a la proliferación improvisada de las llamadas mesas de diálogo que se montan en cada región, con cada problema que surge, y que dan para todo y también para nada.

Silverio Gómez Carmona

Economista y periodista.

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