La financiación del posconflicto: cuánto?, cuándo? y cómo?

Para financiar el solo posconflicto rural, el país deberá invertir –provenientes de recursos públicos– algo así como 8 a 10 billones de pesos por año. Lo que equivaldría a destinar anualmente, a lo largo de la próxima década, una suma parecida al producido anual del impuesto al patrimonio.

Redacción Portafolio
Opinión
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Redacción Portafolio
noviembre 10 de 2014
2014-11-10 12:22 p.m.

Ahora, cuando se han divulgado las versiones integrales de los tres puntos sobre los cuales se ha llegado a acuerdos en La Habana, surgen, con razón, las preguntas relacionadas con financiación del posconflicto: ¿cuánto valdrá?, ¿cuándo debe hacerse esa inversión? y ¿de qué manera habrá de implementarse?

¿Cuánto? Lo primero que hay que decir es que aún no está calculado con exactitud cuánto costará el posconflicto. Planeación Nacional ha anunciado que aprovechará el próximo plan de desarrollo para empezar a hacer unas primeras cuantificaciones. Lo que está muy bien.

Hay incertidumbres inmensas sobre su costo: por ejemplo, ¿quien responderá por los resarcimientos integrales a las víctimas? ¿Se pretenderá que este costo lo asuma en su totalidad el presupuesto nacional, como lo han dejado entrever las Farc?, en cuyo caso el solo resarcimiento de las víctimas del conflicto podría ascender a un punto del PIB.

O, como es más lógico, ¿son los victimarios (es decir, las Farc y los demás grupos agresores) los que deberían asumir los costos principales para atender las víctimas?, en cuyo caso el Estado solo entraría como un responsable subsidiario. Las diferencias de costos entre uno y otro enfoque son abismales.

Pero pensemos por el momento solo en los costos que tendrá el llamado posconflicto rural, es decir, la implementación de los doce planes de carácter rural que se enumeran taxativamente en el acuerdo de La Habana sobre el punto número uno de la agenda. El costo de estos planes tampoco está cuantificado hasta la fecha. Planeación Nacional debería empezar, como hemos anotado, a hacer una aproximación a estos costos en el próximo plan de desarrollo.

Dichos planes tienen como propósito que al cabo de un periodo de tiempo de ocho o diez años (que es lo que se conoce como periodo de posconflicto) las inversiones públicas, que de manera focalizada se efectúen en los ámbitos de la ruralidad, permitan que al término del periodo las condiciones de vida de quienes habitan en lo rural se acerquen a las que prevalecen en las zonas urbanas del país. Hoy, todos los indicadores muestran una brecha abismal en contra de lo rural.

Pero aunque estas inversiones no están cuantificadas al centavo, lo que sí se sabe de antemano es que estamos frente a sumas muy importantes. Se ha barajado entre expertos una cifra preliminar que fluctúa entre 80 y 100 billones de pesos para los próximos diez años, lapso que se juzga razonable para proyectar el periodo de tiempo del posconflicto.

Si esto es así, tendríamos que para financiar el solo posconflicto rural, el país deberá invertir –provenientes de recursos públicos– algo así como 8 a 10 billones de pesos por año. Lo que equivaldría a destinar anualmente, a lo largo de la próxima década, una suma parecida al producido anual del impuesto al patrimonio para este solo propósito.

Es una suma inmensa, pero no imposible. Nótese que son recursos incrementales del presupuesto nacional que habrá que financiar fundamentalmente con nuevas fuentes tributarias, pues el recurso a la deuda seguramente será muy restringido dadas las limitaciones que impone la ‘regla fiscal’, actualmente en vigor. Y además, porque la financiación del posconflicto deberá proyectarse de una manera fiscalmente viable para no comprometer de ninguna manera la sanidad macroeconómica del país en los años venideros.

Algo se podrá conseguir de donaciones o cooperación internacional, pero el grueso de los recursos tendrán que provenir de recursos tributarios adicionales. Los nuevos ingresos solicitados para la vigencia fiscal 2015 no sirven para este fin, pues apenas están previstos para llenar el déficit del que adolece la vigencia presupuestal del año entrante que, como se sabe, es de 12,5 billones de pesos.

¿Cuándo? Es evidente que la financiación del posconflicto será un proceso que se escalará a lo largo de la próxima década, una vez que la paz se firmé y se entreguen las armas por parte de la subversión. Por eso carece de sentido el debate que se ha esbozado últimamente por algunos, que se interrogan ¿dónde están los fondos para el posconflicto? Pretendiendo encontrarlos en caja desde ya, en esta misma vigencia fiscal.

Es claro que en los programas normales del presupuesto nacional pueden encontrarse ya algunas partidas que indirectamente pueden relacionarse con el posconflicto. Pero no es menos cierto que el grueso de las inversiones que requerirá el posconflicto serán incrementales y nuevas, distintas de las que hoy aparecen en los presupuestos de inversión de la Nación. Y que ellas irán apareciendo en los presupuestos que se ejecuten a partir del momento en que se firme la paz.

¿Cómo? No todo será cuestión de más recursos. Se necesitará también una reconstrucción radical de la institucionalidad pública necesaria para ejecutar estos flujos de recursos tan considerables. En ello viene trabajando la Misión Rural. Entidades como el Incoder, hay que reinventarlas, y el mismo Ministerio de Agricultura, para que estén en condiciones de ejecutar eficientemente los recursos tan considerables que requerirá el posconflicto.

Así como el Artículo 339 de la Constitución exige que los planes de desarrollo que cuatrienalmente debe preparar el Gobierno, tengan una parte conceptual y otra financiera, en donde a través de un verdadero presupuesto plurianual se indiquen las fuentes de recursos con que se contará para ejecutar las principales inversiones públicas del cuatrienio, también deberá hacerse con el plan de inversiones del posconflicto.

Debe elaborarse –a partir de los compromisos concretos que se han venido adquiriendo en La Habana– un verdadero ‘plan de desarrollo rural’, a ser ejecutado a lo largo de la próxima década, en donde, con cifras precisas y responsables de ejecución, se dibuje el mapa financiero del posconflicto.

No debe olvidarse que en el punto número uno de La Habana se adquirió un compromiso que no por lo escueto es menos rotundo. Textualmente, dice así: “El Gobierno se compromete a asegurar la financiación de todos los compromisos derivados del presente acuerdo”.

El costo financiero de atender con rigor el posconflicto es inmenso. Pero hay que irnos preparando con seriedad para asumirlo. Lo único más costoso sería que la paz se malogre y sigamos envueltos en una guerra sin fin.

Juan Camilo Restrepo
Exministro de Agricultura

 

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