La inconveniencia de la ley antimonopolio

La Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia impuso a Claro la obligación de equiparar las tarifas de sus clientes, llamen a un usuario de esa misma compañía u otro operador.

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
febrero 01 de 2013
2013-02-01 12:19 a.m.

La posición dominante de Claro en el mercado de voz de telefonía celular es una realidad inobjetable. Medida por abonados o por ingreso, la participación de Claro ronda el 60%. Con base en este indicador, el año pasado se radicó en el Senado un proyecto de ley antimonopolio. El proyecto busca garantizar que ninguna empresa de telefonía celular pueda tener una participación superior al 30% de los ingresos del mercado.

Pero la posición dominante por sí misma no debe ser motivo de preocupación porque la pregunta relevante, en un caso de este tipo, no es si una empresa tiene posición dominante, es decir, si tiene poder de mercado. La pregunta relevante es si esa empresa impide efectivamente la competencia, es decir, si abusa de ese poder de mercado. Si la firma adopta estrategias anticompetitivas, el regulador, no el legislador, debe intervenir.

El mercado celular es uno de externalidades de red. No tiene sentido un usuario de celular solo. Este se hace valioso en la medida que otros clientes también tengan un teléfono celular, es decir, que estén en la misma red. Si una firma, Claro por ejemplo, logra tener muchos usuarios, hay mayor probabilidad de que un nuevo afiliado escoja a Claro por encima de la competencia, pues la mayoría de amigos y familiares estarán afiliados a esa red. El proyecto de ley argumenta que esta espiral puede continuar hasta terminar en un monopolio total. Una sola firma controlando el mercado no es deseable porque los precios serían muy altos y la calidad seguramente se resentiría.

Pero la teoría económica sugiere que los mercados de externalidades de red son oligopolios naturales. En el caso que nos atañe, viene a decir que las empresas con baja participación de mercado (Movistar o Tigo, por ejemplo) no van a desaparecer porque, para ello, se requeriría que la empresa dominante bajase significativamente sus precios. Este no parece ser el caso.

Si bien, tomando en cuenta la inflación, las tarifas han caído ligeramente en los últimos años, los precios en Colombia son apenas ligeramente inferiores al promedio latinoamericano. El equilibrio de mercado es, por tanto, diferente al tradicional donde se busca que todas las empresas sean iguales. En un mercado de redes, en equilibrio habrá una desigualdad importante en el sector. Una firma será dominante, tendrá mayor participación y mejores beneficios. 

El oligopolio natural donde una firma es dominante trae sus riesgos, el más evidente es aquel en el que pretenda cerrar el acceso de los rivales más pequeños a la red del más grande. El caso es familiar en Colombia. Para un usuario de Claro es más barato conectarse con otro usuario de Claro que con alguien de otro operador. Así mismo, un usuario de Movistar o Tigo tendrá que pagar un sobrecosto por llamar a un usuario de Claro. En caso de mantenerse este diferencial, el operador dominante podría sacar del mercado a los operadores más pequeños. Esto, por supuesto, no es deseable.

La solución pasa por regular, no legislar. Esto lo ha entendido, quizás con rezago, la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia. Impuso a Claro la obligación de equiparar las tarifas de sus clientes, llamen a un usuario de esa misma compañía u otro operador. Claro tampoco podrá cobrar a los usuarios de otras redes tarifas diferenciales por usar su red.

El objetivo de la resolución de la CRC es eliminar la práctica de medidas anticompetitivas. Es anticompetitivo dificultar el acceso de la competencia a la red del operador más grande. No es anticompetitivo ser el operador dominante. Pretender limitar la participación de un operador con argumentos de competencia es un error, pues desconoce algunos principios básicos de un regulador que pretenda intervenir mercados: (i) la intervención debe revertir los efectos de las acciones para las cuales se estableció responsabilidad y (ii) los efectos de tal intervención han de ser predecibles. 

No hay responsabilidad por tener posición dominante en un mercado que, como el de redes, tiene como equilibrio la existencia de una empresa con posición dominante. Los efectos, además, son totalmente impredecibles. ¿Por qué en un país democrático debe obligarse a 15 millones de usuarios a cambiar de operador? Incluso se pueden dar situaciones tan absurdas como aquella en la que solo queden tres operadores en el mercado (podría, por ejemplo, darse un proceso de fusiones a nivel mundial). En este caso, no hay manera de lograr que las tres empresas cumplan el requisito del 30%. Habría entonces que cerrar la telefonía móvil mientras se deroga la ley.

La propuesta ignora además que no hay mercado más dinámico que el de las telecomunicaciones. Los niveles de integración con el 4G pueden ser tales que el mercado relevante puede extenderse a televisión (fija y móvil) por IP, por ejemplo. 

El tema de fondo es la eficacia de la CRC. Si el regulador no actúa a tiempo o actúa tarde es sobre este que se debe legislar. Saltarlo es un error. Hay que corregir las fallas del regulador, mediante actos legislativos si los problemas son estructurales. La solución no pasa por hacer de regulador. 

Jorge A. Tovar Mora / Profesor de Economía, Universidad de los Andes

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