Política laboral de EE.UU.

Definitivamente es muy difícil entender a los presidentes de los gremios empresariales de Colombia.

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
mayo 02 de 2011
2011-05-02 01:41 a.m.

 

Cuando se conocieron las exigencias del Gobierno de estadounidense, que replantean las políticas laborales del país, salieron, especialmente el presidente de la Andi, a apoyarlas y a expresar su complacencia, porque al cumplirse esas demandas se aprobaría el TLC con EE. UU., según ellos.

Cuando se mira la historia de las políticas gubernamentales, en especial la más reciente, es evidente que los empresarios y el sector privado en general han sido identificados como el verdadero motor del desarrollo nacional, y el Plan del gobierno Santos no se aparta de esa postura.

Esta visión se ha traducido en cantidad de privilegios para sectores empresariales que llevó a una situación muy compleja en el país: hacer más barato el capital que es nuestro recurso escaso, frente a la mano de obra que es el más abundante.

La realidad actual corrobora los resultados de esta política: un modelo de crecimiento sin empleo y una recuperación como la que se vive hoy, sin aumento significativo de la ocupación formal.

Hoy, Colombia tiene una de las tasas de desempleo abierto más alta de América Latina, 10,8%, según el Dane, y una informalidad del 60%. La pobreza es del 45%, la indigencia del 16% y la mayor concentración del ingreso de la región.

Esto significa que, mientras los empresarios aumentan sus beneficios y se incrementa la participación del capital en las cuentas nacionales, los ingresos de los trabajadores disminuyen. Entre 2002 y 2007, mientras la participación en el PIB de los beneficios de los empresarios (excedente bruto de explotación) aumentó en 4,9 puntos, la participación de los ingresos de los trabajadores cayó en 3,5 puntos.

Esta política continúa: frente a la no renovación del Atpdea, el Gobierno acaba de anunciar préstamos súper blandos para los exportadores que se afectan con las tarifas de sus productos, que volvieron a elevarse a los niveles pre-Atpdea.

Frente a la precaria situación de hombres, y especialmente de mujeres en el mercado laboral, urbano y rural, el Gobierno gringo reaccionó de manera contundente dándole un giro de 180 grados a lo que se ha vuelto el manejo empresarial de su mano de obra.

Qué vergüenza debería sentir la dirigencia pública y privada del país. El problema puede ser de soberanía, como menciona María Isabel Rueda en El Tiempo, ante la agachada de cabeza de Santos y la debilidad frente al poder gringo.

Pero peor aún, es que esos cambios tengan que venir de presiones externas, cuando deberían ser la principal preocupación nacional, en especial de aquellos que más se benefician del trabajo de la mano de obra explotada y descuidada por patronos y Gobierno. Los dos están contribuyendo a la precariedad de la fuerza laboral colombiana. El Gobierno, especialmente en los últimos 8 años, y hasta ahora no se ven cambios, llenó sus instituciones de personas fuera de la nómina, con contratos a dos y tres meses, sin enfrentar su responsabilidad de proveer parte del costo de la seguridad social.

Inestabilidad es la palabra para describir la situación de nuestros trabajadores, y el costo de haber 'reducido' en teoría la burocracia, tan útil y ponderada en otras latitudes.

Los mal llamados burócratas sí tienen que asumir el costo político de sus decisiones, cosa que no le pasa a los miles de miles de consultores; conservan la historia institucional y como decía Rodrigo Botero hace unos años, mantienen esa "agenda implícita del Gobierno" que ha ayudado a que buenos programas permanezcan a pesar del complejo de Adán de la mayoría de los mandatarios.

Se acabó el sindicalismo en el país, que como lo reconoce León Valencia, en Semana, hoy escasamente reúne al 4% de los trabajadores, porque el Gobierno le abrió la puerta a los empresarios para que utilizaran las perversas cooperativas de trabajo que, según Bonilla, les rebajan sus costos laborales hasta en más de un 30%; les apoyó la informalidad del trabajo formal, ese que se supone ellos generan.

Pero peor aún, les creyó el cuento de que gracias a la tristemente célebre confianza inversionista, que de alguna manera continúa, se elevaría el número de trabajos decentes. Esto no pasó; las islas de modernidad rurales cambiaron sus nóminas por cooperativas; las urbanas, aun las grandes empresas, también apoyaron esta modalidad, y en total no se creó el empleo decente que prometieron. Y nada les pasó.

¿Alguien del Gobierno actual ha planteado la universalidad del sistema de seguridad social o el cumplimiento de la afiliación de los trabajadores de la construcción al seguro de accidentes? Más de lo mismo. Señor Ministro de Agricultura, revise el cumplimiento del Código Sustantivo de Trabajo en el campo. En algunos departamentos de la Costa el jornal diario difícilmente supera los 10 mil pesos.

Lo que exige el Gobierno norteamericano es voltear esta situación totalmente.

Cuando se han estado destruyendo los sindicatos, ahora tienen que fortalecerse; cuando el Gobierno se ha hecho el loco con las CTA, ahora le toca acabarlas; cuando matan sindicalistas o los estigmatizan, ahora tiene que darles más protección que a los parlamentarios. Y eso que el presidente Obama y su equipo no mencionan lo que pasa en el sector rural, donde la informalidad raya en el 70%, no tienen tierra, matan a sus líderes y la violencia rural, los vuelve millones de indigentes en las ciudades.

No es fácil de entender la euforia de los empresarios, porque las exigencias gringas no sólo aumentan sus costos cuando los obliguen a hacer lo que han evadido, cumplir las leyes laborales, sino que les va a tocar fortalecer lo que con facilidad deshicieron, el derecho a la huelga y a la asociación.

O son muy ligeros en sus reacciones, o como conocen cómo funciona Colombia, porque llevan décadas representando los intereses de las grandes empresas, -nacionales y multinacionales-, parten del supuesto que rige en el país: hecha la norma hecha la trampa. Pero no han visto que en EE. UU., donde sí hay sindicatos fuertes y políticos con ideología, no les va a ser fácil hacerse los locos.

Además, los empresarios norteamericanos no van a permitir un dumping social: que en Colombia no se cumplan las normas laborales y por eso les puedan competir con ventaja a ellos, que sí las respetan, porque el gobierno se los exige.

Así que esta política laboral de EE. UU. va en serio, y es mejor que los gremios le bajen a la euforia y empiecen a cumplir todo lo que está recogido en el Código Sustantivo del Trabajo que hasta ahora, afortunadamente no han logrado derogar.


Cecilia López Montaño
Ex ministra de Agricultura

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