Organizaciones consolidadas para la equidad

Es necesario concretar un marco jurídico que le brinde estabilidad y seguridad al sistema de las Cajas de compensación. Es preciso definir un esquema normativo bajo el cual se van a proteger los recursos de millones de colombianos.

Redacción Portafolio
Opinión
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Redacción Portafolio
noviembre 21 de 2014
2014-11-21 12:33 a.m.

Las cajas de compensación familiar enfrentan retos que asumirán con el sentido compromiso y responsabilidad que caracteriza su esfuerzo constante. Tal vez uno de los más grandes es aquel relacionado con la financiación, el cual es constantemente atacado con el propósito de atemperar los efectos perversos que producen en nuestra economía los cambios en la tasa de cambio, el contrabando, la carencia de infraestructura para la competitividad, los deplorables niveles de productividad, la corrupción, el cambio climático, o en aspectos no menos relevantes, como lo mencionaba José Manuel Restrepo, recientemente posesionado como rector de la Universidad del Rosario, eficiencia en los mercados, capital humano y su formación.

No entendemos, por tanto, como cuando se ha establecido por parte del segundo periodo del presidente Juan Manuel Santos como uno de los pilares de este nuevo cuatrienio, la equidad, sean los trabajadores, como lo pregonan algunos centros de pensamiento, quienes deban cargar con la responsabilidad social y económica de renunciar a los derechos y servicios que hoy le proporciona el subsidio familiar.

Estos mismos detractores no aplican igual rasero para el análisis y soluciones a la informalidad y el desempleo y dejan atrás propuestas justificadas con estudios superficiales, que no buscan otra cosa que maximizar utilidades a costa de los derechos de los trabajadores colocando al subsidio familiar de los trabajadores colombianos como el comodín para todo tipo de soluciones.

Hay que recordar que las disposiciones internacionales tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio 102 de la OIT, el Código Iberoamericano de la Seguridad Social y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), de manera unánime establecen criterios y fundamentos para concluir que nuestro Sistema de Subsidio Familiar es parte de la Seguridad Social en Colombia y por lo tanto también se cobija por la prohibición de regresividad, la obligación de progresividad, los principios de solidaridad, universalidad y eficiencia, así como la intangibilidad de los recursos que impide que los mismos sean destinados a otros fines.

Estos lineamientos internacionales que en su gran mayoría obligan al país, deben orientar la discusión en torno a las políticas públicas en beneficio de los trabajadores asalariados, y generar un aprovechamiento de la capacidad de gestión que han demostrado tener las Cajas de Compensación Familiar, así como una seguridad jurídica necesaria para su crecimiento y respaldo a los fines del Estado Social de Derecho.

Desde su creación, el Sistema de Subsidio Familiar, si bien ha contado con unos recursos de carácter parafiscal, que han permitido la consecución y aumento de sus prestaciones gracias a su alta tasa de retorno en beneficios para los trabajadores, también han enfrentado múltiples obligaciones prestacionales, que, de no ser por su función eficiente y equitativa, resultaría en desmedro de los mismos trabajadores. Así las cosas, desde la expedición de la Ley 49 de 1990, se inició la obligación de brindar subsidios de vivienda manteniéndose el 10 por ciento de aportes en administración.

Esta situación ha sido constante, tanto que con la expedición de la Ley 100 de 1993 se impuso la asignación de recursos para el Fosyga y con la Ley 789 de 2002 se estableció la destinación de recursos para la niñez y el Fosfec disminuyendo los gastos de administración al 8 por ciento.

Posteriormente, con la expedición de la Ley 1438 de 2011 se estableció una distribución de recursos para la Atención Primaria en Salud manteniendo los porcentajes de administración y aumentando la carga prestacional de las Cajas. Este aumento en el reparto de los recursos, demuestra entonces las trascendentes responsabilidades que tienen las Cajas en la distribución de aquellos que le son asignados y la reducción progresiva de sus ingresos, lo que con el tiempo repercutirá en los beneficios de los trabajadores, pues al restarle recursos a las Cajas no se disminuye su beneficio institucional sino que por el contrario, se resta el salario social a los trabajadores que, como se mencionó anteriormente, representa un alto grado de incidencia en la canasta familiar y por lo tanto en la capacidad adquisitiva de las familias, en la mejora de su calidad de vida y garantía de sus derechos fundamentales.

Esta situación se puede ver agravada si no se cuenta con un marco legal sólido, que brinde a todos los actores del Subsidio Familiar (Cajas de Compensación, empleadores, trabajadores y al Estado), un esquema de seguridad jurídica que garantice la sostenibilidad financiera y la intangibilidad de los recursos de los trabajadores. En este sentido, el Sistema hace un llamado a la concreción de este marco jurídico que le brinde estabilidad y seguridad, un sistema normativo bajo el cual se van a proteger los recursos de millones de colombianos.

No podría terminar este artículo sin mencionar las palabras del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en el XXVI Congreso de Asocajas: “Después de pensarlo mucho, llego a la conclusión de que las Cajas son irremplazables”.

Álvaro José Cobo Soto
Presidente Ejecutivo Asocajas
 

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