Editorial / Enfrentando el invierno

A resultado interesante que la administración Santos se ha tomado su tiempo al diseñar la hoja de ru

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
diciembre 15 de 2010
2010-12-15 01:38 a.m.

Ayer en la tarde, y al cabo de varios días de espera, el Gobierno dio a conocer los tres primeros decretos expedidos al amparo del Estado de Emergencia, adoptado hace una semana, con el fin de responder a las necesidades creadas por la fuerte ola invernal que ha dejado incontables pérdidas en buena parte del territorio nacional.

 

Las medidas en cuestión tienen que ver con asuntos presupuestales y con el papel de las Corporaciones Autónomas Regionales, unas entidades encargadas -entre otras funciones- de las zonas ribereñas y cuyas profundas fallas estructurales han quedado en evidencia a raíz de lo sucedido.


Pero más allá de las determinaciones específicas, ha resultado interesante que la administración Santos se ha tomado su tiempo para diseñar la hoja de ruta. Si bien es cierto que la estrategia se ha tenido que desarrollar sobre la marcha, todo indica que, por contradictorio que parezca, el Ejecutivo no quiere dejar espacio para improvisaciones. De tal manera, el marco sigue siendo el de preocuparse inicialmente por lo urgente, dejando espacio para lo importante.


En términos prácticos, lo anterior quiere decir que buena parte de los esfuerzos inmediatos se están enfocando en atender las necesidades de los más de 1,8 millones de damnificados, muchos de los cuales lo han perdido todo. También se están llevando a cabo labores para contener el avance de las aguas o habilitar, así sea parcialmente, un buen número de las vías que tuvieron que ser cerradas por decenas de derrumbes o daños en el pavimento. Esa primera labor, que incluye la entrega de auxilios en dinero a miles de familias, debería costar cerca de un billón de pesos, cuyas fuentes en general se encuentran identificadas.


Sin embargo, la fase inicial debería ser el abrebocas de un proyecto mucho más ambicioso que comprende la reconstrucción de buena parte de la infraestructura perdida, obras de mitigación para prevenir nuevas tragedias en el futuro y la reubicación de miles de personas que hoy habitan en zonas de alto riesgo. El emprendimiento de dichas labores ocupará, sin duda, todo el cuatrienio y demandará inversiones calculadas en 10 billones de pesos, una prueba más de que la crisis actual puede ser una oportunidad para mejorar la calidad de vida de una porción importante de la población, al tiempo que genera nuevas oportunidades de crecimiento y empleo.


Todo eso suena muy bien, pero la gran inquietud de los expertos tiene que ver más con la capacidad de gestión estatal que con la consecución de los recursos para financiar el programa. Aunque la suma mencionada es enorme, opciones como la de vender una parte adicional de Ecopetrol hacen pensar que hay salidas en lo que hace a los fondos.


En cambio, no pasa lo mismo con los procedimientos. Un ejemplo de ello son los planes departamentales de agua que fueron impulsados decididamente por el gobierno de Álvaro Uribe, y que pretendían superar el atraso de diversas regiones tanto en acueductos como en alcantarillados. Al cabo de un par de años, la experiencia muestra unos cuantos casos de éxito, pero un buen número de fracasos, pues una vez más la politiquería y las prácticas corruptas han dado al traste con el desarrollo de una iniciativa que se veía bien en el papel, pero que ha mostrado fallas en su ejecución.


Algo similar puede ocurrir en esta oportunidad. Teniendo en cuenta que los damnificados se ubican en un tercio de los municipios de Colombia y que una buena parte de los alcaldes que no estén en esa lista dirán -con razón- que también hay riesgos en sus respectivos territorios, el reto de llevar a cabo un proceso organizado, transparente y efectivo es inmenso.

 

Nadie duda, para citar un caso, que lo hecho por el Forec después del sismo que destruyó a Armenia hace algo más de una década fue efectivo, pero una cosa es operar en una zona geográficamente pequeña y otra en buena parte de los departamentos, sin contar necesariamente con los mecanismos de supervisión adecuados.


Debido a los peligros que acechan un esfuerzo que es necesario, vale la pena que la Casa de Nariño se preocupe no sólo por el qué, sino también por el cómo. Y es que de muy poco serviría el sacrificio que hagan los colombianos por ayudarles a sus compatriotas en desgracia, si los instrumentos de ejecución no mejoran de una vez por todas.
 

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