El debate en torno al mercado de agroquímicos en Colombia y su incidencia en los costos de producción del sector agropecuario ha cerrado un nuevo capítulo. El Gobierno Nacional y sus pares de la región Andina dieron un golpe contundente a las estructuras oligopólicas de la industria en estos mercados y a la larga cadena de intermediación, con la expedición de la Decisión 804 de 2015 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que modifica la 436 y entró en vigencia el primero de mayo.
La decisión de la CAN, además de permitir a los productores agropecuarios importar de manera directa estos insumos, eliminó el requisito de solicitar la autorización del titular del registro para importar, es decir, en adelante una organización de productores que quiera adquirir sus agroquímicos en los mercados externos, para el uso de sus asociados y propios cultivos, no tendrá que pedir el permiso precisamente a las mismas compañías que venden el producto en Colombia.
Este modelo ya ha sido probado de manera exitosa por muchos años en Perú, mediante la figura denominada ‘AIU’ (‘Agricultor-Importador-Usuario’), lo que le permitió a los agricultores de ese país contar con un sistema de registro simplificado y de bajo costo, mejorando sustancialmente su competitividad, como lo muestran sus cifras de comercio. De acuerdo con un estudio realizado por la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap), la figura le ha traído grandes beneficios al sector agroexportador peruano, pues “los plaguicidas ‘genéricos’ que venden las empresas importadoras y los laboratorios extranjeros cuestan en promedio más del doble (2,7 veces) que en el mercado internacional, llegando en algunos casos, a costar hasta ocho veces más”.
En una asesoría realizada en Perú, bajo el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo, para determinar los alcances de la figura del AIU, con relación al ordenamiento jurídico comunitario, distintas entidades de Gobierno y otras privadas que apelaron a esta figura, defendieron sus bondades. Para la autoridad sanitaria Senasa, los productores logran “un ahorro de hasta el 600 por ciento en la adquisición de los productos que importan bajo esta modalidad”. La Asociación de Productores de Cítricos del Perú (Procitrus), presentó la lista de los ingredientes activos importados por esta asociación y el diferencial de precios, en algunos muy conocidos y utilizados en Colombia como el Clorpiryfos y Mancozeb, es del 327 y 330 por ciento, respectivamente. Por su parte, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex) manifestó en el informe final de la asesoría, que en el 10 por ciento de los ingredientes activos presentes en el mercado se generó un ahorro anual de 28 millones de dólares para los agricultores, precisamente con el ingreso de genéricos a través de la figura del AIU.
En Colombia, el tema no es nuevo y bajo la tutela del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, se hizo un primer intento por implementar la figura del importador directo, pero el proceso de reglamentación y posiciones como las de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), que quería imponerle a la figura mayores exigencias de las que tenía la propia industria, frustraron esta iniciativa.
El Gobierno Nacional trabaja en la reglamentación de la Decisión 804, que permitirá implementar la figura en Colombia y los interesados en el futuro del sector agropecuario. Esperemos que no se presenten las dificultades del pasado, en las que los intentos por eliminar barreras innecesarias de acceso a estos mercados son contrarrestados por quienes se oponen a esta figura, con el argumento de proteger la vida, la salud y el medioambiente, desconociendo que la verdadera salvaguarda de estos preceptos va más allá del proceso de registro y se logra efectivamente con las acciones de control posterior, mediante un buen sistema de seguimiento de los productores que decidan importar agroquímicos.
Con estas modificaciones regulatorias, sin lugar a dudas, el Gobierno Nacional dio un nuevo y gran paso en la camino por lograr que los productores agropecuarios accedan a estos productos a menores precios. La figura del importador usuario será también un referente importante de disciplina de mercado y un instrumento fundamental para la Unidad de Seguimiento de Precios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, permitiéndole a esa cartera establecer con claridad si son ciertas o no las afirmaciones, en el sentido de que Colombia es uno de los países con los agroquímicos más caros de la región. El turno ahora es para los productores, que por muchos años se han quejado de los altos precios de los agroquímicos; de su organización y capacidad de gestión gremial dependerá que, al igual que en el caso del Perú, subamos algunos escalones en materia de competitividad por la vía de mejores precios y uso racional de estos insumos, los cuales en productos como el plátano alcanzan a representar el 30 por ciento de los costos directos de producción, y en otros como papa, arroz, palma y cacao se ubican entre 20 y 25 por ciento.
Ojalá la coordinación interinstitucional sea la necesaria y oportuna para lograr que este nuevo esfuerzo, que se suma a las varias medidas adoptadas por el Gobierno del presidente Santos, como el desmonte definitivo en el 2013 de los aranceles a la importación de plaguicidas y fertilizantes y la salida al mercado de la tarjeta de crédito Agroinsumos del Banco Agrario de Colombia en el 2012, no se vea truncado y no termine con un saludo a la bandera.
Francisco Estupiñán Heredia
Presidente Bolsa Mercantil de Colombia