¿Y usted qué haría?

‘Antioquia legal’ es un programa de la Gobernación de ese departamento para buscar la sanción social y judicial de la ilegalidad.

Redacción Portafolio
Opinión
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Redacción Portafolio
junio 05 de 2015
2015-06-05 12:24 p.m.

Hace pocos días, una amiga que estaba de visita en Colombia contó cómo al subirse a un taxi, el conductor la involucró en un conflicto que lo carcomía. La noche anterior había recogido a un extranjero, y sólo al limpiar el auto a la mañana siguiente encontró que se le había quedado un maletín. Era en realidad un tesoro. Contenía sus documentos -entre ellos el pasaporte-, sus tarjetas de crédito y una cuantiosa suma de dólares. También el número celular del pasajero, con el cual había tratado de comunicarse infructuosamente.

-Y no sé qué hacer, señorita, le manifestó el taxista-. Porque con esos dólares puedo completar la plata para pagar el semestre de mi hija.

¿Estaba el conductor del taxi ante un dilema ético? ¿Cómo lo iba a resolver? Lo cierto es que ya había dado un gran paso para definir esa contradicción que se le presentaba entre devolver el maletín a su dueño o quedarse con el dinero para resolver una carencia económica, que para más veras estaba relacionada con la educación de su hija. Había llamado al pasajero. Y antes de que la opinión de su confidente entrara en juego y el hombre siguiera devanándose los sesos, irrumpió la llamada del extranjero. El taxista contestó sin vacilación. Y acordó un encuentro para entregarle intacta la providencial valija.

¿TODO VALE?

La historia de este hombre es cotidiana para muchos colombianos, independientemente de su estrato social. La resolución de ese dilema ético sitúa a quien la toma en una de dos posiciones opuestas e irreconciliables, que constituyen uno de los grandes problemas del país: la contrariedad entre legalidad e ilegalidad. La batalla, para pesar nuestro, está técnicamente empatada.

Así lo estableció recientemente una investigación del Grupo de Política y Gestión para el Desarrollo, de la Pontificia Universidad Javeriana, titulada ‘Cultura de la legalidad en servidores públicos y ciudadanos’.

El país pasa raspando la materia de la legalidad con una calificación de 61 puntos sobre 100. El cumplimiento de la ley es un asunto relativo y de una perniciosa subjetividad. Quien respeta las normas es estigmatizado y tachado de ingenuo. El pecado de un servidor público es no enriquecerse con su cargo, y ser vivo y aventajado es prácticamente un rasgo del individualista ADN nacional.

El entorno legal y las autoridades no tienen peso en el imaginario colectivo. La sanción social tiene consistencia de merengue.

Y sin embargo, la lucha por el triunfo de una cultura de la legalidad debe plantearse como un imperativo de convivencia y desarrollo, tal y como lo ha asumido la Gobernación de Antioquia.

ANTIOQUIA LEGAL 

Se busca construir y fortalecer capacidades de la sociedad antioqueña en sus instituciones, en los gobiernos departamental y municipal, para su actuación pública y privada en los marcos de la ética y la legalidad.

Junto a la Red de Ética, y como uno de los elementos para alcanzar esas metas, ‘Antioquia legal’ se ha valido del planteamiento de los denominados ‘Dilemas éticos’. Son 10, hasta ahora, y tienen que ver con la corrupción, el chantaje sexual, el engaño y otras situaciones de la cotidianidad nacional. La Gobernación, a través de un vocero, manifiesta su solución a los dilemas por la vía de la legalidad (ver: http://www.antioquia.gov.co/index.php/dilema-ético).

Carlos Gustavo Álvarez G.
Especial para Portafolio
 

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