La inversión de capital humano durante la primera infancia es muy rentable y costo-efectiva por una variedad de razones. El cerebro está en formación y es más maleable. Al atender a los niños y niñas desde temprano se afecta el desarrollo cognitivo y socioemocional, lo cual reduce brechas entre pobres y ricos desde el principio.
Estos efectos iniciales tienen altos impactos sobre precursores del crimen como la paciencia, el autocontrol y la autoestima, lo que redunda también en grandes beneficios sociales, en términos de reducción de la criminalidad.
Al sumar esta gama de efectos, se observa que estos programas son un gasto muy rentable en el abanico de opciones de política pública de un gobierno.
En Colombia, hay cerca de 4,3 millones de niños menores de 5 años, y aproximadamente 65 por ciento está en condiciones de vulnerabilidad económica y social. Entre 30 y 40 por ciento de estos reciben algún tipo de atención y educación inicial con énfasis en nutrición, y casi la totalidad cuenta con cobertura de salud.
Cerca de 1,2 millones de niños entre los 0 y 5 años de edad son atendidos en la actualidad a través del programa Hogares Comunitarios de Bienestar.
Las evaluaciones de este indican que la calidad del servicio ofrecido es baja. Por ejemplo, las madres que atienden dichos hogares tenían en promedio 9,3 años de escolaridad en el 2007, y sabían poco sobre hitos de desarrollo infantil, seguridad y mejores prácticas de cuidado.
En este contexto, se lanza en Colombia la estrategia nacional de atención a la primera infancia ‘De Cero a Siempre’ en el 2011. Este programa está concebido para lograr una cobertura de servicios de mayor calidad, y asigna 9 billones de pesos en el Plan Nacional de Desarrollo para cubrir cerca de 1,2 millones de niños.
El énfasis de la estrategia es lograr una atención verdaderamente integral para los niños y niñas en Colombia, que incluya desarrollo físico, cognitivo y socioemocional, saneamiento y derechos, y consiste en un mapa de ruta detallado que se podría describir como una matriz de servicios en un eje, y rangos de edad del niño en el otro. La estrategia, además, tiene un gran énfasis en aseguramiento de la calidad de dichos servicios.
En los últimos dos años, el esfuerzo se ha enfocado en el diseño del programa como tal, tarea que ha estado a cargo de la Alta Consejería para Programas Especiales desde la Presidencia de la República, a través de un comité intersectorial que se conformó con el propósito de acompañar el proceso de diseño e implementación de la política.
Dicha comisión está conformada por una gran variedad de instituciones que incluyen –no exclusivamente– el Ministerio de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura.
En su esencia, el diseño de la estrategia está bien planteado. Sin embargo, el desafío de traducirla en un conjunto de acciones concretas no es menor. Por ejemplo, la estrategia propone hasta 21 servicios diferentes dentro del paquete de atención, dependiendo de la edad del niño beneficiario. Los rangos de edad pueden ser de apenas 3 meses por intervalo. Eso implica una oferta superior a las 200 atenciones, que puede ser compleja, difícil de monitorear y sobre todo, complejo de coordinar entre sectores.
La labor de diseño detallado ha tomado un tiempo largo, debido, principalmente, al trabajo intersectorial que complica la elaboración de estándares consistentes. Esto puede poner en riesgo la implementación efectiva de las propuestas en los territorios, más si se tiene en cuenta que se avecina el final de esta administración y, en particular, la ley de garantías que limitará la contratación a partir de principios del 2014.
El éxito de la estrategia depende crucialmente de la intersectorialidad efectiva. Esto es difícil de por sí, pero en este caso ha sido, en mi opinión, más complejo porque el comité no está liderado por una institución de carácter ministerial que tenga un mandato histórico en el tema de la atención a la primera infancia.
De esta manera, carece de la legitimidad e institucionalidad necesaria para que todas las instituciones participantes sientan la necesidad de rendir cuentas y participar de manera activa y eficiente, pero sobre todo porque limita las posibilidades de sostenibilidad de esta política más allá de esta administración.
Raquel Bernal Directora del Cede, Facultada de Economía, Universidad de los Andes.