Formación/ Negociar el invaluable territorio en disputa

Es una práctica común en políticos de ciertas corrientes ideológicas buscar un enemigo externo, en especial en referencia a un ataque al territorio, como factor de cohesión interno en época de crisis.

Redacción Portafolio
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agosto 24 de 2015
2015-08-24 02:17 a.m.

En la historia de los Estados, los conflictos por el territorio han sido una constante, sea por la perspectiva geopolítica y de ventaja bélica, o por ser una muestra de poderío económico como en el zenit de las monarquías europeas y de Oriente. Por esto, los conflictos territoriales son una constante amenaza para la convivencia pacífica en el mundo y siempre se destinan recursos económicos, que pudieran tener fines más nobles, al sostenimiento de ejércitos y controles fronterizos. Lo anterior encuentra una posible alternativa en los mecanismos de solución de conflicto pacíficos e, incluso, en segunda instancia, en el acceso a cortes internacionales. La facultada por excelencia es la Corte Internacional de Justicia, sin dejar de lado otras cortes regionales y específicas.

El 6 de julio, Nicolás Maduro estableció por acto legislativo la llamada Comisión Presidencial de Estado para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes, luego de que Colombia y Guyana protestaran oficialmente ante la promulgación del decreto 1787, que instauraba zonas de régimen especial de seguridad marítima en áreas disputadas con ambos países. Días más tarde, en una esperada respuesta política y mediática, los presidentes Santos y Maduro hicieron uso de su Twitter para informar que mediante decreto 1859, Venezuela modificaría las zonas disputadas, con mensajes sobre la paz negociada, como la más efectiva por lado y lado. El asunto pasó inadvertido para la sociedad colombiana pero si revivió antiguos temores bélicos con el vecino país.

En una investigación que se realiza en Inalde Business School, se han estudiado más de 70 conflictos territoriales; todos los resueltos por la Corte Internacional de Justicia, incluidos los demás en Latinoamérica. Este es un momento propicio para hacer algunas precisiones sobre la resolución de conflictos en materia territorial.

Mucho se ha hablado de recientes sentencias de la Corte Internacional de Justicia sobre diferencias territoriales, algunas de gran relevancia para nuestro país como la decisión sobre el territorio disputado con Nicaragua, pero ¿por qué la Corte Internacional es el organismo facultado para estos procesos?

Todos los Estados que reconocen y se deben a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justician (en principio aquellos miembros de Naciones Unidas) han rendido a esta, el poder necesario para la resolución de conflictos siempre que haya disputas en temas expresados en el artículo 36 de su estatuto. Los Estados pueden solicitar el inicio de un proceso ante la CIJ de manera conjunta o individualmente ante cualquier disputa de derecho internacional, bien sea por la violación de una obligación internacional (por ejemplo de algún tratado bilateral en materia migratoria), la interpretación de un tratado si una o más partes no están de acuerdo con lo realmente consignado en el o para pedirle ordenar el pago de indemnizaciones de alguna clase.

En el caso de América, como uno de los focos de disputas territoriales más fuertes en el mundo por nuestra reciente independencia, encontramos que de los 56 conflictos territoriales presentes desde 1822, la corte ha solucionado desde su fundación 7 y, curiosamente, solo 5 conflictos han sido resueltos por mecanismos de facto bélicos, siendo el continente estandarte de los Mecanismos Alternos de Resolución de Conflictos (MASC) en materia de conflictos territoriales, con 14 arbitrajes, 7 sesiones voluntarias, 3 mediaciones de terceros no vinculantes y 20 tratados negociados.

El cuestionamiento sobre el interés en los territorios en disputa se mantiene. Aún luego de que el presidente Chávez prácticamente abandonara el litigio con Guyana, era predecible el interés del presidente Maduro por retomar la disputa, en respuesta al descubrimiento apenas días antes de yacimientos petrolíferos en el mar en cuestión y en control guyanés. No se presentan tendencias claras en materia de religión, idioma, sistema político o incluso recursos naturales en las regiones de conflicto, lo cual queda más claro en nuestro continente, donde las condiciones son relativamente similares y homogéneas, aunque culturalmente tengamos algunas diferencias.

Lo anterior nos lleva a un planteamiento en el cual la naturaleza del territorio se puede entender prácticamente como un bien con valor poco menos que infinito, por cuanto la tasación de lo perdido no resulta directamente cuantificable en dinero. Esto tiene asidero si tenemos en cuenta que a un líder político muchas veces se le llega a perdonar cualquier cosa, menos poner en riesgo la integridad territorial del país. Es una práctica común en políticos de ciertas corrientes ideológicas buscar un enemigo externo, particularmente en referencia a un ataque al territorio como un factor de cohesión interno en época de crisis.

En temas territoriales, nunca debe dejarse escalar una disputa a un conflicto bélico. Incluso las instancias judiciales terminan significando un estancamiento al conflicto, en contraposición con lo que sucede a través de soluciones pacíficas y/o negociadas, donde la participación e influencia en el resultado del proceso es un factor para apaciguar las posiciones más radicales y permitir una satisfacción con el resultado como única forma real de terminar el conflicto entre ambas partes.

Charles Muller

Investigador de Inalde Business School

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