Misión Rural: desarrollo inclusivo, competitivo y sostenible

El informe de la Misión propone una política de descentralización, avanzar en educación y salud, y superar el rezago en asistencia técnica, así como en vías terciarias.

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
octubre 12 de 2015
2015-10-12 08:29 p.m.

Se ha presentado el informe de la Misión Rural, el cual reconoce que la inclusión social ha avanzado más que la productiva, y propone estimular la producción eficiente y no el asistencialismo. En esa línea, coincide con el informe de la Ocde, al reconocer que hay un conflicto en el uso de la tierra, concentración e informalidad; y que, en muchos casos, el uso de la tierra no corresponde a la vocación del suelo, y recomienda proveer bienes públicos y no solo entregar beneficios puntuales.

Por ello, aconseja promover productores competitivos en el mercado, con programas productivos viables, no limitados a un enfoque asistencialista. La Misión parte del diagnóstico de baja protección y regulación de los recursos naturales, problemas de agua y erosión, severa desigualdad, con un índice Gini altísimo, desarrollo desbalanceado entre campo y ciudad.

Los estudios de pobreza multidimensional detectan un bajo acceso a servicios para una población dispersa en 600 municipios rurales, con menor acceso a servicios sociales, en donde la pobreza es mayor; y como la protección social está atada al trabajo formal, la afiliación a la seguridad social es bajísima.

La Misión encuentra que el crecimiento del agro, tras la apertura, ha sido menor que el crecimiento general de la economía, se ha reducido el superávit comercial, hay pocos sectores nuevos exportando (aceite de palma), se sostiene la venta externa de flores, pero se ha perdido el negocio de carne con Venezuela, y el café ha vivido severas crisis.

El informe propone una política de descentralización, avanzar en educación y salud, y superar el rezago en vías terciarias y asistencia técnica. A nivel institucional, destaca que el Ministerio ejecuta la mayor parte de recursos, propone liquidar al Incoder y crear nuevas instituciones. Además, reconoce que los recursos para el agro han sido inestables, y tras la severa caída en los años 90, solo ahora comienzan a recuperarse.

En el campo social, plantea mejorar la seguridad nutricional, eliminar pronto el analfabetismo en el campo, articular el trabajo con el Ministerio de Salud para la atención primaria, y con el MEN para la educación con ciclos escolares adecuados al campo, promover las pensiones no contributivas, el ahorro voluntario con componente subsidiado y apoyar el trabajo de la mujer en la economía del cuidado para su inserción en el mercado laboral.

La Misión recomienda el 2030 como límite para cumplir las nuevas metas de la ONU, eliminar la brecha rural-urbana, con seguridad social flexible, acceso a riesgos laborales y combinar universalidad con focalización. En apoyo a la inclusión productiva, sugiere asegurar el acceso a activos básicos como la tierra, creando un fondo para la recuperación de tierras, con flexibilidad para restitución de microfundos, así como subsidios crediticios para incrementar la tierra con acompañamiento integral: formación empresarial en mercados y utilizar el Sisbén en el campo.

Para mejorar la comercialización con un sistema de abastecimiento, propuso establecer la obligatoriedad legal a las entidades oficiales (hospitales, colegios, Policía, Ejército, ICBF)) de comprar un porcentaje de productos a microempresas rurales, y se plantea desarrollar la asociatividad, fortalecer el capital social e integrarse en cadenas productivas. Para ello, recomiendan ofrecer servicios financieros integrales (ahorro, crédito y seguros) y gestión integral de riesgos.

La Misión formula que los pescadores artesanales se conviertan en acuicultores, y se desarrollen actividades no agrícolas, como turismo rural, artesanía, emprendimientos sociales y participación en compras públicas. Además, sugiere asegurar la competitividad de la producción rural, y para ello aconseja aplicar tecnologías a la innovación agropecuaria y acompañamiento integral.

Esto solo será posible si se supera el rezago en vías terciarias en el campo, que faciliten la comercialización, apoyar la cobertura de riesgos en cosechas, pertenencia a redes y desarrollar distritos de riego para adecuación de tierras.

La propuesta supone fortalecimiento de la seguridad jurídica, con una jurisdicción que dirima conflictos de tierras, y recomienda que la nueva norma legal sobre acumulación de Unidad Agrícola Familiar UAF no sea retroactiva, que se estimule la producción en grandes propiedades en arrendamiento.

A nivel macroeconómico, se sugiere asegurar la estabilidad de precios frente a los cambios en las exportaciones, y mantener la protección arancelaria, respetando la desgravación acordada en los TLC. A nivel institucional, propone la coordinación intersectorial, con un plan de ruta a 10 años, que incluya lo relativo a educación, salud y vías, consolidado en un Conpes rural.

Para lograr esas metas, la Misión propone crear un fondo de desarrollo rural incluyente, una agencia nacional de tierras y una agencia de promoción de inversiones, como banco de inversión en maquinaria. Ello supondrá la coordinación entre nación y territorio, y la participación de los actores.

La Misión cree que el posconflicto se construirá en las comunidades, y sus recomendaciones se alinean con los acuerdos firmados en las negociaciones de paz en La Habana, tratan de responder a los reclamos del movimiento campesino y van a exigir cuantiosos recursos, pero sobre se requiere voluntad política del Gobierno y de los actores rurales para adoptar una estrategia que repare la deuda histórica del país con el campo.

Beethoven Herrera Valencia

Profesor de las universidades Nacional y Externado

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