La extradición de Makled viola el derecho internacional

El Presidente colombiano, Juan Manuel Santos ha anunciado la extradición
de Walid Makled, un capo de la droga de Venezuela. La extradición de
Colombia a Venezuela se llevará a cabo en las próximas semanas, sentando
un precedente aterrador con consecuencias monumentales para Colombia,
Venezuela y, especialmente, para los derechos humanos y la lucha contra
la tortura.
Tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de Venezuela
quieren tener en sus manos a Makled, aunque por motivos completamente
diferentes. Hugo Chávez está desesperado por cerrarle la boca a Makled,
que tenía una operación de miles de millones de dólares de tráfico de
drogas con base en Venezuela y, según Makled, su nómina incluye a altos
funcionarios venezolanos, miembros de la familia Chávez, la cúpula
militar, y un ejército de burócratas de nivel medio.

La extradición a los EE.UU. significaría que Makled enfrentaría un juicio con repercusiones internacionales y probablemente revelaría a Hugo Chávez como el Manuel Noriega del nuevo milenio.
Chávez está tan ansioso de agarrarse a Makled que se ha transformado de
vecino impetuoso y beligerante, a ser un adulador del gobierno
colombiano tirando caramelos cuando puede.

En su desesperación, Chávez
ha hecho una oferta sin precedentes: pagar millones de dólares de la
deuda pendiente con Colombia, restablecer y crear nuevos oleoductos a
Colombia, y procesar la extradición de los guerrilleros colombianos
escondidos en Venezuela.
El impacto de este caso, pese a su importancia para la política
regional, no es tan importante como el precedente histórico que sentaría si los países comienzan a extraditar presos a Venezuela, donde la
tortura se utiliza a menudo en el trato de los reclusos.
El artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes , firmada por el
estado colombiano el 10 de abril de 1985, aprobada por el Congreso de
Colombia a través de la Ley N º 70 de 1986 y ratificada el 8 de
diciembre de 1987, establece que ningún Estado procederá a la expulsión,
devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya
razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a
tortura.
Y, de hecho, existen muy buenas razones para creer que Makled podría ser
torturado en Venezuela.
En el 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
informó sobre la investigación de la ONG, Red de Apoyo por la Justicia y
la Paz, que documentó que los oficiales de seguridad del Estado
venezolano participaron en 145 casos de tortura y otros tratos crueles,
inhumanos o degradantes entre 1999 y principios de 2003. Desde entonces,
el Estado venezolano impide el ingreso físico de la CIDH, y se presume
que las condiciones han empeorado dramáticamente. Vamos a repetir este
insólito detalle: el gobierno de Chávez le ha negado la entrada al
organismo multilateral más importante en el hemisferio en la defensa de
los derechos humanos.
En el 2004, el Defensor del Pueblo de Venezuela German Mundarain
reconoció públicamente que las fuerzas de seguridad del gobierno
Chavista habían torturado a los manifestantes detenidos durante las
protestas contra el gobierno.

Esta caso que causó conmoción internacional, hace eco de una situación denunciada en informes y quejas de organismos de derechos humanos y medios de prensa, que concluyen que la tortura es algo común en la Venezuela. Pero no hay nada como la experiencia personal para confirmar estas afirmaciones. Desde el 2004, la Human Rights Foundation (HRF) ha publicado varios informes que establezcan el uso de la tortura contra los opositores al gobierno de Chávez. Véase, por ejemplo, los casos de Fuerte Mara y Humberto Quintero.
Algunos podrían argumentar que Makled no debe ser extraditado a los
EE.UU. debido a que la tortura ha sido considerada legal allí, bajo
ciertas circunstancias. Pero comparar el estado de derecho en los EE.UU.
al estado de derecho en Venezuela sería absurdo. En EE.UU. el sistema
judicial es independiente, el sistema de apelaciones está firme en su
lugar, y el país tiene una prensa libre y activa. En Venezuela las
reglas del juego son diferentes, un juez puede ser encarcelado cuando al
presidente no le gusta su decisión, o se puede llegar a condenar a un
trabajador por liderar una huelga pacífica en una empresa estatal. Sin
mencionar la situación de los medios de comunicación que son clausurados
(como RCTV); o los periodistas que son encarcelados (como Gustavo
Azócar), asaltados (como Marta Colomina), o bien, perseguidos (por
ejemplo, Alberto Federico Ravell).
Algunos dirán que son incidentes aislados. Pero, imagine la situación
siguiente: el Presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos abre
la sesión judicial cantando "Uh! Ah! Obama no se va!" Vea este video
para apreciar el coro de focas que representa el poder judicial
venezolano.
Santos no debe extraditar a Makled a Venezuela. Al hacerlo, Colombia
estaría violando la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.
Además, mandar a este criminal a Venezuela confirmaría que los
dpetrodólares de Chávez pueden comprar complicidad, lealtad y silencio.
*Thor Halvorssen