Dispersa actividad social en el campo: una oportunidad

Las acciones que se desarrollan para el sector agropecuario no obedecen a un plan ordenado.

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
marzo 24 de 2014
2014-03-24 11:40 p.m.

Difícil recordar una época con tanta y dispersa actividad social y política alrededor del tema agropecuario y rural. Lo que coincide con inestabilidad social e inconformismo.

La actividad se ha venido desarrollando alrededor de temas como: la presión de paros y protestas agrícolas; las conversaciones y pactos en La Habana, que hasta ahora solo obedece a especulaciones y posibles filtraciones; el inconformismo de los gremios agropecuarios; la preparación de políticas para el nuevo gobierno de Santos, si es reelegido; la presentación de proyectos de ley represados; el desarrollo de acciones de origen gubernamental; etc.

Proyecto de Ley de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial. Este proyecto intenta poner a tono el desarrollo rural con el urbano, pero se ha venido trancando, no se sabe si por las consultas con las comunidades o por las consultas en La Habana, pero aparentemente será presentado en la próxima legislatura.

En realidad, el significado de “desarrollo integral con enfoque territorial” va mucho más allá de un pomposo nombre. La visión integral significa que en el sector rural o en el territorio rural no existen exclusivamente las actividades agropecuarias, sino que allí confluyen diferentes actores y actividades, pero cuya población principalmente está inmersa, directa e indirectamente, en la producción agropecuaria.

Varias veces se ha insistido que este es un buen proyecto y por la orientación social no debe tener oposición, ni siquiera, en la mesa de La Habana.

El Pacto Agrario. Fue creado por el Decreto 1987 de 2013 y tiene como objetivo desarrollar un ejercicio de participación identificando consensos alrededor de las prioridades más importantes para el desarrollo rural. Existe ya un proceso en marcha que cuenta con una estrategia de convocatoria a las comunidades, que involucra los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, los Consejos Departamentales de Desarrollo Rural, los Consejos Regionales y el Consejo Nacional Agropecuario y Agroindustrial.

El presidente está comprometido personalmente con el pacto, pues está interesado en que sus resultados hagan parte de la política agropecuaria 2014-2018, y es esta también la oportunidad de un real proceso de gobernanza en el sector rural. Se entiende por gobernanza: “el conjunto de mecanismos, procesos e instituciones a través de los cuales los ciudadanos y los grupos sociales articulan sus intereses, ejercitan sus derechos, cumplen sus obligaciones y negocian sus diferencias”.

Para lograr una adecuada gobernanza, el Pacto Agrario debe concretarse posteriormente en un Pacto Político, al más alto nivel, con participación de todos.

Misión Lineamientos de Política para el Desarrollo Rural y Agropecuario. Es este un proceso, inaugurado recientemente, que debe culminar antes de agosto con formulación de una nueva política para el sector rural y el sector agropecuario.

La justificación para esta misión se sustenta: en la desintegración del sector rural, en las grandes brechas entre lo rural y lo urbano, en el desorden e informalidad en los territorios rurales, en el escaso acceso a los activos productivos, en la baja capacidad institucional y en los rezagos en materia de competitividad.

El objetivo de la misión es contar con un portafolio de políticas públicas e instrumentos de desarrollo rural y agropecuario.

Conpes de la Orinoquia. El Consejo nacional de política económica y social promulgó un documento que finalmente le fija una hoja de ruta y destina recursos para su cumplimiento.

Según el proyecto CONPES, entre las metas se encuentran: consolidar 1,5 millones de hectáreas de cultivos en el 2040, lo que es cerca de 30 por ciento de lo sembrado en el país en el 2012; pasar de las cerca de 700 mil cabezas actuales a 1,5 millones en el 2040 y generar, en ese mismo año 590 mil empleos, entre directos e indirectos.

Lo anterior implica una masiva migración de población. En el 2010 la población total de la altillanura era de cerca de 130.000 personas de las cuales el 59 por ciento estaban dedicadas a actividades agropecuarias o sea 76.700.

Lo anterior será factible siempre y cuando se logré resolver el problema de la propiedad. Según parece, el proyecto de ley con la solución también será presentado en la próxima legislatura.

Paros campesinos. Los costos de producción, los precios de los insumos, el contrabando, el precio de del producto final, los tratados de libre comercio, las angustias por créditos vencidos, entre otros asuntos, crearon una atmósfera de desespero entre productores que llevaron a paros campesinos en diferentes partes del país. La anterior situación tomó al gobierno por sorpresa y no tuvo otra alternativa que echar mano a la chequera, de manera más que irresponsable.

Entre la acciones que se han desarrollado hasta el momento se encuentran: adjudicación de subsidios directos a algunos cultivos, pero especialmente a los cafeteros; reducción de aranceles e intervención en los precios de los insumos agrícolas; salvaguardias para la importación de productos agrícola procedentes de mercosur; control a la importación de algunos productos; etc.

Hasta aquí son algunas de las respuestas del gobierno. Además, se han establecido varias mesas de trabajo sobre diferentes temas, que aún no se han cerrado.

Inconformismo empresarial. Esta situación está alimentada por lo mismo que afecta a los campesinos. Además, hay reclamos: por la ausencia de políticas para la producción agropecuaria, por el reciente tratado de libre comercio del Pacífico, por la lentitud con que se viene abordando el tratado con China. Por encima de lo anterior, existe una gran preocupación por lo que se ha venido negociando en La Habana.

Censo Nacional Agropecuario. El desarrollo agropecuario colombiano se ha venido orientando con base en información de dudosa confiabilidad debido a que hace algo más de 43 años no se hacía un censo que permita reflejar la realidad del sector rural y la producción agropecuaria.

El censo se viene desarrollando desde noviembre del 2013 y se aspira a concluir en julio del 2014. Participan 22 mil personas y tendrá un costo estimado de 200.000 millones de pesos. Serán censados 3,9 millones de predios, 182 territorios de comunidades afrocolombianos y 770 resguardos indígenas.

Como se puede ver, son muchas y variadas las acciones que se vienen desarrollando para el sector rural y agropecuario. Sin embargo, esto no obedece a un plan ordenado, pero si es una oportunidad.

Por lo tanto, bajo un liderazgo del gobierno, y permitiendo una participación calificada, se debe desarrollar un trabajo de integración de los resultados de las instancias de participación, como el Pacto Agrario y las mesas de discusión de los paros, con la Misión Rural. Estos a su vez, deben considerar los proyectos de ley de desarrollo rural y tierras, así como el Conpes de la Orinoquia.

Lo anterior entonces, sería el producto resultante de mecanismos de participación y estudios, en los cuales se han articulado intereses y negociado diferencias y así se ha cumplido con los principios de gobernanza para así finalmente sacar una política, que debe asegurarse con una ley, como la Ley Agrícola de Estados Unidos que se formula cada cuatro años, de esta forma la política es de Estado y no de gobierno.

Luis Arango Nieto

Exviceministro de Agricultura

 

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