Cuando la falta de civismo y la ley del menor respeto se imponen sobre una sociedad, el desorden hace de las suyas. Es ahí cuando tenemos que realizar una reingeniería para construir una sociedad basada en principios y valores éticos, y donde cada uno de sus miembros comprenda que el universo de la libertad va hasta el punto donde afecte a los demás, no es ilimitada.
El crecimiento inusitado de la circulación de las motos en todas las ciudades y poblaciones colombianas, ligado al desconocimiento de las normas de tránsito de la mayoría de sus conductores, está afectando seriamente la movilidad, al igual que se han convertido en un factor de alta accidentalidad. Y lógico está incidiendo en el medio ambiente por los gases y el estridente ruido que generan. Según estimativos, ya hay más de cinco millones de estos vehículos matriculados en el país.
Lo anterior, ligado que para obtener la licencia de conducción de estos vehículos se no requiere tomar un curso en una escuela que certifique que el solicitante además de la experticia para conducir la moto, conoce a plenitud las normas de tránsito, ha conllevado a crear, en las ya escasas y saturadas vías urbanas, un delicado problema de movilidad y de grave accidentalidad que viene sacrificando vidas en todas las regiones del país.
Hoy lo que se observa es una lucha declarada sin cuartel en las vías. Por el carril de mayor velocidad circulan los vehículos que van despacio, incluyendo los de carga pesada, las motos que deberían circular por el carril más lento lo hacen por todo el centro y atravesándose en forma peligrosa a los demás automotores, afectando la baja velocidad promedio que hoy tenemos, siendo Bogotá una de las más afectadas.
Es normal ver motociclistas que se suben a los andenes y ciclo rutas, poniendo en riesgo la vida de peatones y ciclistas; vehículos que se estacionan en plena vía, carros de servicio público irrespetando las normas de tránsito, pero también de ciclistas que van por el centro de la vía y peatones que no hacen uso de los semáforos y puentes, en definitiva, es una selva donde lo de menos a tener en cuenta son las normas de tránsito y de convivencia.
Ahora, qué decir de lo que sucede en las ciudades intermedias y poblaciones pequeñas, donde es muy corriente ver a la mayoría de los jóvenes que manejan motos sin usar casco de protección, manejando a altas velocidades, sin silenciador y sin luces en las noches, violentando las normas de nuestro nuevo código de tránsito y transporte. Como diría un personaje cuando le preguntaron cómo iban con la aplicación de la Ley 80 de contratación en la región donde vivía, “esa Ley por aquí no ha pegado”.
Tengo claro en mi mente el pedido angustioso de los operadores de turismo de un municipio patrimonio de la humanidad y con alta afluencia de turistas nacionales y extranjeros, solicitando medidas de control por la gravedad del problema que los aqueja con la nube de vehículos, especialmente motos que circulan sin el respeto de las normas, al igual que la baja capacidad operativa de las autoridades para hacerlas cumplir.
Ante ese panorama complejo y cada vez deteriorado en las vías, que afectan el desarrollo de las ciudades y poblaciones colombianas, al igual que desestimula el crecimiento del turismo tanto interno como externo, se hace necesario tomar acciones urgentes para cambiar el comportamiento urbano en las vías.
En este sentido, necesitamos un plan de convivencia ciudadana de largo aliento que comience a permear los propios hogares colombianos, donde el respeto de las normas sea un principio fundamental que se infunda desde la niñez. La responsabilidad de la educación en valores y principios éticos es de la familia, no exclusivamente de los centros educativos.
También es prioritario establecer la obligatoriedad para conductores de vehículos y motociclistas de tomar y aprobar un curso sobre normas de tránsito y convivencia ciudadana, de tal forma que contribuya a reducir la accidentalidad que hoy cobra muchas vidas. La vida por encima de la complacencia por el incumplimiento de las normas viales.
Así mismo, es urgente superar el atraso en el desarrollo de los sistemas de transporte público eficiente y sostenible en el largo plazo. Los trancones ya no sólo son característica de Bogotá sino también de las ciudades intermedias y poblaciones de más de cincuenta mil habitantes.
En el caso de Bogotá, necesitamos una intervención de alto grado porque estamos en el peor de los mundos, y la luz a través del túnel está lejos de avizorarse. Es hora de aplicar soluciones concretas a este complejo problema.
Jesús Antonio Vargas O.
Economista y administrador público