Plan Nacional de Desarrollo Santos II

Uno de los retos del PND es cumplir las exigencias de la Ocde para lograr su membresía, lo cual supone disminuir desigualdad con una pobreza del 30,7 %, extrema pobreza 9,1 % y coeficiente de Gini (0,48), de los más altos de la región.

Redacción Portafolio
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marzo 05 de 2015
2015-03-05 02:28 a.m.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) ‘Todos por un Nuevo País’ se presentó al Congreso el 6 de febrero, y podría ser la excepción de convertirse en saludo a la bandera, al articular el manejo económico de la paz con el fin del conflicto armado como anticipo a los Acuerdos de La Habana.

Además tiene la impronta de Simón Gaviria, exitoso político y tecnócrata hijo de expresidente. El trámite anticipa un debate por artículos polémicos e incertidumbre sobre fuentes de financiación.

La retórica cambia las cinco ‘locomotoras’ del plan anterior por los tres pilares: Paz, Equidad y Educación, una inversión de $703 billones proyectados para el periodo 2014-2018, cinco estrategias transversales con la siguiente asignación porcentual de recursos respecto del total: i) Movilidad social (44,10%); ii) Competitividad e Infraestructura estratégicas (26,86 %); iii) Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de Paz (19,52 %); iv) Transformación del Campo (7%); y v) Buen Gobierno (1,17 %). El plan destina a Educación $101 billones, por encima de seguridad y defensa ($90 billones), lo cual es de buen recibo en sectores académicos y demócratas.

El eje nuclear del PND es el crecimiento verde, deuda pendiente con el medioambiente con una asignación de 1,17 % de la inversión total, es decir, la actividad socioeconómica estaría apalancada en la sostenibilidad ambiental, reduce la vulnerabilidad del país frente a desastres naturales, al cambio climático y protege el capital natural más biodiverso por unidad de superficie en el mundo.

Dos innovaciones tiene el Plan: un enfoque territorial que interpreta la disparidad de ingreso y desarrollo regional, donde unos pocos departamentos contribuyen con el 50 % del PIB. Este planteamiento se sustenta en reducir las brechas sociales y se promueve la equidad, desde el crecimiento económico. Además, incorpora 699 indicadores para evaluar la ejecución y los resultados obtenidos.

Los 200 artículos contienen un menú variado que va desde una reforma al código minero que pondría orden en la explotación ilegal y antitécnica de este sector; la creación de un fondo para la salud que sustituya al Fosyga (Fondo de solidaridad y garantía); reforma al Catastro que actualice información sobre los predios para poder aplicar un impuesto predial actualizado; un fondo para financiar la infraestructura educativa que sustente la jornada única; un fondo para el programa ‘Todos somos Pacífico’, que rescate esta olvidada y convulsionada región, y finalmente se piden facultades para que el presidente reestructure entidades del Estado. Algunos ya acusan que se trata de propuestas para saltar el proceso legislativo o revivir las que fueron rechazadas.

Surgen dudas sobre la financiación, dado el contexto económico internacional desfavorable para Colombia. Es cierto que se ajustó alrededor de 11% a la baja los recursos destinados al PND para estar en “línea con la realidad fiscal del país”. Aun así, la caída de los precios del petróleo, la necesidad de disminuir gastos de funcionamiento para favorecer inversión y generar mayores ingresos, son asuntos no resueltos en el horizonte inmediato.

En primer lugar, la caída en el precio del petróleo impone una restricción efectiva en la inversión del Gobierno, atado a la sostenibilidad de la deuda y seguir la senda de la regla fiscal. De acuerdo al análisis contenido en el PND, la caída de US$ 1 en el precio del petróleo provoca una disminución de los ingresos del Gobierno Central ($433 mil millones), y el efecto de la devaluación del peso frente al dólar no equilibra la balanza. Para equilibrar las finanzas públicas es imperativa una reforma tributaria y otra pensional. Al respecto el Consejo Nacional de Planeación recomienda “hacer explícitos los supuestos del crecimiento demográfico del país y de los cambios esperados en dicha estructura demográfica”, pues las decisiones de política deben ser tomadas con base en condiciones estructurales. A pesar de plantearse una reforma tributaria y pensional, no considera la demografía y la formulación de soluciones estructurales: tenemos 10 personas en edad de trabajar por adulto mayor.

En segundo lugar, genera distorsiones e incertidumbre en el mercado, la costumbre de aplicar reformas tributarias de corto plazo que gravan más a las empresas que a las personas, restándoles competitividad. Esto, a su vez, desincentiva la inversión extranjera en el país y la creación de empleo formal; aun así, la informalidad causa efectos perniciosos a nivel fiscal y de equidad. Al respecto, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, señaló: “La desigualdad conspira contra la competitividad, contra la sostenibilidad y contra la paz”.

Uno de los retos del plan es cumplir las exigencias de la Ocde para lograr su membresía, lo cual supone disminuir desigualdad con una pobreza del 30,7 %, extrema pobreza 9,1 % y coeficiente de Gini (0,48), de los más altos de la región. Diversificar la economía basada en bienes primarios, donde 5 productos representan el 70 % de las exportaciones, con una caída del 6,8% en el 2014. Cómo competir en un mundo globalizado con un rezago en infraestructura que, según el BM, nos ubica en el puesto 92 entre 162 países. ¿Entenderá nuestra clase política que por encima de sus ambiciones personales están los intereses colectivos de la Nación?

Ricardo Mosquera M.
Exrector, Profesor Asociado UNAL
 

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