La reacción oficial de Venezuela, Argentina, Ecuador y otros países latinoamericanos ante el ataque terrorista perpetrado por radicales islámicos contra la revista francesa Charlie Hebdo fue débil, por no decir vergonzosa: condenaron el derramamiento de sangre, pero sin denunciarlo como un asalto a la libertad de prensa.
Horas después del ataque del 7 de enero contra la revista de sátira francesa, que dejó un saldo de 12 muertos, el presidente venezolano Nicolás Maduro emitió un comunicado en el cual expresó que “condena enérgicamente el ataque terrorista”.
Del mismo modo, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, el presidente boliviano Evo Morales y el presidente ecuatoriano Rafael Correa emitieron declaraciones similares condenando los asesinatos, pero sin mencionar que el ataque tenía como propósito silenciar una voz crítica, e intimidar a los medios de comunicación occidentales para que se autocensuren ante el tema del Islam.
“Fue una respuesta tibia”, me dijo el excanciller argentino, Dante Caputo, en una entrevista telefónica, refiriéndose a la reacción del Gobierno argentino. El gobierno de Fernández de Kirchner emitió un “comunicado estándar de la Cancillería, como los que se usan para todos estos casos”.
“Pero este no fue un acto terrorista cualquiera: fue un intento de intimidar al mundo occidental, a nuestra cultura de libertades”, siguió diciendo Caputo.
No es coincidencia que varios presidentes latinoamericanos hayan evitado mencionar la amenaza del fundamentalismo islámico a las libertades individuales, dicen los críticos. La mayoría de estos presidentes no solo son aliados cercanos de regímenes fundamentalistas islámicos, sino que también están librando una guerra personal contra la libertad de prensa en sus propios países.
Como bien lo señaló el analista Carlos Malamud del Real Instituto Elcano de España en el sitio web Infolatam.com, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela no solo han creado conglomerados de medios de comunicación pro-gubernamentales comprando directa o indirectamente empresas periodísticas, sino que también están regulando a los medios para controlar las voces independientes.
En comparación, la mayoría de los líderes europeos –y en menor medida el presidente Barack Obama, cuya primera declaración, tras el ataque de París, denunció solo oblicuamente el atentado como un asalto a “los valores universales– describieron la acción terrorista como un ataque directo contra la libertad de prensa, y exhortaron al mundo a repudiarlo como tal.
La canciller alemana, Angela Merkel, dijo que “este acto repulsivo es no solo un ataque contra la vida de los ciudadanos franceses y a la seguridad nacional de Francia. También es un ataque contra la libertad de expresión y de prensa –un componente clave de nuestra cultura democrática libre– que no puede ser justificado”.
Por supuesto, hubo algunas excepciones notables en América Latina, como Brasil, Colombia, Perú y Chile, quienes hicieron hincapié en la necesidad de defender la libertad de expresión.
Sin embargo, la débil respuesta de Argentina fue especialmente preocupante, ya que el país sufrió sangrientos ataques del terrorismo islámico en la década de 1990 contra el centro comunitario judío AMIA y la Embajada de Israel. Por ese motivo, Argentina debería estar a la vanguardia de la lucha internacional contra el terrorismo islámico.
Además de emitir una declaración débil, ningún funcionario argentino figuró entre los más de 40 líderes mundiales que participaron en la masiva marcha antiterrorista del domingo pasado en París. Aunque Obama no participó tampoco, los expertos en seguridad coinciden en que el presidente de Estados Unidos debía hacer frente a muchos más problemas de seguridad que los funcionarios argentinos.
El controversial ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Héctor Timerman, que el miércoles fue denunciado por un fiscal argentino junto con la presidenta Fernández de Kirchner por supuestamente haber tratado de ayudar al régimen de Irán a encubrir su responsabilidad por los ataques terroristas de Buenos Aires en los años noventa, dijo que participó en la manifestación de París con su familia “como un ciudadano común”. Pero ninguna foto de su participación ha sido publicada.
Timerman negó a la prensa nacional que Fernández de Kirchner le haya prohibido participar en la manifestación como representante del Gobierno, lo que solo ayudó a aumentar la especulación en los medios argentinos de que el Gobierno respondió a medias tintas ante lo acontecido en París.
“Toda la respuesta del Gobierno y de los medios progubernamentales ha sido muy preocupante”, me dijo Caputo.
Mi opinión: Estoy de acuerdo. El ataque a Charlie Hebdo merece una respuesta inusualmente enérgica, porque estaba dirigido a intimidar a Occidente a aceptar las imposiciones del islamismo radical.
Este es el momento de manifestarse con más determinación que nunca para defender la libertad de expresión, en lugar de esconderse, como lo hicieron Argentina y sus aliados ideológicos. ¡Larga vida a Charlie Hebdo!
Andrés Oppenheimer
Columnista de The Miami Herald y El Nuevo Herald
