El presidente Santos y el Ministerio de Agricultura definieron la vivienda rural como uno de los ejes centrales de la Política de Desarrollo Rural.
Así, entre el 1° de enero y el 20 de julio de este año, el Banco Agrario de Colombia entregó 9.079 soluciones de vivienda rural en 24 departamentos y 169 municipios, de las cuales 4.677 fueron viviendas nuevas y 4.402 mejoramientos de: pisos, techos y saneamiento básico, que contrario a lo que se pueda pensar, son una solución efectiva y económica para los más pobres del país, concentrados en su gran mayoría en el campo colombiano, ya que dignifican la vida para estos hogares.
Los cronogramas prevén que al término de 2012 se entregarán cerca de 32 mil soluciones de vivienda rural, resultado que difiere con la historia de siniestros, corrupción y bajos índices de efectividad que había enmarcado a la vivienda rural en el país.
Hay dos factores que le han permitido a esta administración cambiar de manera afortunada la cara a la vivienda rural: un factor de política pública, y en segunda instancia, el efectivo acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, para concertar con los alcaldes, la solución a más de cinco años de problemas de retrasos en los proyectos.
La política que lideró el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tuvo como inició una situación caótica que se recibía en agosto del 2010, cuando más de 900 proyectos adjudicados entre los años 2001 y 2009 se encontraban en una situación calamitosa: las aseguradoras mantenían cerradas las puertas a las pólizas para este sector; más de 20 mil hogares se encontraban sin recibir su solución de vivienda y se había arraigado un modelo de gestión descarado, en el cual, antes de finalizar una vivienda, se buscaba la apropiación privada de los recursos por parte de varios agentes, ante la cual se plantearon dos soluciones paralelas: cambiar de tajo la política y gestión de los recursos, y adicionalmente, emprender de manera inmediata una acción conjunta con la Procuraduría.
Frente a la política, se creó un nuevo modelo de gestión de recursos que compromete a cada uno de los actores a cumplir el papel que le corresponde: promotor, gestor, ejecutor.
Hoy, los alcaldes y el Banco Agrario de Colombia son los promotores de los proyectos, pero delegan en las Gerencias Integrales, entidades expertas en el tema de vivienda de interés social, la ejecución de los recursos.
La libertad de tomar buenas decisiones se encuentra en no entrometerse en la ejecución.
A la gestión de los recursos se le aunó un trabajo de más de 9 meses entre el Ministerio de Agricultura, DNP, Ministerio de Vivienda, Acción Social, Ministerio de Hacienda, Ministerio del Interior y el Banco Agrario de Colombia, cuyo resultado fue el Decreto 900 de mayo de este año, expedido por la cartera de Agricultura.
En este decreto, se concreta el marco de acción del nuevo modelo.
Por primera vez, en la política de vivienda se crea la gratuidad para el beneficiario, al eliminarse el aporte del 10 por ciento en mano de obra; se generaron acciones afirmativas en términos del subsidio para algunas poblaciones o regiones, y se crearon varias opciones de acceso al subsidio.
También se aumentó el subsidio regular en más de 2,5 millones de pesos tanto para vivienda nueva como para mejoramiento, así: en el caso de convocatorias ordinarias, el aporte por parte del Gobierno Nacional se incrementó a 9’067.200 pesos para mejoramiento y a 13’600.800 pesos para vivienda nueva, y para la población desplazada el valor aportado para vivienda nueva ahora es de 15’300.900 pesos y de 10’200.600 pesos para mejoramiento.
En síntesis, se eliminaron las barreras de entrada a los subsidios de Vivienda de Interés Social Rural, ofreciendo un programa más acorde a la realidad del campo.
De otra parte, a través de un plan de choque, la Procuraduría General de la Nación acompañó a la gerencia de vivienda del Banco Agrario de Colombia para motivar a los alcaldes a normalizar los proyectos rezagados.
El resultado se está viendo este año.
EL CAMPO ESTÁ DEJANDO DE SER LA CENICIENTA DE LA VIVIENDA
Las acciones articuladas en la ejecución por el Banco Agrario de Colombia, bajo el liderazgo del ministro Juan Camilo Restrepo Salazar, quien se comprometió con el nuevo marco jurídico; cuentan con el invaluable apoyo del Ministerio de Hacienda, que aumentó la asignación de los recursos de 50 mil millones de pesos en 2010 a 300 mil millones para 2013, lo que representa el 20 por ciento del total asignado a vivienda de interés social; a la concurrencia del Fondo de Adaptación con el cual se aúnan los esfuerzos presupuestales; a la Dirección de Desarrollo Rural del DNP, que apoya la política de fortalecimiento de la vivienda rural como elemento central de la política rural.
Todo esto permite que hoy se esté cambiando la historia de la vivienda rural y que deje de ser la cenicienta de la vivienda en el país.
Francisco Estupiñán Heredia
Presidente del Banco Agrario de Colombia.