Falta todavía algo más de una semana y media para que llegue el día de la Navidad, pero ya el Ministerio de Hacienda recibió varios regalos. Así sucedió por lo menos en el Capitolio, en donde esta semana dicha cartera registró el paso favorable de una serie de iniciativas que hicieron tránsito a segunda vuelta en el Legislativo o que están cerca de convertirse en leyes de la República, dependiendo de los veredictos de las respectivas comisiones de conciliación.
Ese fue precisamente el caso del proyecto sobre ‘Normas de ajustes tributarios de control y para la competitividad’, que en la práctica equivale a una reforma de impuestos que le debe generar al fisco ingresos por cerca de 3 billones de pesos al año a partir del 2012, cuando entren a operar todos los cambios propuestos. Las modificaciones adoptadas son un paso hacia adelante en la meta de equilibrar las cuentas públicas, algo que es necesario y conveniente, pero no todos los contribuyentes se declaran satisfechos.
Tal es el caso de la industria minera y petrolera, que en las últimas semanas ha protestado por lo que considera una serie de medidas hostiles en contra de un sector que lidera en las cifras del crecimiento económico.
De acuerdo con voceros de la actividad, al menos siete determinaciones han generado inquietud entre las diferentes compañías que han invertido miles de millones de dólares en un ramo en cuyo desempeño hay grandes esperanzas, debido a lo cual es una de las cinco locomotoras de la prosperidad del gobierno de Juan Manuel Santos.
Los motivos de la discordia son diversos, pero todos tienen que ver con la repartición de la torta de ingresos. De tal manera, los voceros de las empresas privadas sostienen que, bajo las normas actuales, la porción que se lleva el Estado, tanto a nivel nacional como regional o municipal, equivale al 55 por ciento de la utilidad operativa, que es una tajada grande si se compara con la de otros países latinoamericanos.
El problema es que el tamaño de esa cuota podría aumentar al menos en 6 puntos porcentuales, si se incluyen las modificaciones previstas en la Ley o las establecidas recientemente.
Dentro de las disposiciones que han generado encono es necesario mencionar la reciente reforma arancelaria que disminuyó los impuestos que pagan las importaciones de bienes de capital, intermedios y de consumo en múltiples áreas, pero que las elevó entre un 5 y 15 por ciento en el caso de la actividad minera. En términos prácticos, eso implica que la maquinaria que antes estaba exenta ahora tenga que tributar, lo cual encarece los costos de explotación.
Tampoco han caído bien los decretos que subieron el precio de los combustibles líquidos en las zonas de frontera o los que hacen más oneroso el endeudamiento externo, incluyendo las operaciones de arrendamiento financiero.
A lo anterior, hay que agregarle el paquete salido del Congreso. Sin duda alguna, la eliminación de la ventaja tributaria, consistente en la posibilidad de deducir hasta el 30 por ciento del impuesto de renta por la inversión en activos fijos, fue mal recibida, si bien esa es una medida que afecta a todo el sector empresarial por igual. Tampoco cayó bien la aplicación de una tarifa del 16 por ciento de IVA al pago de bienes y servicios con destino a los sectores mineros y de hidrocarburos, lo cual es visto como discriminatorio.
A lo anterior hay que agregarle la eliminación de la posibilidad de deducir los pagos en efectivo que se hacen, algo usual en las explotaciones auríferas.
Sin embargo, las mayores alarmas se han encendido por cuenta de la autorización concedida a la Dian en el sentido de aplicar una retención en la fuente a las exportaciones del ramo. Ese ‘peaje’ podría ascender hasta el 20 por ciento del valor de lo despachado, y aunque se trata de un crédito tributario, puede alterar de manera radical el flujo de caja de las empresas.
Todo lo anterior obliga a que el Gobierno haga explícita su posición frente a la minería y el petróleo. La razón es que las señales recientes han generado inquietud y llevado a la paralización de decisiones de inversión, algo que puede salir muy costoso en el mediano plazo. De tal manera, una cosa es que exista una actitud clara y una política definida sobre la repartición de la torta, y otra que se crea que en Colombia el Ejecutivo quiere exprimir a la gallina de los huevos de oro.