La curva J del posconflicto

El presidente Santos tiene la oportunidad de impulsar este proceso si logra crear un frente de empresarios con capacidad de aportar a las soluciones y que ayude a diseñar mejores regiones.

Redacción Portafolio
Opinión
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Redacción Portafolio
diciembre 03 de 2014
2014-12-03 01:42 a.m.

Ian Bremmer escribió en 2006 un libro que discute las tensiones entre profundidad de un cambio político y la estabilidad de los resultados, apelando al ‘modelo de la curva J.’. Este plantea que, al iniciarse una reforma política que abre las estructuras de poder a nuevos procesos y actores, se transita por un ‘valle de la muerte’ plagado de riesgos de reversión o incluso de retroceso a estados de cosas de peor calidad que el status quo. Si el liderazgo del cambio es astuto y persistente, y el azar juega a favor, eventualmente se sale del valle y se lograr ascender a arreglos mejores que el de partida.

La astucia se refleja en la capacidad de configurar alianzas improbables de intereses que aumentan su poder político, social o económico, especialmente aquellos que requieren con urgencia el cambio para sobrevivir o proyectarse. La persistencia tiene sentido no tanto como cualidad estoica, sino como habilidad de enfocarse y acelerar la resolución de la transición. Esto significa no aceptar peleas que añadan riesgos al proceso, no dispersar los esfuerzos en diversos frentes, y eliminar los costos para que los intereses favorables se movilicen y llenen el espacio político y económico de manera rauda.

El modelo de la curva J explica en parte la persistencia de regímenes antipáticos e impopulares, especialmente en países ricos en recursos naturales. Cuando llega al poder un nuevo movimiento simplemente porque el anterior régimen se resbaló, la inexperiencia, la improvisación y la ausencia de norte pueden llevar a la reversión muy rápidamente. El pragmatismo lleva a las grandes compañías petroleras a no presionar a sus países de origen, y estos presionan a los organismos multilaterales con declaraciones nominales, porque es más predecible realizar negocios con un sátrapa que con una colección confusa e inestable de líderes contrapuestos y accidentales.

Los últimos años proveen ejemplos de la ausencia de cálculo y de realismo en los intentos por promover la democracia formal en entornos que no pasarían el primer filtro de viabilidad.

Afganistán e Iraq están muy frescos en la memoria, a pesar de que la virulencia de las acciones del Estado Islámico tienda a pasarlas a un segundo plano. Cuando una fuerza externa apoya tácticamente a una facción enemiga de un régimen impopular en un país fragmentado sólo porque cumple la tautología de ser enemiga del enemigo, aparecen consecuencias inesperadas -para los no informados-. Para mitigar estos riesgos es útil conocer la cultura, la historia y las tensiones entre los diferentes intereses activos y expectantes.

El posconflicto colombiano luce, a primera vista, como un arreglo difícil reducido al acuerdo entre dos bandos: las Farc y el resto de la sociedad. Sucede que ‘el resto de la sociedad’ es un grupo heterogéneo de ciudadanos con diferentes matices que se agrupan en tres dimensiones: (i) el interés en mantener el desorden en las regiones; (ii) los impactos generales y (iii) los impactos específicos e inmediatos.

Las Farc y el Centro Democrático representan, desde orillas opuestas, el mismo interés por la posesión de tierras y el control de grandes extensiones territoriales como base del poder real en las regiones. Por ello, el Centro Democrático se opone fieramente a la paz; si se piensa bien el asunto, no es tanto porque las Farc se integren a la vida política normal, sino porque si se recupera el monopolio de la violencia por parte del Estado, su capacidad de arbitrar entre el poder regional desordenado y el centro relativamente civilizado se esfuma.

James Robinson ya ha explicado en numerosas oportunidades esta singular característica de Colombia, país en donde las élites se benefician de la dualidad ‘país ordenado en el centro-país desordenado en la periferia’. La razón de fondo de la persistencia del conflicto colombiano por tantas décadas no es la habilidad de la guerrilla, ni la difícil topografía y clima, sino la ausencia de interés de la élite por resolver los problemas de convertirnos en una economía moderna, abierta, y con el territorio integrado.

Descontando la ideología, que tiende a moverse al centro o a la derecha en un país cada vez más urbano y con una proporción creciente de la clase media, los ciudadanos y empresarios prefieren la paz a la guerra, pero sólo hasta el punto en que le toquen el bolsillo o les toque aceptar a un reinsertado en su casa o como compañero de oficina, o empleado. La actual reforma tributaria no ayuda al respecto porque afecta a los empleados y a las firmas, pero no a los dueños del capital. En medio de la necesidad de convocar y unir a la mayoría en torno a un propósito central para el país, la propuesta de hacer una reforma tributaria ‘de verdad’ dentro de un año luce muy extraña y desvinculada de las metas e inversiones para el posconflicto, que se desconocen en composición, localización, tiempos, modelo de negocio y estructura gerencial.

El presidente Santos tiene la oportunidad de impulsar más este proceso si logra crear un frente de empresarios con capacidad de aportar a las soluciones y que ayude a diseñar, con creatividad y ahorros fiscales, soluciones generadoras de valor en cada región. La observación para tener en cuenta es que en política no existe el vacío. Hay que llenar los espacios con infraestructura, educación, salud y negocios, inversiones en las que vale la pena incurrir para diluir la capacidad de maniobra de los intereses que desean que se mantenga en desorden regional.

Juan Benavides
Analista
 

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