Con ocasión del anuncio del Gobierno sobre la venta de su participación accionaria en Isagen, se ha generado un debate, que siempre se da cuando el gobierno anuncia la venta de algún activo de este tipo. Pero en esta oportunidad se ha caracterizado por un tinte político motivado por la proximidad de las elecciones.
En este caso, incluso personas que en el pasado estuvieron de acuerdo con dicha venta e hicieron todos los trámites requeridos, de la noche a la mañana, se oponen ferozmente, como si la ideología y la consistencia fueran algo mandado a recoger. Sería interesante que el Ministro de Hacienda nos contara bajo qué administración se contrataron los actuales asesores del gobierno.
Este debate no es nuevo y nunca terminará, pues está estrechamente ligado con la concepción propia del modelo económico del estado. En Colombia, esto se complica ya que tenemos una mayúscula propiedad accionaria, compuesta por aproximadamente 130 compañías, que van desde Ecopetrol hasta funerarias o empresas de vacunas veterinarias, con un valor de mercado que permitiría, si las vendiéramos, pagar completamente la deuda tanto interna como externa del país, con los ahorros en intereses que esto conlleva.
Ante la disyuntiva de qué hacer con estos activos, el gobierno contrató una prestigiosa consultora internacional, que analizó la situación de cada empresa y del portafolio como un todo e hizo una comparación con los modelos de administración de empresas de diferentes países, desde China hasta Estados Unidos.
CONCLUSIONES
Las discusiones durante dicho proceso fueron variadas en conclusiones pero, después de evidenciar que la mayoría de las empresas están destruyendo valor, se pueden destacar algunas:
Se debería crear una Holding empresarial que agrupara la administración de la propiedad accionaria de la nación. Esto permitiría que personal capacitado en este tipo de actividades, irrigara conocimiento y exigiera resultados acordes con las metas.
El auditor, en este caso la Contraloría, debe tener conocimientos empresariales para evaluar cada actividad con este racero y no partir de la base que cualquier pérdida es un detrimento patrimonial. En el ejercicio de los negocios no siempre se gana y perder dinero en la actividad empresarial, de buena fe, no puede ser un delito. Esto lo único que hace es atraer a los corruptos, que están dispuestos a asumir el riesgo.
Los recursos de capital y los esfuerzos deben concentrarse en aquellas empresas que operen donde hay ineficiencias de mercado (dónde el privado por preferencia o desconocimiento no presta un servicio eficiente) o donde el gobierno decida hacer política industrial para desarrollar determinadas actividades. En cualquier caso, las inversiones deben ser temporales, hasta que los privados sean capaces de competir en un mercado eficiente.
Deben existir gobiernos corporativos sólidos: I) dónde los resultados estén disponibles al escrutinio público (como si fueran empresas listadas en bolsa) y
II) los reguladores no estén en la administración (esto implicaría sacar a todos los ministros y a la mayoría de los funcionarios públicos de las juntas directivas). Se debe acabar la competencia desleal del estado, argumentando hoy la seguridad energética y mañana la seguridad nacional.
En conclusión, el país debería vender todas las empresas donde los privados pueden competir, incluyendo, claro está, Ecopetrol e Isagen. No podemos tener empresas por el orgullo de tenerlas. Las estamos manejando mal y cuando las manejamos bien se nos olvida que somos un país subdesarrollado que necesita inversión social. El país tiene problemas de hambre, educación e infraestructura y no podemos seguir con la plata debajo del colchón.
Luis Eduardo Arango, experto en banca de inversión.