La reducción de 26 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación hasta el 2018, según lo ajustado en el Plan Nacional de Desarrollo, es solo una parte de la expresión de la llegada del periodo de las ‘vacas flacas’ en la inversión pública. Frente a las disminuciones presupuestales, las estrategias para el manejo más eficiente de los recursos públicos se ponen al orden del día, igual que los incentivos requeridos para atraer mayor inversión privada, estimada en 34,2 por ciento, con respecto al total de la financiación del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 (PND) ‘Todos por un Nuevo País’.
Varios factores determinan la eficiencia y eficacia en el manejo y destino de estos recursos. La calidad y pertinencia de los proyectos, los tiempos de aprobación en los Organismos Colegiados de Administración y Decisión de los recursos de regalías (Ocad), los tiempos de ejecución y los sistemas de evaluación y control al destino de los recursos. Además, hay que señalar que en todas las etapas del proceso de ejecución de los proyectos aparece como constante garantizar la mayor transparencia en los procesos licitatorios y de contratación directa.
Respecto a la transparencia en la adjudicación de contratos con recursos manejados por las entidades territoriales, la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), realizó un análisis sobre la concurrencia de oferentes en los procesos de contratación. Entiende la SCI que la presentación de propuestas por un número reducido de oferentes es una mala señal de trasparencia en la contratación y por eso en su reciente congreso nacional lanzó una alerta con base en el estudio sobre el ‘Comportamiento y la participación de la ingeniería nacional en los procesos públicos de selección 2013 en licitación pública, concurso de méritos y selección abreviada’, que dio como resultado un promedio nacional de 1,11 propuestas presentadas por proceso contractual terminado.
Si bien el informe no desagrega resultados sobre la presentación de propuestas en procesos de contratación de proyectos de agua y saneamiento, es de esperar que estos también se ubiquen en el bajo promedio de propuestas presentadas por proceso contractual abierto.
Esta conclusión puede sustentarse en las quejas que ha recibido Acodal por parte de algunos interesados en participar en las convocatorias públicas, tales como:
* Cortos periodos para presentar ofertas.
* Restricciones incluidas en los pliegos de condiciones, como, por ejemplo, experiencia en tecnologías específicas que excluyen innovación, experiencia y estudios del equipo humano con calidades superiores a las necesarias para la ejecución del proyecto.
* Capacidad financiera muy por encima de la requerida para los proyectos.
Estos y otros factores que restringen la presentación de propuestas explicarían la poca concurrencia de oferentes a los procesos contractuales, lo que, sumado a la alta presencia de la contratación directa, ponen en riesgo lo que el país espera de la inversión con base en el logro de resultados de impacto y no por la capacidad de gastar o invertir con recursos públicos.
Esta situación es reconocida en el nuevo PND, donde se proponen compromisos en el cumplimiento de metas de impacto, a partir de medir los beneficios logrados en la calidad de vida y en la ampliación y mejoramiento de la infraestructura social y económica del país.
En este escenario, los aportes del estudio realizado por la SCI deben ser tenidos en cuenta, por cuanto, además de dar señales de alarma en temas de transparencia, también podrían estar indicando que hay mucho por hacer en asistencia técnica y capacitación a las entidades territoriales en materia de contratación. Se trata más bien de apoyar a municipios y departamentos en la estructuración de datos resultantes de estudios de ‘inteligencia de mercado’.
Esto significa que las administraciones territoriales podrían contar, con base en este tipo de estudios, con información previa al inicio de los procesos de contratación como: perfiles de contratistas interesados en ofrecer tipologías de bienes y servicios; precios de mercado; características tecnológicas y competitivas de productos ofrecidos, entre otros.
Lo anterior con el fin de preparar pliegos de condiciones con reglas de juego claras, objetivas, que permitan pluralidad de oferentes. En síntesis, ante las reducciones de los presupuestos de las entidades nacionales y territoriales, es necesario fortalecer la transparencia, eficiencia y eficacia de los procesos de contratación.
Acodal comparte la propuesta de la SCI para evitar exigencias innecesarias que confunden el lleno de requisitos y a su vez la subjetividad en el sistema de evaluación, entre los que se destacan: limitar la experiencia en el tiempo; calificar propuestas cualitativas como programas de trabajo, plan de calidad, plan de seguridad industrial, requisitos que solo deben exigirse a quien sea seleccionado.
Hoy, más que nunca, frente a la escasez de recursos, se deben dar herramientas para la eficacia contractual. Estudios como el desarrollado por la SCI deben generalizarse para pasar del diagnóstico a propuestas de eficiencia y eficacia en la contratación.
Maryluz Mejía de Pumarejo
Presidente ejecutiva de Acodal
