Al oído del Presidente y del Congreso de la República

A propósito de la encrucijada en la elección del Contralor General.

Redacción Portafolio
Opinión
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Redacción Portafolio
agosto 19 de 2014
2014-08-19 10:49 p.m.

El Consejo de Estado y la Corte Suprema escucharon a los ciudadanos aspirantes a integrar la terna para Contralor General, y sobre la base de sus hojas de vida y de su presentación ante los magistrados, efectuaron la elección.

Esto no ocurrió en la Corte Constitucional, que aplicó el artículo 77 de su Reglamento (sobre “Votación”) introduciendo un procedimiento de “preselección” (aún no aprobado por esa Corporación) mediante el cual evitó escuchar a ocho ciudadanos, entre ellos al suscrito, lo que vulneró nuestros derechos fundamentales a la igualdad, a ser elegido, a participar, al debido proceso, al libre acceso a la administración pública,…, derechos humanos protegidos universalmente.

Por la vulneración descrita interpuse la Acción de Tutela ante la Corte Suprema de Justicia, quien tiene la obligación de atender en segunda instancia por ser la forma dispuesta en nuestra legislación para amparar los derechos, junto con las medidas cautelares que solicité con dicho propósito, pendientes de decretar, situación informada a la CIDH. Un eventual fallo favorable posterior a la elección del contralor causaría un daño irreparable al Estado colombiano y a sus instituciones, con perjuicio patrimonial que generará la correspondiente Acción de Repetición, daño que puede evitarse.

Con este conocimiento, el Congreso de la República enfrenta además la encrucijada de elegir el contralor, según mandato constitucional, sobre la base de candidatos ternados que, en esta ocasión, suscitan el rechazo general de la sociedad: Por una parte, los tres cargan antecedentes negativos, a cual más grave, desde compromisos clientelistas hasta presuntos vínculos con grupos armados de terror, en uno de los casos. Y por otro lado, adolecen de experiencia suficiente y conocimientos prácticos en la materia que aplicarían, según sus hojas de vida y por denuncias, en el caso del candidato de la Corte Constitucional, que divulgaron algunos de sus propios magistrados. Por ello, a continuación comparto la solución expuesta a varios congresistas del Partido Liberal, de la U, del Polo Democrático y del Partido Verde, que complementa la consideración de la tutela, interpuesta antes de la designación del ex procurador como candidato.

Los escasos requisitos permiten en la práctica que casi cualquiera pudiera ejercer el cargo. Pero la Constitución Política reviste a la Contraloría General del “carácter técnico” (artículo 267), condición que el Congreso de la República debe garantizar y preservar con la elección de un contralor igualmente técnico. La cualificación y experticia que el Congreso evalúe permitirá enderezar el entuerto: Si, en cumplimiento de sus responsabilidades ante la Constitución y el país considera, inicialmente a través de la Comisión de Acreditación, o directamente por sus miembros en Plenaria, que los candidatos no poseen los conocimientos especiales, o la pericia o habilidad para usar los procedimientos y recursos del control fiscal, ni la habilidad para ejecutar esta materia (adaptación de las definiciones del término “técnico” en la Real Academia española, aplicables al caso) el Congreso de la República puede, y debe, devolver la terna para subsanar la deficiencia.

Vigilar los recursos públicos es un concepto cuyo traslado al terreno práctico es tan complejo que su ejercicio no se aprehende leyendo textos ni en un aula universitaria, lo que no significa que pueda prescindirse del estudio permanente. El control fiscal se aprende haciendo, y se logra su dominio al cabo de los años. Por ello un Contralor General sin la idoneidad y competencia en este campo especializado (técnico, en términos de la Constitución Política vigente), termina su período sin comprender cabalmente esta función pública. Una evidencia de la complejidad es que el Plan Estratégico normalmente se expide por allá en abril del siguiente año a su posesión, mientras revisa alguna documentación, perdiendo en promedio 8 meses para los nuevos lineamientos, lo que se traduce en un período a media máquina.

Si el Presidente de la República se propone pasar a la historia, no como el decimocuarto en ser reelegido, sino como el estadista que catapultó al país y a su pueblo a mayores niveles de bienestar, justicia y competitividad, debe contar con una Contraloría General de la República independiente, autónoma y competente para promover una sociedad distinta y posible. Y desde la asesoría técnica para un Plan Nacional de Desarrollo que le dé la vuelta al país y cumpla los postulados de la campaña electoral, estoy, y estamos en la Contraloría General, dispuestos a acompañar al Ejecutivo, y a las demás ramas del poder público, para lograr la paz, con o sin guerrilla, pues concebimos la paz como justicia, incluida la justicia social, en cuyo ámbito se integran los tres pilares señalados por el Señor Presidente de la República.

Después del desliz comprensible, la Corte Constitucional restablecería los derechos del suscrito y votaría la propuesta (ver tips de ella en esta sección de Análisis de Portafolio, ediciones de octubre 24 y diciembre 5 de 2013, y de febrero 11 y julio 3 de 2014), si así lo determina la Corte Suprema al amparar mis derechos. En consecuencia, el Congreso de la República tendrá la opción de elegir el liderazgo de una Contraloría que contribuya a los resultados de equidad, desarrollo regional y justicia que requiere el escenario del posconflicto, sin los esperpentos de corrupción que afloraron en este cuatrienio, para que empiecen a ser historia del pasado, como el conflicto armado.
Gabriel Ángel Muriel González
Magíster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia.
gabrielangelmuriel@hotmail.com

 


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