Peligra plan de VIS en Soacha

El presupuesto anual de Soacha para obras públicas es de $5.000 millones.

Redacción Portafolio
POR:
Redacción Portafolio
julio 29 de 2011
2011-07-29 12:30 a.m.

 

No hay razón para cobrarles a los nuevos proyectos el atraso histórico de Soacha; el camino a seguir es entender que es el momento de tener un municipio que sea ejemplo de desarrollo urbano.

La invitación es mirar cómo potencializar una oportunidad que abren el Gobierno y el sector privado.

Durante los primeros seis meses del año, las ventas de vivienda en Colombia crecieron un 18%, la construcción de Vivienda de Interés Social (VIS) aumentó en un 23% y el licenciamiento alcanzó un crecimiento de 91% en lo corrido del año. Esto acelera la locomotora de la vivienda.

Hoy, que los resultados lo demuestran y cuando se ha logrado integrar una política de vivienda que contempla la oferta y la demanda, resulta insólito que se esté pensando en frenar en Soacha las construcciones para Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés Prioritario (VIP).

El Concejo de esta localidad está por aprobar un proyecto de acuerdo para suspender la construcción de VIS y de VIP. Están en juego 140.000 empleos directos, 92.396 viviendas, 6 proyectos y el macroproyecto más grande del país.

El presupuesto anual de Soacha para obras públicas es de $5.000 millones y para redes de acueducto y alcantarillado de $2.500 millones.

Uno solo de los proyectos urbanísticos apalanca recursos por $282.000 millones, equivalente a 37,6 veces el presupuesto en obras públicas, y acueducto y alcantarillado del municipio.

Estos proyectos, que en total suman más de 700 hectáreas, tienen una conceptualización integral e incorporan claros conceptos de preservación ambiental y de esparcimiento. Para parques, zonas verdes y áreas de protección ambiental se destinaron 205 hectáreas, así como 56 hectáreas de equipamientos, 62 de malla vial arterial, 60 de malla vial local y 323 de área útil (viviendas, comercio e industria).

La distribución por destino de las viviendas es de 44% para VIP y 56% para VIS, con un número estimado de 317.842 habitantes.

El proyecto de acuerdo del Concejo de Soacha podría dar al traste con todas estas expectativas, sin contar que desde el punto de vista legal desconoce que las licencias hasta hoy expedidas han sido otorgadas con pleno cumplimiento de los requisitos fijados en la ley.

En ese sentido, los constructores cuentan con un acto administrativo en firme que los autoriza y les otorga el derecho de ejecutar las obras que actualmente adelantan en ese municipio, suspenderlo ocasionaría un perjuicio injustificado a los titulares de las licencias.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que el proceso de licenciamiento se erige como aquel mecanismo por el cual el Estado autoriza a los particulares, propietarios o poseedores para desarrollar procesos de urbanismo, parcelación de predios, construcción, demolición de edificaciones e intervención del espacio público.

Las licencias urbanísticas tienen el carácter de acto administrativo y como tal ostentan una presunción de legalidad que puede ser debatida únicamente en sede administrativa o judicial, mas no es una facultad de la rama legislativa, en este caso el Concejo.

De igual manera, la Ley 388 de 1997 dispone que opera la suspensión de las obras en los casos en que no medie una licencia de construcción o que lo aprobado no corresponda con lo efectivamente ejecutado, facultad que radica exclusivamente en cabeza del Alcalde o su delegado.

El Concejo está perdiendo de vista la realidad de los procesos constructivos y de urbanismo que hoy se efectúan, los cuales en su mayoría se desarrollan por etapas.

Al suspender la construcción de las obras se vulneran lineamientos y principios de superior jerarquía, generando un retroceso en cuanto a la habilitación de suelo, tiempos de construcción, consolidación de los desarrollos urbanísticos, y se convierte en un retraso injustificado a la generación de VIS y VIP, que en este momento tiene unas proyecciones de cerca de 100.000 viviendas para este municipio.

De otra parte, el proyecto sumaría requisitos al Decreto Nacional 1469 de 2010, sin respetar su jerarquía legislativa, bajo la premisa de la aprobación del plano urbanístico que contempla aspectos como: afectaciones, cesiones para parques, equipamientos comunales y vías locales con arreglo a lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial. De igual manera, afectaría a los compradores que ya invirtieron en estos proyectos.

La incertidumbre que genera una medida como esta, puede traducirse que tanto los recursos públicos migren hacia otras zonas que garanticen estabilidad jurídica.

En el 2000 se implementó una medida similar en este municipio y el resultado fue el aumento considerable de la construcción ilegal. Soacha viene superando su atraso histórico, en desarrollo urbanístico, está convirtiéndose en un polo de desarrollo y parar en seco estos proyectos es cerrar las puestas a un futuro y poner talanqueras a su crecimiento armónico. Es demasiado lo que está en juego si se aprueba este acuerdo.

Algunos de estos proyectos tienen concurrencias de recursos y de voluntades políticas de la nación, del departamento y del municipio.

Esto garantiza a Soacha tener un mejor presente y futuro que va a jalonar el desarrollo desde el punto de vista de inversión, del recaudo del predial, de tener equipamientos, un mejor urbanismo y calidad de vida.

Este es un llamado a la reflexión: no existe razón para cobrarle a los nuevos proyectos el atraso histórico de Soacha; el camino a seguir es entender es el momento de tener un municipio que sea ejemplo de desarrollo urbano.

Si los constructores y las fuerzas vivas de Soacha apuntamos a la misma dirección, el municipio dará un salto histórico. La invitación es para mirar cómo potencializar una oportunidad que abren tanto el Gobierno como el sector privado legal.

Sandra Forero Ramírez

Presidente de Camacol

Nuestros columnistas

día a día
Lunes
martes
Miércoles
jueves
viernes
sábado