En el sector privado, inversionistas e interesados pueden, y saben, medir la eficiencia de su negocio. Trimestralmente, existen mecanismos formales de rendición de cuentas que incluye estados financieros, reporte de operaciones e informes sobre la evaluación de planes y proyectos a ejecutar. Existen medidas puntuales, comparables y verificables sobre la eficiencia y la eficacia de las operaciones privadas. Los inversionistas pueden tomar decisiones informadas y exigir a la gerencia con base en evidencia concreta.
En contraste, el sector público en Colombia, cuyos interesados somos más de 46 millones de ciudadanos, no tenemos medidas confiables, estándares, comparables ni verificables de la eficiencia de las operaciones públicas. Ninguno de nosotros, quienes aportamos a través de impuestos y contribuciones a esta causa común, recibimos un reporte del tipo que se entrega en el sector privado.
¿No sería interesante, por ejemplo, conocer el costo que tiene la atención en salud por persona atendida, el costo de un kilómetro de vía terminado, el costo mensual de la educación por niño en edad escolar? ¿No es al caso importante conocer si el Estado es eficiente en su gestión o no? ¿No es prioridad de cualquier organización mantener información que permita a sus interesados medir su desempeño de manera confiable?
En países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra y Australia existen medidas estándares, continuas y comprehensivas que permiten a los ciudadanos y tomadores de decisiones, conocer la eficiencia y efectividad de la gerencia. Quizás en Colombia los ciudadanos tomaríamos mejores decisiones en torno a la priorización de recursos y selección de nuestros gobernantes si supiéramos lo qué es más costoso hacer y en qué es más eficiente la administración pública (lo qué es más rentable).
Quizás se pueda pensar que los indicadores económicos y sociales tales como la tasa de desempleo o el crecimiento económico son medidas suficientes para medir y entender el desempeño público.
A pesar de estar correlacionada la gestión y el impacto, éstos dos son sin lugar a dudas dos procesos diferentes. El impacto, por ejemplo, medido como el crecimiento económico se puede lograr sin una gestión eficiente. En los últimos años, el país observó un importante crecimiento económico. ¿Es esto resultado de la gestión? No necesariamente. Efectos externos como los altos precios del petróleo, la llegada de capitales por la crisis financiera en Europa y Estados Unidos, pueden explicar en parte la bonanza económica y disimular una administración pública ineficiente y costosa.
Sin una medición confiable, estándar y continua de la productividad y eficiencia pública, efectos ajenos a la gestión pueden cubrir deficiencias, u opacar excelentes esfuerzos de administración pública.
Las operaciones públicas se componen de actividades cuantificables y susceptibles de ser estandarizadas y verificadas. Por qué no tenemos, los ciudadanos, información pública y clara con respecto a aspectos esenciales de la gerencia, presupuestación y planeación de nuestro país.
Es el momento de que la gerencia pública en Colombia pase de la retórica y la alocución, a lo concreto, a la evidencia y a una medición real y verificable de su desempeño. Medidas continuas sobre la productividad del Estado y el retorno social de cada peso invertido deben ser indicadores públicos y accesibles para quienes estamos interesados en el bienestar y el porvenir de este país.
Andrés F. Jola Sánchez
Instructor Asociado, Kelley School of Business, Indiana University, EE. UU.