No es necesario abolir la tutela para acabar con ella

A finales de los ochenta, cuando más de uno creía que la pandemia del sida era el cumplimiento de las profecías del Apocalipsis, un grupo de científicos en Estados Unidos desarrolló un compuesto para dar una esperanza a los pacientes.

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
septiembre 19 de 2013
2013-09-19 07:13 p.m.

Lo llamaron AZT, un medicamento capaz de prolongar en seis meses la vida de las personas afectadas por el virus.

En muchos países –y Colombia no fue la excepción– se dio un consabido y descarnado debate: ¿se justificaba una inversión millonaria para dar a los pacientes un medicamento que ofrecía una sobrevida tan modesta? Pese a las objeciones, triunfó el sí, y las personas con VIH comenzaron a vivir seis meses más, un año, dos años, cinco… y la cuenta ya supera los veinte años de vida extra. ¿Cuántas vidas habría cobrado la epidemia si las autoridades no hubieran concedido el registro al medicamento y las tutelas no hubieran garantizado el acceso al tratamiento?

Sin embargo, la lección pasó al olvido en virtud de esa lógica de nuestros insignes economistas de convertir a los pacientes en simples números. Probablemente para conjurar los indeseados costos de las tutelas, ahora resulta que la estrategia oficial consiste en negar el ingreso a Colombia de productos de última tecnología que en el futuro podrían llegar a los pacientes mediante aquel recurso legal. Nos vendieron la idea de que la tutela no se acabaría, pero en la práctica la están aboliendo por sustracción de materia. Al fin y al cabo, un medicamento no aprobado es un medicamento que no existe.

Lo anterior es particularmente evidente en el caso de los tratamientos contra el cáncer. Súbitamente, nuestras autoridades están impidiendo el ingreso de nuevos fármacos que ya fueron aprobados en países desarrollados e incluso en otros de Latinoamérica. Mientras en 2010 y 2011 nuestra autoridad sanitaria aprobó la mayoría de tratamientos de última generación, en los últimos meses viene cambiando sus criterios, a tal punto que la mitad de las solicitudes han sido rechazadas. El argumento es que se deben presentar datos adicionales, muchos de los cuales, debido al diseño de los estudios, son imposibles de obtener o tomaría una eternidad conseguirlos.

Es un criterio francamente inhumano. Países más sensibles frente a estas enfermedades hacen justamente lo contrario: para dar una esperanza a los pacientes, en ciertos casos conceden registros provisionales a productos que no han terminado de demostrar todas sus bondades. Como no son enfermedades masivas y las nuevas terapias deben ser administradas a pacientes con características específicas, el número de beneficiarios es bajo y, por tanto, el temor a que las finanzas del sistema se derrumben queda completamente disipado.

Qué sutil forma de hacerle conejo a la ley de nuestra excongresista Sandra Ceballos (q.e.p.d.), que tanto luchó para que las personas con cáncer contaran con atención integral y los últimos adelantos para tratar su enfermedad. A la estrategia de las EPS de inventar toda suerte de marañas para dilatar la entrega de los medicamentos ya aprobados, ahora se suma la estrategia oficial de negar la existencia de nuevas tecnologías. Es claro: tenemos una legislación que mantiene la tutela y nos ofrece un POS sin límites, pero el gobierno crea una realidad limitada a los pañitos de agua tibia, la aspirina y el acetaminofén.

 

Denis Silva
Coordinador de Pacientes Colombia

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