Y se pronunció la comisión de expertos tributarios

Hay que tener mucho cuidado a la hora de tomar decisiones sobre las exenciones en materia de IVA. No solamente se afectaría a las clases menos favorecidas, sino que se fomentaría la informalidad en los sectores que producen alimentos, lo que en últimas impactará el recaudo.

Redacción Portafolio
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julio 10 de 2015
2015-07-10 03:29 a.m.

No llevaba más de 24 horas de conocido el primer informe de la Comisión de Expertos Tributarios, cuando el Presidente de la República le salió al paso anunciando que su gobierno no está pensando en presentar ninguna nueva reforma tributaria. Sin embargo, a reglón seguido, abre la puerta: “si lo hacemos, lo haríamos en concertación con el sector privado”.

Esta declaración la hizo durante la inauguración de una planta embotelladora de gaseosas, pues a ningún Presidente se le ocurriría ir a la casa de una importante multinacional a decirle que le va a subir los impuestos. Recientemente, la agenda presidencial ha estado colmada de visitas a plantas industriales, para transmitir mensajes de tranquilidad a este sector.

Sin embargo, varias empresas han decidido irse del país en la búsqueda de entornos que ofrezcan competitividad.

Y es que la competitividad es el principal aspecto que abordan los comisionados al analizar el sistema tributario colombiano, al que acusan de castigar la eficiencia económica, la formalidad laboral y la facilidad para hacer negocios. El informe es particularmente duro con las prácticas gubernamentales de convertir en permanentes impuestos transitorios y anti-técnicos que fueron establecidos en momentos complicados de la coyuntura económica. Tal vez ello es más producto de la comodidad de quienes diseñan la política tributaria. Es mejor mantener aquellos impuestos que son fáciles de recaudar y sobre los que se tiene certeza sobre su base de recaudo, antes que pensar en un sistema impositivo eficiente, equitativo, que grave menos a las empresas y no atemorice la inversión privada.

Pero detrás del mensaje del Presidente también hay un tinte político. Este es un año de elecciones regionales, las cuales serán cruciales en la conformación del mapa político que se construirá de cara a la carrera presidencial para 2018. Y las elecciones se ganan con promesas electoreras no con más impuestos. Esto querría decir que una posible reforma tributaria estructural sería poco más que inconveniente y podría no estar en los planes gubernamentales para 2015.

También se podría pensar que el Presidente lo que pretendía con esta señal es ratificar que su política económica es coherente y que mal haría en lanzar un programa de reactivación económica, el PIPE 2.0, para luego tirárselo con una reforma de fondo que inevitablemente tendría que subir los impuestos.

Por ello el dilema del Gobierno es enorme: hacer en 2015 una reforma tributaria que aumente el recaudo y que compense estructuralmente los faltantes de recursos por la caída en de los ingresos petroleros; o posponer la reforma y esperar a que la economía tenga un respiro en lo que resta de este año y presentar la reforma en 2016 para que sus efectos se vean en las cuentas de 2017.

El enemigo de la primera opción es el tiempo, pues quedan pocos meses para abordar de manera exhaustiva todos los elementos de una reforma estructural que debería tener como objetivo de fondo promover, o no afectar, el crecimiento económico. Esto implicaría hacer la reforma estructural por pedazos, abordando cada año sus distintos componentes hasta llegar a un sistema impositivo que pudiera considerarse ideal. Nos demoraríamos años.

El Gobierno ya ha dado pistas de que quiere echarle mano a las entidades sin ánimo de lucro, pues algunas se han convertido en un mecanismo para evadir o eludir el régimen tributario. Y aunque no se ha calculado cuanto sería el recaudo potencial que generarían estas entidades en caso de que llegaren a tributar, el lobby que harán más de 12 mil asociaciones, 10 mil fundaciones y 7 mil cooperativas ante el Gobierno y el Congreso será histórico.

La segunda opción implica hacer una reforma en 2016 que recaude, de acuerdo a lo que plantea la Comisión, al menos lo equivalente a 1.3 puntos del PIB, que es el faltante de recursos para 2017 si no se hace reforma tributaria alguna.

Recordemos que este faltante ya contempla los ingresos adicionales que comenzaron a generarse por la reforma tributaria que se aprobó en el 2014.

Si no se hace nada en 2016, el faltante llegará a 1.5 puntos del PIB en 2018 y a 3.3 puntos en el 2020. El déficit por supuesto será mayor, porque como bien lo dice la Comisión, aún falta incorporar los recursos que se necesitan para financiar la política social, la agropecuaria y el postconflicto.

Especial atención merece el IVA. La Comisión, Fedesarrollo y la OECD han sido particularmente críticos de su actual estructura, la cual según ellos es regresiva e ineficiente en el recaudo. Fedesarrollo va más lejos y asegura que las exenciones en el IVA han beneficiado a los hogares de ingresos más altos.

Hay que ver si el análisis incluyó los bienes y servicios excluidos y no únicamente los bienes exentos. Los que es claro es que una buena parte de los productos de la canasta familiar no pagan IVA. Pero es difícil pensar que una exención o exclusión del IVA en el pollo, los huevos, la leche, el chocolate o la panela beneficie más a los hogares más ricos, que a los más pobres.

Por ello se debe tener mucho cuidado a la hora de tomar decisiones sobre las exenciones en materia de IVA. No solamente se afectaría a las clases menos favorecidas, sino que se fomentaría la informalidad en los sectores que producen alimentos, lo que en últimas terminará por afectar el recaudo de este impuesto.

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