El año pasado, la Corporación Bienestar, con el apoyo de Raddar, la Corporación Pensamiento Siglo XXI y el Cesa hicieron las primeras estimaciones sobre el costo del posconflicto en Colombia, no solo apostándole al éxito del actual diálogo, sino con el fin de visualizar el esfuerzo que la economía debe hacer para que este proceso sea exitoso.
Las cifras son elocuentes. Hoy, la inversión -no el gasto, como algunos equivocadamente lo llaman- en defensa es cercano al 4 por ciento del PIB, y en el conflicto más de la mitad de este rubro, lo que significan cerca de 24 billones de pesos y 14 billones pesos respectivamente; mientras que en tiempos de paz, no solo es necesario mantener este rubro (se ha demostrado que después de un proceso de reinserción es necesario mantener el mismo pie de fuerza relativo por mínimo 20 años), sino reentrenar a la tropa para nuevos objetivos militares, asumir la reinserción, la reparación de víctimas y la restitución de tierras (sin considerar los costos definidos en el acuerdo, que ojalá se firme).
Así, planteaba el informe, el costo de la paz podría ser, incluso, cerca de 25 billones de pesos anuales por 20 años, en el cual, obviamente, no se consideran los costos de pérdidas de vidas, secuestros, extorsiones, derrames de petróleo, destrucción de infraestructura y otros rubros colaterales a la inversión en defensa, que sin duda son demasiado altos.
Esto significa que deberíamos dedicar hoy recursos por el 120 por ciento del IVA que pagan los hogares, mientras que destinamos un gasto público similar al 50 por ciento de este impuesto de las compras de los hogares para financiar las tropas en el conflicto.
Intuitivamente, asumimos que pagar más por lo mismo es menos rentable, pero lo cierto es que no lo hacemos, sino que pagamos de más por más gastos: porque debemos mantener la guerra y ganar la paz. Esto no tiene retornos de corto plazo, como se ha evidenciado en la inversión que se ha hecho en los últimos 20 años para evitar la toma del poder por parte de los grupos insurgentes y para la confianza de los inversionistas, pero se puede afirmar que la inversión ha tenido un efecto neto de cero, lo que ha permitido no solo la retención democrática del poder, sino un aumento significativo de la inversión.
Ahora, el costo será mayor, y esto se debe a que hemos creado un pasivo enorme en cerca del 40 por ciento de la población, según un estudio de hace algunos años, realizado por Lucía Jaramillo Ayerbe (hoy negociadora de paz) desde la Fundación Buen Gobierno, que ha sido víctima del conflicto, y que debemos reparar, mientras consolidamos el fin del conflicto y redireccionamos recursos de seguridad nacional a seguridad ciudadana.
Este retorno será positivo, debido a que los dineros invertidos en el conflicto retornaron por recursos exógenos generados, mientras que esta inversión causará un flujo de recursos en la economía directo que no solo generará empleo, sino un aumento de capital en los hogares, lo que dinamizará la demanda interna, ayudando a financiar el mismo proceso: una bala disparada se pierde, una hectárea sembrada produce.
Por eso, es fundamental apoyar el proceso, marchar por nosotros, las victimas (dejando atrás el equivocado perfil político que se le ha dado) y comprender que la paz cuesta más que la guerra, pero es mucho más eficiente para todos.
Camilo Herrera Mora
Presidente de Raddar