‘Negociar con campesinos será tan difícil como en La Habana’

Para el exministro, el Gobierno –al parecer– ‘apagó el incendio con gasolina’, al referirse al pasado paro agrario, pues lo que vendría en las siguientes negociaciones le traería un alto costo al Estado.

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
mayo 20 de 2014
2014-05-20 01:43 a.m.

El exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, llamó la atención por las consecuencias, ‘no tanto en términos fiscales, como institucionales’ sobre el documento Pliego de Exigencias de la Cumbre Agraria, presentado al Gobierno el 21 de marzo.

Restrepo dice que ese movimiento lo lidera Marcha Patriótica, que fue reconocido por el Gobierno como un negociador válido y legítimo.

La organización, a su vez, representa a asociaciones de tipo campesino, indígena, afrodescendientes y otras minorías.

¿El reconocimiento para Cumbre Agraria incidió para desactivar el paro?

El paro era incómodo para el Gobierno en vísperas de elecciones, y para aislar hábilmente a las ‘dignidades’ –como se hizo–, fue reconocerle personería negociadora a una Mesa Unificada de la Marcha Patriótica.

¿Cuál es la crítica que usted le hace al mencionado documento?

Todas. Las dificultades se verán en el futuro cuando comience la dinámica de las negociaciones que se han abierto, cuyos planteamientos son supremamente radicales.

¿Qué tan radicales?

Las pretensiones son más radicales de lo que han sido las posturas de las Farc en La Habana.
Cuando se revisan las ‘exigencias’ (así las llaman) se nota que es un catálogo de peticiones políticas que conforman prácticamente una nueva visión del Estado.

¿Por ejemplo?

Rebasan largamente las aspiraciones estrictamente campesinas.

Entre otras, exigen la derogatoria de las normas relacionadas con temas como salud, educación básica y educación superior, asuntos que no tienen nada que ver con el agro.

La desmilitarización de los territorios indígenas, campesinos, afrodescendientes, urbanos y universitarios, es decir, de todo el país.

¿Y la palabra ‘condonación’ también hace parte del petitorio?

Sí, claro. Para las deudas contraídas con el sistema financiero, el Icetex y las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.

¿Y en minería?

También. El petitorio tiene 15 exigencias, de las que se destacan una moratoria general en el país de todo licenciamiento minero y energético.

La reversión de los bloques petroleros y las concesiones otorgadas y de todos los títulos mineros en territorios ancestrales, indígenas y afro sin haber hecho consultas.

Ha sido evidente la oposición de estos movimientos as los TLC, ¿qué reclaman?

Exigen su renuncia por parte de Colombia de los que están firmados y que no se negocien nuevos.

¿Y de la inversión extranjera en el sector agropecuario?

Prácticamente quieren espantar a los potenciales inversionistas extranjeros en el agro, pues exigen que ninguna persona natural o jurídica de otra nacionalidad compre, use, arriende o tenga algún tipo de relación con la tenencia de la tierra.

¿Las consultas previas también hacen parte de las exigencias?

Están contempladas en la ley, la constitución y los tratados internacionales,sólo para comunidades étnicas minoritarias: indígenas y afro descendientes.

Sin embargo, pretenden ampliarlas a temas como la construcción de carreteras (una vieja pretensión de las Farc) y a todo lo que se haga en las áreas rurales. Es una inaceptable y peligrosísima pretensión.

¿Presionan acerca de este tema?

Con miras (supongo) a generalizar a todo el territorio nacional el procedimiento de las consultas previas, los líderes de esta mesa de diálogo que aceptó el gobierno están exigiendo que se incluya en el censo agrario una pregunta al respecto.

Otro tema que han reclamado los campesinos ha sido el de las Zonas de Reserva Campesina ¿Tienen pretensiones adicionales?

Las Zonas de Reserva campesina (ZRC) es un mecanismo de desarrollo rural creado por la ley 160 de 1994, no unas ‘republiquetas’ dotadas de autonomía judicial, presupuestal, administrativa y política.
La visión de quienes participan en esta mesa parece abogar más por lo segundo que por lo primero.

Así las cosas, ¿las pretensiones son de tipo político?

Es evidente que esta mesa tiene un claro perfil político que desborda de lejos las reivindicaciones meramente campesinas.

Reconociéndole legitimidad a esta, el Gobierno levantó rápidamente el paro, y hábilmente marginó a las llamadas ‘dignidades’.

¿Qué costo tiene para el estado?

Lo que puede llegar a pagarse con esta fórmula que se escogió para desactivar el paro es potencialmente gigantesco.

No tanto en términos fiscales, como institucionales.

¿QUÉ ES LA CUMBRE AGRARIA?

Según reporte del Ministerio del Interior, la llamada Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, está compuesta por la Marcha Patriótica, la MIA (Mesa de Interlocución Agraria), el Congreso de los Pueblos, la ONIC, la Anafro, Ascancat, PCN (Proceso de Comunidades Negras), comité de asociación del Macizo (CIMA) y organizaciones sindicales como Funtra energética.

Sus principales representantes son Andrés Gil, Jesús Alberto Castilla, Luis Fernando Arias, Robert Daza, Marylen Serna y José Santos Caicedo.

La Cumbre Agraria participó en el pasado en 40 concentraciones con cerca de 20.000 personas, en 11 departamentos: Casanare, Tolima, Putumayo, Valle, Cauca, Santander, Arauca, Antioquia, Meta, Cesar y Norte de Santander.
 

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