La lucha contra la corrupción desde la Alta Dirección

Se requiere que haya personas íntegras y valientes que no solo se resistan a claudicar en sus principios por las presiones del entorno, sino que logren cambiar a sus organizaciones desde adentro.

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
mayo 04 de 2014
2014-05-04 10:54 p.m.

En una encuesta exploratoria y anónima a directivos de empresas colombianas, se les pidió relatar un caso donde describieran conflictos éticos o de alto impacto personal vividos en su entorno laboral, con la meta de entender las situaciones reales que impactan sus negocios y su desempeño profesional.

La corrupción en el sector privado está generando mayores costos para hacer negocios en todas las empresas.

Se ven presiones a los proveedores para colaborar con las prácticas de evasión fiscal de sus clientes por ser ‘normales’ en el sector; aprovecharse de la buena fe o de los errores honestos de una contraparte en un negocio para evitar cumplir con la palabra dada y los compromisos adquiridos, amparándose en vacíos legales; las dificultades para definir límites para el manejo de regalos, invitaciones y cortesías de diversa índole entre clientes y proveedores y la presión de intermediarios que exigen comisiones para colocar productos a cambio de comisiones y prebendas.

Curiosamente se mencionaron varios casos de extorsión por parte de jefes de compras para quedarse con los descuentos que ofrecen las firmas interesadas en convertirse en sus proveedores o para ser considerado como primero en los criterios de selección frente a ciertos pedidos de considerable magnitud.

Se ve también tolerancia en prácticas como la falta de transparencia en los procesos y la ausencia de políticas y controles claros sobre lo que se considera correcto o incorrecto al interior de cada organización.

Preocupa el uso abusivo de los recursos de la empresa para beneficio propio, empezando por las cuentas de gastos de representación, o las dudas sobre lo que se considera información privilegiada o confidencial y cuáles límites deben considerarse respecto de su uso.

De esta manera se hace evidente la necesidad de políticas, controles y capacitaciones por la dificultad para saber cómo actuar, cuándo es debido denunciar y frente a quién. Particularmente, resulta importante frente a casos de fraude, donde hay dudas sobre cuándo uno se arriesga a convertirse en cómplice, o cuándo y con quién ser leal.

Se ve necesario hacer más transparentes y coherentes los sistemas de selección, capacitación, evaluación, remuneración, ascensos y asignación de objetivos y responsabilidades, para evitar ‘amiguismos’ o un inadecuado manejo de relaciones sentimentales en el lugar de trabajo, especialmente entre directivos y subordinados. También resultan indispensables políticas para aplicar sanciones disciplinarias, hacer cumplir las normas, despedir a alguien que lo amerita y transmitir el mensaje correcto hacia el resto del equipo de trabajo como consecuencia de las decisiones tomadas en ello.

Tristemente no sorprenden los casos sobre corrupción en las licitaciones públicas y la contratación estatal. Peor aún, que se considere normal, solo por ser frecuente, cuando es una indeseable patología ampliamente sufrida en este ambiente que requiere cura más que acomodamiento con lo que algunos denominan la vida real.

Por ejemplo, los directivos mencionan que hay empresas que sobornan a sus competidores para ser únicos proponentes frente a las subastas; o lobistas que ofrecen sus servicios a las empresas dadas sus relaciones familiares con quienes resuelven; o decisores en las entidades estatales que piden incluir estudios innecesarios con consultores asignados a dedo y costos tres o cuatro veces más altos que lo que cuestan en realidad; sugerencias de funcionarios para contratar al final del año con facturas por mayor valor del cotizado, para así mostrar que los presupuestos no ejecutados se usan en su totalidad; y presiones para ser aceptado como contratista a cambio de un porcentaje del valor de cada contrato en regiones donde mandan barones políticos.

Por su parte, los directivos del sector público se quejan de las presiones indebidas de superiores para adjudicar licitaciones a proponentes que no cumplen un examen técnico riguroso y dar solo apariencia de formalidad, o para saltarse las normas de contratación y así acelerar la ejecución de presupuestos para mejorar sus indicadores de gestión.

Es evidente que el Estado debe no solo perfeccionar las leyes sino hacerlas cumplir, sancionando más duramente a los corruptos.

Pero una solución más completa debe involucrar a las universidades para que no se acomoden a replicar lo que sucede en la vida real de las empresas, sino plantear un deber ser que muestre otros caminos, mejores pero viables, para resolver estos problemas.

Esto, sin embargo, es insuficiente solo buscando mejorar las normas y con más educación, si el ambiente y la cultura de las organizaciones -así como los principios y el estilo de liderazgo de sus propietarios y directivos- solo impulsan a mantener esas prácticas.

Se requiere que haya directivos íntegros y valientes que no solo se resistan a claudicar en sus principios por las presiones del entorno, sino que logren cambiar a sus organizaciones desde adentro. Al final, todo lo demás depende de no solo de que sepan lo que hay cambiar si no quieren hacerlo.

Juan Manuel Parra Torres

Profesor del área de Dirección de Personas en las Organizaciones INALDE Business School.

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