Editorial / Goles de último minuto

La sorpresiva propues ta que busca prohibir la integración vertical en los servicios de salud que pr

Redacción Portafolio
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diciembre 10 de 2010
2010-12-10 12:23 a.m.

Una de las principales ‘papas calientes’ que heredó la administración Santos, de la que le antecedió, fue la del sector de la salud. Como es bien conocido, a comienzos del 2010 estalló una crisis que se venía incubando a lo largo de varios años y que amenaza todavía la supervivencia de un sistema que ha logrado aumentar sensiblemente su cobertura entre la población, pero que tiene serios problemas de sostenibilidad financiera, además de estar expuesto a la corrupción y la politiquería.


Por tal motivo, el Gobierno apoyó un proyecto de ley de iniciativa parlamentaria, que fue aprobado en ambas Cámaras y que está pendiente de que se concilien los textos respectivos. Sin ser perfecta, la propuesta es un paso en la dirección correcta, pues corrige una serie de problemas evidentes que en su momento serán objeto de otro análisis. Además, esta debe encajar con una ley estatutaria sobre la salud, que ha sido anunciada y cuyo articulado no se conoce aún, con lo cual se proyecta como uno de los platos fuertes de la próxima legislatura.


Sin embargo, mientras eso ocurre, se ha generado en el país un debate muy importante en torno al papel de las EPS en materia de la cobertura de salud y de la provisión de servicios a la población. Lamentablemente, la discusión se ha visto enturbiada por ingredientes políticos e intereses particulares de algunos sectores, que han intentado meter goles de última hora.


Bajo las premisas de la Ley 100 de 1993, se buscaba que el sistema pudiese brindar los servicios del Plan Obligatorio de Salud (POS) por parte de las EPS, en un país que adolecía de infraestructura apropiada para la prestación de los mismos, situación que aún no ha sido posible superar. Por esta razón, se dispuso que tales entes podían proveer los servicios de salud, bien directamente, o mediante la contratación de redes de atención.


Dentro de este marco, las EPS desarrollaron la prestación utilizando las redes existentes, pero también, ante la insuficiencia de oferta, crearon una infraestructura a lo largo y ancho del territorio nacional. Según cifras de Acemi, gremio que afilia a las EPS del régimen contributivo, esta red comprende más de 900 centros de atención ambulatoria, que cuentan con más de 9.000 consultorios médicos y odontológicos, en donde se prestan un sinnúmero de servicios a la población afiliada al régimen contributivo.


Ese esfuerzo ha permitido que en Colombia haya 16 camas por cada 10.000 habitantes, mientras que en Brasil hay 26, en Chile 23, en Argentina 41, en Canadá 34, en España 34, y en Estados Unidos 32. Aunque todavía falta cerrar la brecha, en el 2008, dicho indicador era de 12,3, lo que muestra un incremento del 25 por ciento, que aún no es suficiente para atender el aumento de la demanda, lo cual se acentuará, aún más, por la consolidación de la cobertura universal.


Una discusión similar se había dado con ocasión de la Ley 1122, que limitó la integración vertical al 30 por ciento de la contratación del gasto médico de las EPS con su propia red. En principio, se tenía entendido que este tema estaba superado, al punto que no se trató en los debates ocurridos en las Comisiones Séptimas Conjuntas de Cámara y Senado.

 

Sin embargo, el asunto surgió inesperadamente fruto de una proposición en la plenaria de la Cámara de Representantes que, con igual sorpresa, resultó aprobado en contra de las recomendaciones de los líderes de los partidos de la coalición de Gobierno. El texto en cuestión prohíbe totalmente la integración vertical, colocando en el limbo una gran parte de la red de prestación del servicio de salud que hoy usan millones de personas.
Corresponde ahora a la comisión de conciliación definir el impasse.

 

Como lo han manifestado conocedores del tema, esta restricción no existe en la mayoría de países del mundo y no hay estudios técnicos que justifiquen una medida de semejante envergadura. Por tal razón, es preciso despolitizar la discusión y pensar, ante todo, en el usuario. No se puede permitir que a los parlamentarios que se han destacado por una seria labor, se les amilane dando a entender que rechazar esta propuesta, que es antitécnica e inconveniente, se hace para favorecer los intereses de las EPS.

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