¿Jaque a estructura jurídica internacional por Osama?

La Casa Blanca informó que el Gobierno pakistaní sabía que Bin Laden estabaen su territorio.

Redacción Portafolio
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mayo 13 de 2011
2011-05-13 01:17 a.m.

 

El discurso del Presidente estadounidense para dar a conocer la noticia enfatizó el valor de la justicia y transmitió confianza en el sistema democrático. A pesar de ello, también generó desconcierto entre algunos sectores nacionales e internacionales.

Diez años después de los atentados del 9/11 la cruzada global contra el terrorismo dio con Osama bin Laden. Su muerte, a manos de un comando élite, es un acontecimiento celebrado con júbilo por el pueblo estadounidense, que la sintió justa con las víctimas del terrorismo. Sin embargo, existe un manto de duda sobre la forma como el Gobierno Obama ha manejado el tema.
El discurso del Presidente estadounidense para dar a conocer la noticia enfatizó el valor de la justicia y transmitió confianza en el sistema democrático.
A pesar de ello, también generó desconcierto entre algunos sectores nacionales e internacionales, ya que las contradicciones en que incurrieron distintos agentes del Gobierno transmiten inseguridad sobre la legalidad de la acción.
En un primer momento la Casa Blanca informó que el Gobierno pakistaní sabía que Bin Laden estaba en su territorio y había aprobado la intervención de tropas estadounidenses. Poco tiempo después, Pakistán negó categóricamente que tuviera información sobre el paradero del líder de AlQaeda o que hubiera autorizado el operativo militar. Los pronunciamientos de Washington y la reacción pakistaní generan interrogantes sobre la legalidad de la operación y sugieren una posible violación de la soberanía del país asiático.
Otro aspecto que origina incertidumbre son las explicaciones contradictorias sobre la forma en que murió el líder extremista. La primera versión indicó que este se encontraba desarmado, que intentó huir y recibió un disparo y que durante la acción resultó muerta una mujer usada como escudo humano. Luego se dijo que había opuesto resistencia, que en la casa había fusiles y una pistola y que la mujer, que era su esposa, estaba herida. La alteración de la historia pone en cuestión su veracidad y da fuerza a la versión de una hija suya que afirma su captura y posterior ejecución.
A estos cuestionamientos se suma la controversia generada por el trato dado por EE. UU. al cuerpo del terrorista. Abandonado en las profundidades del mar, no existe la posibilidad de corroborar la forma en que murió. Todo esto, en momentos en que la Casa Blanca impide la publicación de fotografías sobre el líder muerto, aumentando las suspicacias sobre lo que realmente sucedió.
De otro lado, se ha dicho que EE. UU. tenía indicios sobre el escondite de Bin Laden desde el 2008, gracias al interrogatorio al que fueron sometidos miembros de AlQaeda en la prisión de Guantánamo. Actividades estas que resultan agudamente cuestionadas por el uso de torturas y arrojan evidencias de que el operativo en mención comenzó con prácticas violatorias de los derechos humanos.
Todo lo anterior permite preguntar si EE. UU. actuó de acuerdo con el derecho internacional o no. Sin una respuesta definitiva, el debate se alimenta luego de que la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Navy Pillay, pidiera al Gobierno de Obama un reporte completo de los hechos, reafirmando que la ONU rechaza los actos terroristas pero que “hay reglas elementales que deben ser respetadas también en la conducción de operaciones de antiterrorismo”, y agregó que “esto (refiriéndose a esas operaciones) debe basarse en el respeto de las leyes internacionales, que no autorizan la tortura ni las ejecuciones extrajudiciales”.
Ante la sospecha, cabe preguntarse qué impulsó al Gobierno de EE. UU. a adelantar una acción contraria al derecho internacional. Esta inquietud tampoco tiene respuesta y sólo se encuentran indicios en la justificación de la administración Obama, cuando es interrogada sobre aspectos puntuales de la operación. Por ejemplo, sobre por qué no se informó al Gobierno pakistaní del operativo, el director de la CIA, Leon Panetta, contesta que había preocupación de que una filtración pudiera alertar a los “objetivos”, lo que hubiera conducido al fracaso de la misma.
Lo anterior fomenta el debate acerca de la violación a la soberanía paquistaní, puesto que es posible afirmar que esta había sido permeada por acuerdos previos que facilitaron a EE. UU. el derecho de injerencia en asuntos internos. Sin embargo, la ejecución extrajudicial, el uso de la tortura y las formas de acción contrarias al derecho internacional no deberían ser parte de dicha discusión. El derecho es claro frente a estos temas y la única opción es respetarlo.

GUSTAVO ADOLFO PUYO TAMAYO

Red Colombiana de Relaciones Internacionales

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