La que termina, no fue una semana fácil para Colombia. Y es que tal como lo mostraron de manera repetida las imágenes de la televisión, la temperatura interna del país subió algunos grados por cuenta de las protestas que impidieron el desarrollo de las actividades cotidianas en varias zonas del territorio nacional.
El caso más complejo de todos es el del Catatumbo, en donde las movilizaciones tienen bloqueada a la región desde hace cerca de seis semanas. A pesar de las ofertas gubernamentales y del envío de varias comisiones negociadoras, todos los intentos de un arreglo han fracasado, incluyendo el encabezado por el Vicepresidente de la República.
Tal como desde un comienzo, la piedra de la discordia ha sido la petición de declarar una zona de reserva campesina que tiene el respaldo de varias organizaciones nortesantandereanas. Sin embargo, el Gobierno insiste en que no puede acceder, sin que la solicitud siga el proceso que le corresponde.
Por cuenta del estancamiento, la tensión ha vuelto a aumentar. No solo los líderes de la protesta han vuelto a enfrentarse a la Fuerza Pública, sino que la población de los diferentes municipios que se encuentran aislados involuntariamente, empieza a dar muestras de desespero. El desabastecimiento de productos y las pérdidas de fincas y negocios no hacen más que aumentar.
A ese complejo escenario, se sumaron los participantes en el paro minero que comenzó el miércoles. En este caso, las demandas tienen que ver con las normas adoptadas por el Ejecutivo para combatir las explotaciones ilegales, entre las cuales se permite la destrucción de la maquinaria incautada.
Más allá de entrar a debatir los méritos de la solicitud, fue clara la voluntad de sus impulsores de preferir las vías de hecho. Las quemas de camiones y el cierre de carreteras llevaron al Gobierno a hablar con dureza y actuar en consecuencia, desalojando a los manifestantes a la fuerza, con lo cual empieza otro pulso de consecuencias impredecibles.
Ricardo Ávila Pinto
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