Las fumigaciones, ni en el papel

Colombia es el único país del mundo que fumiga como medida estatal para erradicar los cultivos con usos ilícitos. Lo hace de forma opaca y, en pleno siglo XXI, sigue pretendiendo su prolongación.

Redacción Portafolio
Opinión
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Redacción Portafolio
abril 01 de 2015
2015-04-01 03:11 a.m.

En sus BPND 2014-2018, el Gobierno dejó abierta la posibilidad de seguir fumigando: “El uso de aspersión aérea para combatir y contener la expansión de los cultivos ilícitos en territorios donde la erradicación manual voluntaria o forzosa no es viable por las condiciones de seguridad”. No solo preocupa quién y cómo se definirán las condiciones de inseguridad que ameritarán estas fumigaciones, sino se trata de la asignación de recursos a este propósito.

Fumigar cuesta y los costos para el erario no solo son financieros, sino sanitarios y ambientales y en condenas a la Nación por daños colaterales a cultivos ‘no ilícitos’, bosques y animales. El Gobierno justifica dichos daños, afirmando que es un sacrificio en aras de la “supremacía del interés general sobre el particular”. El interés general, en este caso, es que se respete asimismo la normatividad. Las fumigaciones comenzaron por decretos de Estado de Sitio, vueltos permanentes; se llevaron a cabo durante años sin permisos y, luego, amparadas por ‘licencias’ ambientales transitorios; y están básicamente cobijadas por decretos promovidos por un órgano asesor (sin función de crear procedimientos), el Consejo Nacional de Estupefacientes.

Colombia, en el litigio en la Corte Penal Internacional, que le puso Ecuador por fumigaciones en la frontera, prefirió pagar 15 millones de dólares del erario público que ver el desenlace. En su acuerdo con Ecuador, Colombia finalmente reveló la mezcla con la que fumiga y se comprometió a prevenir a Ecuador 10 días antes de fumigar; a diferencia de lo que sucede con las comunidades colombianas a las cuales ni se les consulta previamente ni se les previene para que protejan a sus familias, ya que, como lo revela un estudio reciente, contratado por la Organización Mundial de la Salud, el glifosato es probablemente cancerígeno.

No existen estudios científicos pre y pos aspersión sobre la salud y ambiente de los cientos de miles de corregimientos, veredas y municipios fumigados oficialmente desde junio de 1984 y las quejas se manifiestan, pero ya ni se radican, pues son, ilegítimamente, atendidas por la misma entidad que fumiga.

Otra consideración a tener en cuenta para calcular los costos es que fumigación y erradicación no son equivalentes y las hectáreas de coca (o las cifras oficiales que la estiman) son como un yo-yo, suben y bajan a voluntad. Las afirmaciones recientes de Estados Unidos sobre el incremento de los cultivos de coca en Colombia y el aumento de la producción de cocaína revelan tanto el interés en insistir en las fumigaciones como el hecho de que estas no logran su cometido. De una revisión de la información existente se deduce que esta medida con la que desde 1978 se propone erradicar, lo que ha logrado es impulsar la dispersión del cultivo de coca a todo el país.

Lo más grave es el vacío científico bajo el cual se ha perpetuado. En el 2014, ante los cuestionamientos del Relator Especial de las Naciones Unidas solicitando “proporcionar detalles de las medidas tomadas por el Gobierno para asegurar la protección de los derechos humanos a la salud física y mental, agua y alimentación de los campesinos y los pueblos indígenas afectados”, la Directora de DDHH y DIH de Colombia ante la ONU, afirma: “La evidencia científica demuestra que las aspersiones aéreas no causan los daños alegados por las personas que se han dirigido al Relator Especial”.

La verdad es que no hay pruebas científicas sobre los efectos de la mezcla potenciada (no solo del glifosato) y sus repercusiones en ambientes tropicales (no en laboratorios de Estados Unidos). Los colombianos no podemos ignorar que, si bien Estados Unidos y Colombia vienen fumigando en nuestro país, oficialmente desde 1984, también vienen experimentando desde 1978 con una variedad de tóxicos y, aunque parece que la ‘colombianización’ de los costos de las fumigaciones ya es un hecho, su manejo es menos claro. En marzo del 2015, la Dyncorp abrió una convocatoria para alguien que se encargue “de todo el espectro de los requisitos de inteligencia de la erradicación aérea para incluir su recolección, análisis, fusión y distribución”. Esto, a pesar de que Estados Unidos dijo que no “prestaría” sus equipos tras la compra de las 1.155 canecas de 200 litros de glifosato chino (Cuspide 480) en los que Colombia invirtió 12.000 millones de pesos en el 2012, para “dar continuidad al programa de ‘erradicación’ aérea”.

¿Qué intereses incentivan a los gobernantes colombianos a fumigar intensamente su propia nación con agrotóxicos? Colombia es el único país del mundo que fumiga como medida estatal para erradicar los cultivos con usos ilícitos. Lo hace de forma opaca y, en pleno siglo XXI, sigue pretendiendo su prolongación, cuando ya las fumigaciones no deben quedar ni en el papel.

María Mercedes Moreno

Coordinadora, Colectivo MamaCoca

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