Fundación Comando Especial

Redacción Portafolio
Opinión
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Redacción Portafolio
mayo 27 de 2015
2015-05-27 06:36 p.m.

Algunos de los dos mil militares hoy presos en los centros de reclusión militar han incurrido en delitos de la mayor gravedad, desde los horribles ‘falsos positivos’ hasta la venta de armamento a las organizaciones delictivas más feroces. Todos los colombianos deseamos para ellos las más severas sanciones. No se puede tolerar que quienes han recibido las armas para desarrollar la misión de proteger a los ciudadanos puedan atentar contra ellos.

Pero la mayoría de quienes están allí detenidos no pertenecen a ese repugnante grupo. Son simplemente víctimas de la guerra jurídica que se adelanta para quebrar la moral de nuestras Fuerzas Armadas, acusando permanentemente a sus integrantes de todo tipo de acciones, reales o imaginarias, con el apoyo de falsos testigos y de turbios ‘colectivos’ de abogados que no son mucho más que traficantes de derechos humanos que se lucran a costa del Estado colombiano. Además de casos emblemáticos, como las injustas condenas de los generales Arias Cabrales y Uscátegui Ramírez y del coronel Plazas Vega, son innumerables las condenas torticeras de militares de todos los rangos ahí recluidos. Y más de la mitad de los presos están esperando el resultado de juicios interminables que, cuando con justicia los declaran inocentes, los dejan arruinados y con su reputación manchada.

Porque en nuestro aparato judicial hay incontables funcionarios dignos de respeto y admiración por su capacidad, independencia y valor, pero no todos son así. Y algunos se han hecho parte de la guerra jurídica desatada por quienes tienen como objetivo dañar la imagen del país y de sus instituciones, o generar el escenario para cobrarle gigantescas indemnizaciones a la Nación. O ambos.

Lo cierto es que, además de exponer su vida e integridad física, nuestros soldados corren hoy el riesgo permanente de sufrir un carcelazo o una sanción por cada acto que realizan, y a sufrir larguísimos procesos mientras son sometidos a detenciones no justificadas que los privan de sus derechos. Por eso, es tan valiosa la actividad de organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Comando Especial, que busca congregar el apoyo ciudadano a la causa de fortalecer la defensa jurídica de los miembros de las Fuerzas Armadas ante la avalancha de procesos judiciales y disciplinarios que hoy sufren. Además, esta ONG busca recursos para aliviar las condiciones deshumanizantes de muchos de los centros de reclusión, así como para la construcción y acondicionamiento en ellos de lugares académicos para capacitación y de talleres para proyectos productivos.

Del éxito de este tipo de iniciativas depende también la estabilidad institucional que anhelamos los colombianos. Porque la guerra jurídica contra la Fuerza Pública que sufre el país desde hace algunos años es secundada por los grupos ilegales, toda vez que ella contribuye a debilitar la capacidad de respuesta del Estado contra ellos. A quienes han entregado su vida y tranquilidad por la Patria y hoy están privados de su libertad esperando decisiones que frecuentemente no son jurídicas, se les debe garantizar condiciones dignas y de humanidad, y ayudar a que se les respete su debido derecho a la defensa. Los colombianos no podemos dejarlos abandonados a su suerte.

Emilio Sardi

Empresario

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