Impuestos para la competitividad

En la coyuntura actual es fundamental escuchar la voz de los empresarios en el entendido de que este proceso merece un diálogo abierto, técnico y constructivo, que recoja la experiencia de los actores económicos en aras de fortalecer la competitividad del país.

Redacción Portafolio
Opinión
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Redacción Portafolio
septiembre 23 de 2014
2014-09-23 11:58 p.m.

En un mundo globalizado la construcción de un sistema tributario equitativo y estable, que contribuya al crecimiento económico y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, es indudablemente una prioridad de los gobiernos.

Como lo han señalado los expertos, el gran reto de la política tributaria es garantizar la financiación de los gastos e inversiones públicas bajo postulados de justicia al tiempo que se minimiza el impacto de la tributación sobre el mercado.

Aunque las reformas adoptadas por el Gobierno Nacional en los últimos años han pretendido cumplir con estos objetivos, no ha sido posible hasta ahora implementar en el país un modelo de tributación que represente un balance óptimo de equidad y eficiencia.

Si bien se ha avanzado en temas como la ampliación de la base de contribuyentes y el desmonte de gravámenes que impactan negativamente en la generación de empleo, subsisten condiciones que hacen complejo el sistema.

El sistema impositivo sigue siendo oneroso no solo para los contribuyentes sino para la administración tributaria y sigue afectando las decisiones económicas.

Los costos de cumplimiento de obligaciones que asumen los contribuyentes y los costos de recaudación que asume el Estado son mayores debido a la complejidad del sistema, aspecto que se refleja en el volumen de normas, el número de tributos que existen en el país, el tiempo que deben dedicar las personas al pago de impuestos, entre otros.

Bajo las premisas de la competitividad y la eficiencia se requiere un marco normativo simplificado, pocos tributos y un tratamiento homogéneo en lo que se refiere a tarifas y bases gravables.

Desafortunadamente, en Colombia no se cumplen estas condiciones. El número de impuestos, contribuciones y tasas que se cobran en el país ha aumentado debido especialmente al desarrollo de la potestad impositiva de los municipios y departamentos que ha dado lugar a una amalgama de gravámenes de las más variadas características.

Esta especie de archipiélago legislativo ha traído como consecuencia en muchos casos la doble tributación por los mismos hechos y la falta de certeza sobre el valor efectivo de las cargas tributarias.

En el ámbito de los tributos nacionales la situación no es mejor.

Entre 1992 y 2012 (un período de 20 años) se expidieron en el país diez reformas en esta materia (un promedio de una reforma cada dos años) las cuales aumentaron significativamente el número de disposiciones legales y reglamentarias creando cada vez más condiciones que se apartan de la regla general.

Por citar un ejemplo, la última reforma tributaria (Ley 1607 de 2012) consagró tres sistemas distintos para la determinación del impuesto sobre la renta de las personas naturales (IMAN, IMAS y Sistema Ordinario) cuya aplicación, en unos casos obligatoria y en otros opcional, depende de la actividad económica de los sujetos obligados y del monto de sus ingresos.

Asimismo, el nuevo impuesto sobre la renta para la equidad CREE ha resultado un verdadero dolor de cabeza para los contribuyentes y para la misma Dian debido a la falta de claridad en la definición de los elementos estructurales como la base gravable, por ejemplo.

La simplificación del sistema tributario es un factor de competitividad y, como tal, debería ser una prioridad del Estado.

Esta labor debe ir acompañada de medidas orientadas a fomentar la inversión sin generar distorsiones, como la recuperación efectiva del Impuesto a las Ventas (IVA) pagado en la adquisición de bienes de capital, el ajuste de la retención en la fuente para evitar excesos frente al valor del impuesto sobre la renta, la ampliación del espectro de las tecnologías que califican para el acceso a los beneficios por mejoramiento ambiental y la armonización de la legislación interna con la legislación de otros países.

Lo anterior, con el fin de garantizar una justa distribución de las potestades impositivas y la neutralidad de las normas existentes para todo lo que tiene que ver con la realización operaciones internacionales.

En la coyuntura actual, cuando en el país se vuelve a hablar de la necesidad de una reforma tributaria que tiene como objetivo garantizar el financiamiento del presupuesto público del 2015, y el de los años venideros, es fundamental escuchar la voz de los empresarios en el entendido de que este proceso merece un diálogo abierto, técnico y constructivo, que recoja la experiencia de los actores económicos en aras de fortalecer la competitividad del país.

Juan José Fuentes Bernal
Director de la cámara de asuntos
Tributarios y Financieros de Andesco
 

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