¿Impactos del cambio climático o de una política inadecuada?

La política de desarrollo rural de este Gobierno y los anteriores ha sido débil. Los seguros agrícolas, la construcción de distritos de riego, la transferencia de tecnología para ajustarse a la nueva realidad del clima, entre otros mecanismos, habrían mitigado los impactos del fenómeno de El Niño.

Redacción Portafolio
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agosto 14 de 2014
2014-08-14 03:34 a.m.

Colombia enfrenta de nuevo el fenómeno de El Niño. Varias regiones del país están sufriendo sequías extremas que han ocasionado escasez de agua, pérdida de cultivos y muerte de ganado. Las familias rurales han sido las más afectadas con caídas en sus ingresos y en el caso de La Guajira con problemas graves de desnutrición de sus hijos.

La llegada de este fenómeno no es una sorpresa. Desde hace unos cuantos meses, diversos organismos estaban alertando sobre su aparición, la cual se puede predecir con seis meses o un año de anterioridad. Más aún, datos de la Organización Meteorológica Mundial muestran la creciente incidencia de eventos climáticos extremos en el mundo debido, muy seguramente, al cambio climático. Mientras en la década de los 70 América Latina sufrió 72 eventos, entre el 2000 y el 2010 esta cifra aumentó a 246. En el periodo comprendido entre 1970 y el 2010, Colombia ha enfrentado 112 eventos y es el segundo país con mayor incidencia después de Brasil. Es claro que nuestro país es vulnerable a los choques climáticos y que estos son cada vez más frecuentes. La sorpresa ha sido otra: la falta de preparación y la improvisación del Gobierno Nacional y los gobiernos locales.

En el 2010, La Niña hizo estragos en el país. Un estudio de la Cepal calcula que la ola invernal dejó un poco menos de 3,3 millones de personas damnificadas y daños por 11,2 billones de pesos. Córdoba fue el cuarto departamento en número de personas afectadas y Uribia, en La Guajira, el municipio con mayor número de personas damnificadas. Estas regiones son de nuevo las más perjudicadas por las sequías actuales.

Para atender la emergencia, el Gobierno Nacional creó el Fondo de Adaptación que proveyó recursos para mitigar los impactos de las inundaciones. Si bien era fundamental que los esfuerzos iniciales se concentraran en la emergencia, era importante una segunda etapa de acción estatal para crear mecanismos dedicados a prevenir los altos costos de eventos futuros. La incidencia cada vez mayor de eventos climáticos extremos y las predicciones científicas indicaban que esto, más que una excepción, era una realidad que podía ser cada vez más frecuente.

Los choques climáticos pueden ser devastadores para las familias pobres, dado que carecen de mecanismos formales de aseguramiento y acceso a los mercados financieros, estas deben recurrir a la venta de activos productivos, la reducción del consumo del hogar y retirar a los hijos del colegio para compensar la caída en ingresos generados por los choques climáticos. Además, las familias menos favorecidas suelen estar ubicadas en los sitios más vulnerables a los impactos de los choques climáticos. Esto implica que, además de enfrentarlos con más frecuencia, rara vez están preparados para mitigar sus impactos.

Datos de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes (Elca) dan unas luces del impacto de la ola invernal en las familias rurales. La muestra de la Elca cubre cerca de 4.800 familias que se entrevistaron en el 2010 y de nuevo en el 2013 en las regiones Atlántica media, Cundiboyacense, Centro Oriente y el Eje Cafetero. Una cuarta parte de los hogares de la Elca fueron afectados por la ola invernal del 2010. De estos hogares, 6,6 por ciento sufrió la destrucción de su vivienda y 66,3 por ciento una destrucción parcial. El 2,4 por ciento de los hogares de la Elca perdieron la tierra entre el 2010 y el 2013 y 88,1 por ciento de estas familias la perdieron por un desastre natural, mientras que 3,5 por ciento fue por desplazamiento forzoso. Otras familias, cerca de 1,3 por ciento, tuvieron que recurrir a la venta de sus terrenos para financiar su consumo cotidiano. Además, la ola invernal obligó a los hogares a reducir sus cultivos permanentes para dedicarse a la ganadería. Es decir, las familias lograron mantener su consumo cotidiano a costa de descapitalizarse y vender sus activos productivos. Sacrificaron consumo futuro por mantener su consumo presente.

La política de desarrollo rural de este Gobierno y los anteriores ha sido débil. Los seguros agrícolas, la construcción de distritos de riego, la transferencia de tecnología para ajustarse a la nueva realidad del clima, entre otros mecanismos, habrían mitigado los impactos de El Niño. Los estragos de la sequía se habrían podido prevenir con buena política pública. Si bien el Gobierno diseñó un seguro agrícola, su cubrimiento es muy bajo. Solo 0,1 por ciento de los hogares de la Elca tienen seguro de cosecha.

La acción del Gobierno se concentró en otorgar subsidios y no en solucionar los problemas estructurales de las regiones rurales. Para los políticos, los subsidios pueden ser fundamentales para engrasar la maquinaria clientelista y mostrar una acción efectista, pero no sacarán nunca a los hogares de la pobreza ni resolverán los nuevos retos que genera el cambio climático. El Gobierno Nacional está en mora de diseñar una verdadera política de desarrollo rural que favorezca a los productores agrícolas y no a los políticos. No nos engañemos. El impacto actual no es por el fenómeno de El Niño, sino por la indolencia de los políticos y la ineficaz política del Estado.

Ana María Ibáñez

Decana de la Facultad de Economía, Universidad de Los Andes


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