Desigualdad en A. Latina

La mejor situación económica, política y social de la región la ha vuelto atractiva lo cual ha llevado a que muchas compañías internacionales inviertan a un ritmo acelerado.

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
diciembre 20 de 2011
2011-12-20 03:30 a.m.

 

En un momento en que la economía mundial se ve sacudida por la incertidumbre y la volatilidad, América Latina –con Brasil como líder– continúa mostrando significativas oportunidades de inversión y crecimiento.

Ahora bien, la arbitrariedad e inseguridad en los sistemas jurídicos y la pérdida de independencia del poder judicial siguen siendo preocupantes para muchos inversionistas y para las compañías que operan en la región.

Ya sea que se trate de una expropiación por parte del gobierno de los activos de una compañía energética, un proceso de licitación pública, una disputa ambiental con alguna comunidad indígena, o la sospecha de corrupción de un funcionario del gobierno de alto rango, América Latina sigue generando dudas acerca de la transparencia, legalidad e imparcialidad al interior de sus países.

Durante muchas décadas, los inversionistas se mantuvieron al margen en América Latina por causa de temas como la corrupción, los conflictos políticos, la falta de competitividad, la pobreza y desigualdad, los secuestros, la inseguridad en general, el terrorismo, y la pérdida de confianza masiva. Pero parece que ya no es así.

Muchas compañías extranjeras, atraídas por el alto precio de los commodities y los mercados locales en expansión, están dirigiendo sus miradas a la región por primera vez, y les está gustando lo que ven. Las calificadoras internacionales de riesgo les han otorgado calificaciones de grado de inversión a varios países de la región, lo cual trajo un cambio en la percepción y un mayor interés por el riesgo latinoamericano.

Estas oportunidades han llevado a que muchas compañías internacionales inviertan a un ritmo acelerado, lo que también, en algunos casos, a menudo los deja expuestos a posibles disputas y acciones legales costosas.

Si bien América Latina es una oportunidad comercial, los inversionistas deben ser conscientes de las posibles dificultades.

Lo que muchos no logran entender por completo es que el imperio de la ley en algunos países latinoamericanos es bien distinto de los parámetros internacionales de justicia a los que se acostumbra en los mercados desarrollados. En América Latina, a menudo operan en condiciones desiguales y potencialmente peligrosas. La resolución de cualquier litigio en la región puede llevar muchos años, y podría tener impacto en la reputación mundial y estabilidad financiera de la compañía.

POCA TRANSPARENCIA

Ejemplo de ello son las acciones colectivas contra compañías multinacionales, financiadas por firmas de capital privado. Algunos abogados e inversionistas inescrupulosos buscan replicar éxitos obtenidos por los clásicos estudios jurídicos para “casos de resolución en la etapa conciliatoria” en Estados Unidos, quienes ganaron millonarias demandas en litigios sobre responsabilidad civil.

Con eso apuntan a grandes multinacionales con operaciones en países menos desarrollados y más inestables, iniciando acciones en nombre de ciudadanos locales bajo la acusación de haber sufrido daños ambientales o sociales causados supuestamente por los demandados décadas antes.

El fervor por estas acciones colectivas en Estados Unidos ha sido aquietado hasta cierto punto por condenas penales de abogados y demandantes profesionales que convirtieron maniobras fraudulentas en juicios contra grandes corporaciones.

No obstante, el concepto de llevar a cuestas una resolución de contingencia sobre las espaldas de supuestas víctimas de agravios públicos ha encontrado una nueva vida en América Latina. En los últimos años, se han creado empresas de capital privado cuya principal especialidad de inversión ha sido la financiación de tales acciones en la región.

En muchos casos, los fundadores de tales fondos han sido ex litigantes.

Las firmas operan mediante la compra de participaciones de inversión en demandas. Como en las acciones colectivas, las firmas de abogados gastan millones de dólares en honorarios de litigantes, expertos y otros costos del proceso. Los contratos que redactan varían, pero esencialmente mientras más dure el juicio, mayor es el dinero aportado, y mayor su ganancia en un fallo eventual.

Las compañías multinacionales enfrentan retos similares con proyectos gubernamentales que involucran contratos públicamente vinculantes. De manera regular en varios países de Latinoamérica, el actor que tenga las conexiones más cercanas con el proyecto gana. La adjudicación de un contrato no se basa frecuentemente en la oferta más baja, la calidad de los servicios ofrecidos o el precio.

La selección a menudo se realiza a puerta cerrada con poca o ninguna transparencia.

Esto ha llevado a proyectos de infraestructura sin terminar, conflictos por litigios e investigaciones por corrupción. Si un licitante extranjero frustrado demanda a un gobierno, las probabilidades de éxito o de al menos obtener una audiencia justa en un tribunal son en el mejor de los casos inciertas.

Tras años de litigios civiles un demandante extranjero puede terminar buscando recursos en un tribunal de arbitraje internacional reclamando que se le negó un trato justo e igualitario bajo un tratado bilateral.

Existen excepciones a esta descripción generalizada. A fin de cortar la corrupción de raíz, países como Brasil y Chile han promulgado leyes similares a la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos y la Ley Anti-sobornos de Gran Bretaña.

Otros países como Colombia y Perú, se están esforzando por luchar contra la corrupción en el sector público y por brindar un entorno sólido para los inversionistas. Pero estas batallas están solo comenzando y todavía falta para que sean la norma.

Andrés Otero

Director General de BI&I y director de la oficina de Miami de Kroll

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