El campesino colombiano ha perpetuado un sentido lamento de fragilidad, al considerar que el precio de los agroinsumos tiende a sostener altos niveles que no se compensan con los ingresos que reciben por la venta de sus cosechas.
La dinámica asimétrica de costos e ingresos contribuye a restringir profundamente la productividad y competitividad de los productores.
Esta realidad es dramática si se tiene presente que el valor de los agroinsumos pesa, como mínimo, 30 por ciento de la totalidad de la estructura de costos de los productos tradicionales. En tal sentido, cultivos como la papa son ejemplo, cuya mitad de costos totales tiene su origen en los agroinsumos.
El panorama de altos costos se vislumbra en el mundo entero quizás por el dominio internacional de unas pocas compañías multinacionales y, también, por el vínculo de estos insumos al petróleo y su volátil precio.
Sin embargo, el fenómeno está profundamente acentuado en Colombia, donde, en promedio, a nivel de fabricante o importador, los precios del cloruro de potasio, el fosfato diamónico y la úrea, los tres principales fertilizantes utilizados en la agricultura colombiana, son 21,9 por ciento superiores a los precios internacionales.
Esta gran desviación ocurre solo a nivel del primer eslabón, permitiendo inferir las implicaciones en el precio final pagado por el agricultor, después de que los agroinsumos transiten por todos los múltiples eslabones que conforman la cadena de su comercialización.
Las dificultades al acceso crediticio que tiene la mayoría de los productores del sector agropecuario ha propiciado que el 91 por ciento de los agroinsumos que se comercializan en el país sea financiado en una larga e ineficiente cadena que conecta a los importadores o fabricantes con los campesinos.
En esta sucesión se adicionan progresivamente extracostos de intermediación y financiación, que finalmente paga casi en su totalidad el agricultor.
En esa dirección, en Colombia no hay una estructura de mercado que permita la formación de precios nacionales de los agroinsumos.
Ello, debido a la gran dispersión de demanda ocasionada por el precario y costoso esquema de comercialización vigente.
Una solución a este problema estructural de comercialización, dispersa y sobreintermediada, se puede plantear creando condiciones de mercado que permitan generar bloques concentradores de demanda.
Ese camino integrador podría lograrse a partir de líneas de crédito asociativo de fomento, en el que los campesinos tengan acceso a recursos con una destinación específica para comprar agroinsumos de forma directa a los grandes fabricantes e importadores, lo cual se haría en mercados institucionales y regulados.
Esta alternativa permitiría a los productores el acceso a recursos con costo sensato, al tiempo que les facilitaría la creación de pooles de demanda con el atractivo suficiente para que los grandes vendedores de agroinsumos concursen en mecanismos bursátiles de subastas de precios a la baja, con el propósito de que se les adjudiquen dichas compras.
Reveladores estimativos muestran que, acabando de forma bursátil con la cadena de intermediación, se puede disminuir, sistémicamente, en promedio, entre 15 y 29 por ciento, el precio que hoy paga el productor de manera individual.
Este enfoque permitiría la creación de precios nacionales por una equilibrada convergencia de las fuerzas de la oferta y la demanda.
Con esta perspectiva bursátil, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y Finagro tienen la posibilidad de resolver la crítica situación de los precios de los agroinsumos en el país.
Este gran fin se podría conseguir instrumentalizando y reglamentando, con ciertas precisiones adicionales, las resoluciones 10 del 2011 y la 11 del 2012 de la Comisión, en las cuales se regulan los Programas Especiales de Fomento y Desarrollo Agropecuario, y se enfatiza en incentivos al crédito para la asociatividad. Estas normas podrían incorporar fácilmente incentivos adicionales que permitan el acceso a recursos para la compra de agroinsumos en esquemas asociativos a través de mercados organizados y regulados.
En síntesis, la creación en Colombia de un mercado de agroinsumos centralizado y eficiente, con la capacidad de formar precios justos, es completamente viable de manera inmediata, si se aprovechan coordinadamente instrumentos, normativas e instituciones existentes.
En ese contexto, resulta fácil impulsar la cultura del crédito asociativo con destino a la compra masiva de agroinsumos, haciendo uso de mecanismos transaccionales competitivos, escenario en el cual el sector agropecuario registraría trascendentales ahorros que impactarian positivamente su desarrollo.
Iván Darío Arroyave Agudelo
Presidente Bolsa Mercantil de Colombia
